Entre vuelos oficiales convertidos en familiares, defensas que hacen agua
y señales de reacomodamiento político, la semana salteña dejó más certezas incómodas que discursos épicos. Un repaso sin anestesia.
Jerson De Cecco
La semana política salteña no necesitó de grandes anuncios ni de leyes trascendentales para volverse interesante. Alcanzó con algo más terrenal: escándalos domésticos, declaraciones imprudentes y movimientos que, sin decirlo abiertamente, empiezan a dibujar el mapa electoral del 2027. Todo condimentado con esa vieja costumbre local de intentar tapar un problema generando dos más. Veamos.
Volar con la nuestra: Una patología libertaria
Hay algo casi entrañable —si no fuera irritante— en la capacidad que tiene cierto sector de la política para indignarse con la “casta” hasta que le toca administrar sus beneficios. En ese preciso instante, lo que antes era privilegio pasa a ser “derecho adquirido”, “herramienta de trabajo” o, en el peor de los casos, “detalle administrativo”.
El escándalo nacional por los vuelos de Adorni encontró en Salta una versión propia, con actores locales que no quisieron quedarse afuera de la tendencia. Y lo notable es que algunos de estos episodios ya habían salido a la luz incluso antes de que el tema explotara a nivel país.
El primer caso resonante fue el de Emilia Orozco. Venía de protagonizar una campaña que incluyó vuelos en el helicóptero del empresario Carlos Juncosa, un actor que de “privado” tiene poco y nada cuando se revisan sus vínculos con concesiones estatales en materia aeronáutica.
Pero lo más pintoresco llegó después: un viaje a Israel con excusa institucional —un encuentro sobre accesibilidad y tecnologías para personas con discapacidad— que terminó derivando en una serie de postales en Emiratos Árabes Unidos. Mientras tanto, en la Argentina real, el Estado nacional restringía coberturas y accesos para personas con discapacidad
Luego apareció Carlos Zapata, con un caso menos exótico pero igual de incómodo: la utilización de pasajes oficiales para viajes realizados por su esposa. No uno, ni dos: varios vuelos a lo largo de 2024. Un detalle menor, dirían algunos. Un abuso sistemático, dirían otros.
Pero el premio a la sinceridad brutal se lo llevó Gabriela Flores. Lejos de negar lo evidente, optó por una estrategia comunicacional que podría resumirse en: “sí, ¿y qué?”. Su hijo viajó con pasajes del Congreso, confirmó ella misma. Y no sólo eso: admitió que pudo haber ocurrido en más de una ocasión. La justificación fue casi pedagógica: el joven estudia en Buenos Aires, así que “va y viene”. Como si el sistema de pasajes oficiales fuera una suerte de Aerolíneas Familiares con financiamiento estatal.
“Esto no es un delito”, aclaró por así decirlo. Y cerró con una frase que ya compite por el podio de las más memorables del año: “No tengo nada que esconder”. Lo cual, en este contexto, no tranquiliza mucho.
La conclusión empieza a tomar forma: en las filas libertarias, el problema nunca fue la existencia de privilegios, sino su distribución. La casta molesta… hasta que se la integra.
Martín, más “burro” que nunca
Si algo le faltaba a esta saga era una defensa torpe. Y apareció. Como suele ocurrir, no decepcionó.
Martín Grande —exdiputado, exPRO, actual converso libertario y siempre vigente en el ecosistema mediático— decidió salir a respaldar a Gabriela Flores. El resultado fue una clase magistral de cómo complicar lo que ya estaba complicado.
Sus declaraciones fueron claras, aunque no en el sentido que él pretendía. Sostuvo que los pasajes del Congreso forman parte del salario del diputado y que, en consecuencia, cada uno puede hacer lo que quiera con ellos. Incluso relató, con una naturalidad envidiable, que él mismo utilizó esos pasajes para viajar con su esposa en reiteradas ocasiones. Porque, según explicó, ella era su “contención”.
El problema no es la anécdota, sino la premisa. Y ahí es donde el discurso se desarma por completo.
Desde 2018, la posibilidad de canjear pasajes por dinero fue eliminada mediante una resolución específica. Lo que existe actualmente es un ítem no remunerativo destinado a cubrir gastos de movilidad. Y esa distinción no es un tecnicismo: es central.
Un concepto no remunerativo no integra el salario. No es dinero de libre disponibilidad. Tiene una finalidad específica: cubrir un gasto determinado. En este caso, el traslado del legislador para cumplir con sus funciones. No es un bonus, no es un premio.
Que el sistema no exija una rendición exhaustiva no transforma mágicamente ese recurso en un ingreso personal. Lo convierte, en todo caso, en un sistema laxo. Pero la laxitud administrativa no redefine la naturaleza jurídica de los fondos.
Martín no sólo defendió lo indefendible, sino que lo hizo desde un error conceptual básico. Y eso es lo que vuelve su intervención especialmente problemática. No es cinismo sofisticado; es confusión estructural.
En definitiva, la frase “cada uno hace lo que quiere con lo que gana” suena bien en una sobremesa, pero se desmorona frente a cualquier manual de derecho laboral. Y confirma algo que ya parecía evidente: la crítica a la casta funciona mejor como eslogan que como práctica.
Urtubeycistas en fuga
Mientras algunos discuten pasajes, otros hacen las valijas. Pero no precisamente para viajar, sino para reubicarse.
La semana dejó una postal que, en otro contexto, habría pasado como una curiosidad pintoresca: un video en redes donde el diputado provincial y cantante David Leiva comparte escena con artistas locales y una invitada especial, Isabel Macedo. La pieza fue presentada como un contenido ligero, casi folklórico, apto para consumo rápido.
Pero en política, pocas cosas son inocentes. Horas después, llegó la noticia que le dio sentido a la escena: Mariana Reyes, pareja de Leiva y figura alineada al urtubeycismo, dejó su cargo como secretaria de Derechos Humanos del gobierno provincial. Y ahí la postal dejó de ser simpática para convertirse en señal.
El mensaje fue claro para quien quiera leerlo: el urtubeycismo empieza a moverse. No de manera elegante, pero sí constante. Reacomodando piezas, soltando amarras y buscando reconstruir un espacio que parecía diluido.
El tono que empieza a insinuarse no es nuevo: un perfil más cercano al cristinismo, con refugio en la intervención del PJ salteño. Un giro que no parece muy táctico, aunque mucho menos ideológico. Pero en política, las convicciones suelen ser más flexibles que las oportunidades.
Leiva y Reyes (Cirilo y María Joaquina para los amigos) dieron el puntapié. La gran incógnita ahora es qué harán los urtubeycistas que todavía orbitan dentro del gobierno de Gustavo Sáenz. Nombres hay varios: El secretario administrativo, Eduardo “ciego” Costello, el titular de la UPATECO, Carlos Morello, su pollo municipal en Tránsito, Matías Assennato, la ministra de Educación, Cristina Fiore… funcionarios que supieron ser parte del esquema anterior y que hoy navegan en aguas más pragmáticas que doctrinarias.
Sumado a esto, hay un efecto colateral que no pasa desapercibido: la fragmentación del peronismo —con un camporismo que se despega del saenzismo para reconstruir identidad propia— termina funcionando como un regalo inesperado para La Libertad Avanza. En un escenario donde el voto anti-Milei se divide en múltiples expresiones que compiten entre sí, los libertarios salteños observan la jugada con una mezcla de sorpresa y gratitud. No lo dirán en público, claro, pero en privado más de uno levanta la copa por el aporte del camporismo “de paladar negro”, que en su afán de pureza ideológica podría terminar facilitando aquello que dice combatir.




