La diputada nacional Gabriela Flores quedó en el centro de la polémica luego de admitir públicamente que su hijo utiliza pasajes aéreos financiados por el Congreso. La revelación generó un fuerte rechazo, especialmente entre ciudadanos de Salta, donde la dirigente construyó su base política. El uso de estos beneficios, que están destinados exclusivamente a la actividad legislativa, volvió a poner en debate los privilegios de la clase política y la falta de controles sobre los recursos públicos.
Según trascendió, los pasajes en cuestión forman parte de los cupos que el Congreso de la Nación Argentina asigna a diputados para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, la propia Flores reconoció que su hijo accede a estos vuelos sin costo, lo que despertó cuestionamientos sobre la legalidad y la ética de esta práctica. En un contexto de ajuste económico y creciente malestar social, este tipo de declaraciones no hacen más que profundizar la desconfianza hacia los funcionarios.
El escándalo suma presión sobre la diputada, que ahora enfrenta críticas tanto de la oposición como de sectores independientes. En redes sociales, la indignación se multiplicó con reclamos de mayor transparencia y sanciones ejemplares. Mientras tanto, el caso reabre una discusión de fondo: hasta qué punto los beneficios del Estado pueden ser utilizados sin rendición de cuentas y qué límites deberían establecerse para evitar abusos dentro de la política argentina
