El caso de Sabina Tola, ciudadana indígena de Bolivia detenida en Salta, primero acusada de transportar estupefacientes y finalmente absuelta, se convirtió en un caso bisagra para que la justicia empiece a analizar con otras aristas la problemática.
Andrea Sztychmasjter
Desde hace años que la infracción a la ley de drogas (Ley 23.737) es la principal causa de privación de libertad de mujeres en el ámbito federal en Argentina, representando cerca del 60% de las detenciones femeninas. La mayoría son madres solteras, jóvenes, con bajos recursos y sin antecedentes, utilizadas como “mulas” en el microtráfico.
Especialistas jurídicos han advertido que esta normativa afecta desproporcionadamente a mujeres, muchas veces detenidas sin condena firme, lo que refleja un uso intensivo de la prisión preventiva. En ese contexto nuestra provincia se destaca por tener una de las cárceles con mayor población femenina del país.
Desde principios de la década de los 90, las políticas de drogas en Argentina dieron lugar a una excesiva criminalización y encarcelamiento de mujeres. Esta feminización de los delitos de drogas, reforzó y endureció los estereotipos de género, generando mayores situaciones de violencia, fundamentalmente para las mujeres de los sectores más desfavorecidos.
En Argentina, la producción de datos estadísticos consistentes que brinden información sobre la población penal femenina alojada en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, continúa siendo una deuda pendiente.
El caso
La historia de vida detrás del caso Sabina Tola se fue conociendo de a poco y pudo salir del lenguaje jurídico para analizarse desde una mirada integral que debiera tener la justicia en todos los casos.
Mujeres que ponen el cuerpo para traficar estupefacientes como una estrategia de supervivencia. Mientras los hombres siguen manejando el negocio del narco y microtráfico, son ellas quienes más lo padecen, el eslabón más débil. Ponen en peligro sus vidas al traspasar los límites de la legalidad. Transportan droga a través de capsulas que injieren o se las introducen; también las pegan a sus cuerpos y a su ropa. Las metáforas sexistas y el lenguaje mediático las unifica denominándolas “mulas”, “capsuleras”, “valijeras”, pero delante de ellas hay historias inmensas, particulares.
Madres o mujeres con personas a cargo, jefas de familia, en situaciones de pobreza o de extremas necesidades socioeconómicas, que ven en el tráfico la posibilidad de llevar algo de dinero a sus hogares, de subsistir. Como la historia de Claudia, una mujer que cruzó la frontera de Bolivia con cocaína para pagar la quimioterapia de su hijo y terminó presa con una hija de meses.
Ahora el caso de Tola se hace conocido más allá del expediente por la periodista Mariana Iglesias del diario Clarín, quien dedicó una extensa investigación a dar cuenta del trabajo de la Defensoría General de la Nación que impulsó una iniciativa para repensar la teoría del delito con una perspectiva de género que evite condenas injustas. “El resultado muestra que, cuando la Justicia incorpora el contexto de violencia y de desigualdad estructural, no sólo cambia una sentencia: cambia la forma de juzgar”, señala la investigadora.
Sabina Tola, mujer pobre perteneciente a una comunidad quechuahablante, y atravesada por relaciones de dependencia económica y contextos de violencia, terminó acusada de transporte de estupefacientes por 1.997,5 gramos de cocaína oculta en una colcha que llevaba en un bolso. Sabina, analfabeta, obligada a trabajar desde niña, madre adolescente y migrante, pasó cinco meses privada de su libertad hasta que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta se decidiera a escucharla desde otra perspectiva.
Los hechos: Transcribimos la historia escrita por Iglesias
El 16 de noviembre de 2022, a las dos y media de la madrugada, la Gendarmería detuvo al micro en el que viajaba Sabina, que había partido de San Salvador de Jujuy con destino a Buenos Aires. Sobre la ruta nacional 9/34, kilómetro 1.438, la patrulla El Naranjo, ubicada cerca de Rosario de la Frontera, hizo descender a todos los pasajeros. Sabina bajó, pero dejó en su butaca el acolchado en el que luego encontraron dos paquetes de cocaína.
Sabina, entonces de 34 años, dijo que vendía refrescos en Cochabamba, Bolivia, que era ambulante y que un hombre, su ex cuñado, le había ofrecido hacer una encomienda y que de entrada no aceptó, pero que terminó accediendo porque necesitaba plata dado que mantenía sola a sus cuatro hijos. El hombre le explicó: debía llevar un acolchado nada más. Ella dijo que no sabía qué era.
No sabe leer Sabina. Contó que de chica vivía en el campo, en una casa de barro de un solo dormitorio en el que dormían en el piso. Su mamá era analfabeta y estaba paralítica, ella crió a sus hermanitos porque a su papá le picó una serpiente. A los 16 años se juntó con un hombre, la humillaba, le pegaba -muestra cicatrices-, pero ella no se separaba por sus hijos, él le decía que se los iba a quitar.
Su primer hijo nació cuando ella tenía 17 años. No llegó al hospital. Le daba vergüenza ir al médico, sólo hablaba quechua. El castellano lo aprendió en ٢٠١١ cuando viajó a Buenos Aires a trabajar, a coser con su cuñada.
Se separó cuando no pudo más de tanto golpe. Volvió a Bolivia y pidió un préstamo en el banco para vender refresco, quería un puestito. Esa plata la gastó y estaba pagando las cuotas. Su ex marido no le daba nada para los chicos. Entonces su ex cuñado le ofreció ٤٠.٠٠٠ pesos argentinos si llevaba la colcha a Buenos Aires. A él le alquilaba la pieza en la que vivía con sus hijos. No podía negarse.
