Responsabilidades: Presos en Comisarías

 

La muerte del joven Ezequiel Avendaño, de 19 años, quien falleció por las quemaduras que sufrió tras el incendio en la Alcaidía mostró la falta de seguridad en los lugares de detención y alertó la pregunta ¿de quién es la responsabilidad?

 

Andrea Sztychmasjter

 

Si bien el Servicio Penitenciario informó que el inicio del incendio fue responsabilidad de los detenidos, familiares declararon a medios que la situación fue confusa en la prevención y posterior cuidado tras el incendio en la Alcaidía. Abuso de poder y violencia institucional son los calificativos que las familias describieron en lo que señalaron como malos tratos.

Según la investigación fiscal, el incendio se desató durante un enfrentamiento entre internos, en una celda donde había más de veinte personas, pese a que su capacidad máxima era para ocho. La rápida propagación del humo y las llamas dejó 18 detenidos lesionados, varios con intoxicación por monóxido de carbono.

Avendaño había recibido una orden de libertad dispuesta por el Juzgado de Garantías N.º 7 el ٣١ de octubre, pero no pudo abandonar el hospital debido a la gravedad de su estado. Su muerte fue comunicada oficialmente por el Servicio Penitenciario.

“El alojamiento en Alcaldía es infrahumano dañando la dignidad humana” Así ya lo alertaban desde hace un año en un informe realizado desde el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que da cuenta de las pésimas condiciones de detención en la que se encuentran.

Desde el INECIP (Instituto Nacional de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) desde el grupo de trabajo de la Campaña No más presos en comisarías, se llevó a cabo el Reporte del Monitor Federal de Presos en Comisarías, buscando llamar la atención sobre las situaciones de tortura que atraviesan las personas detenidas en comisarías y alcaidías de Argentina.

“El Monitor es una herramienta para recordarle a jueces y juezas, como garantes últimos de prevenir situaciones vejatorias, y al sistema de justicia en general, que en Argentina miles de personas están detenidas por largos plazos en comisarías, lugares inhabilitados para esos fines y donde sus derechos básicos son sistemáticamente violados”, sostiene en el mencionado informe.

Durante el mes de octubre tomó estado público un hecho de especial gravedad institucional en la provincia de Chubut, a raíz de la remoción prematura de la jueza Daniela Arcuri de su rol como responsable de la Ejecución Penal de Comodoro Rivadavia, luego de haber documentado y denunciado las condiciones inhumanas de alojamiento en comisarías y alcaidías de la ciudad.

En Chubut, la función de juez de ejecución es ocupada temporal y rotativamente por jueces que integran el colegio de jueces de la provincia. Arcuri debía ocupar ese cargo hasta el 30 de noviembre, pero fue apartada antes de tiempo. De acuerdo a lo denunciado por la Asociación de Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut, la decisión fue motivada por un pedido explícito del Poder Ejecutivo provincial, disconforme con decisiones judiciales de la jueza, y fue ratificada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Javier Raidan, en una afectación externa e interna a la independencia judicial que pone en crisis la tutela judicial efectiva de los presos en comisarías de Chubut ante las vejaciones que sufren sistemáticamente.

A lo largo del 2025, en el marco de acciones de hábeas corpus y peticiones de internos y de la Defensa por agravamiento de las condiciones de detención, la jueza ordenó diversas inspecciones a comisarías de la provincia. Así relevó múltiples deficiencias estructurales y sanitarias: falta de calefacción y agua caliente, instalaciones eléctricas deterioradas, plaga de roedores, acumulación de basura, colchones no ignífugos, humedad extrema, fallas en la provisión de alimentos y ausencia de baños y espacios adecuados para la higiene. También señaló problemas graves en la clasificación de los detenidos, la escasa dotación de personal y la existencia de actividades laborales no remuneradas dentro de la dependencia. Estas observaciones fueron puestas en conocimiento de las autoridades correspondientes.

Ránking provincial

En el marco de la Campaña No más presos en comisarías, presentaron el Ránking provincial de personas encerradas en comisarías, que busca alertar sobre la gravedad de esta situación ilegal. Esta lista presenta la dimensión del problema del encierro en dependencias policiales en las distintas provincias de Argentina.

Salta se encuentra en el puesto 11 a nivel nacional. Respecto a la cantidad de personas encerradas por el sistema judicial provincial el ranking señala 3597, respecto a las personas encerradas en comisarias 700, teniendo un promedio de 19,46 % de tasa provincial de encierro en comisarías-.

Al 31 de diciembre de 2022 (último relevamiento nacional disponible), más de 13.000 personas privadas de su libertad se encontraban alojadas en comisarías en condiciones de vida inhumanas. Estos establecimientos no están autorizados para ese fin y, por lo tanto, carecen de la estructura necesaria para cubrir las necesidades básicas de estas personas, como salud, alimento e, incluso en muchos casos, un baño. Por no mencionar el objetivo de resocialización que deberían cumplir las cárceles, el cual resulta completamente inalcanzable para las personas detenidas en comisarías.

En el informe además señalan que “Cada una de esas personas está allí porque un/a juez/a lo permite, desentendiéndose totalmente de las condiciones de encierro que la persona sufrirá esperando su juicio, y muchas veces, cumpliendo la condena. Esta situación es una clara violación de la Constitución Nacional, y un incumplimiento de estándares internacionales y sentencias de nuestra Corte Suprema. Es momento de exigir la responsabilidad de cada juez/a”.