Un conflicto anticipado por Cuarto Poder hace dos años ha escalado al límite. Un grupo de abogados que se autoproclaman “independientes” anunció la interposición de una masiva denuncia en contra de jueces que siguen en sus cargos a pesar de haber cumplido el límite de edad que fija la Constitución Provincial.
Una de las decisiones virtuosas de la reforma constitucional salteña de 2021 fue la imposición de un claro límite al ejercicio de la magistratura. El artículo 156, desde ese año, establece que la inamovilidad de los jueces cesa al momento de obtener la jubilación o el día que cumplan 70 años, lo que ocurra primero. Está claro, entonces, que más allá de los 70 todo juez debería cesar en sus funciones y resulta lógico de considerar que por razones naturales la lucidez declina y también la intensidad de cualquier esfuerzo laboral.
Un caso que ha puesto en evidencia esta situación está protagonizado por el abogado Américo Atilio Cornejo, quien en un caso en particular ha rechazado la intervención del camarista civil Gonzalo Mariño, a quien no considera un juez en ejercicio y advierte que todo lo que pueda decidir es nulo.
Cornejo, titular de un importante estudio jurídico en Salta que representa intereses bancarios y automotrices -entre otros-, no quiere ceder en la disputa que arrastraría a varios jueces y podría generar costo político al más alto tribunal de justicia en el que siguen apoltronados varios amigos de los que se resisten al pase a situación de pasividad.
Gonzalo Mariño ingresó a la justicia en 2018, con una carrera casi concluida como abogado independiente, y todo hace pensar que lo hizo para gozar de una jubilación privilegiada. En la Cámara Civil y Comercial compartió sala con Adriana Rodríguez, hoy Ministra de la Corte de Justicia y esposa del Secretario Legislativo del Senado Provincial Guillermo López Mirau. Antes de eso integró también el Consejo de la Magistratura en representación de los abogados y se vinculó con el díscolo Daniel Tort, hoy casi retirado de la protesta.
El abogado Pablo Macarón, replicó la misma acusación ante el Procurador General respecto de la jueza contencioso-administrativa Silvia Longarte, que ya había sido denunciada por la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública (ATAP).
La demora en resolver esta grave situación recae directamente en la Corte de Justicia de Salta, generando peligro en numerosas causas en las que deciden estos magistrados que carecen de facultades porque, según la norma constitucional, no pueden continuar en funciones. Abogados con intereses diversos no quieren sentencias que, en el mejor de los casos, podrían ser atacadas por los litigantes que pierden, o que podrían anularse.
Un caso similar ha dejado en claro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación actúa con seriedad y en tiempo oportuno. En septiembre de 2023 el máximo tribunal de justicia ordenó por unanimidad que la jueza Ana María Figueroa deje su cargo en la Cámara de Casación porque había cumplido los 75 años que es el límite que marca la ley para su retiro.
Es más, la orden de cese a Figueroa vino acompañada de la prohibición de ingresar a su despacho. Algo que en Salta podría disponer la Superintendencia de la Corte de Justicia.
Resulta llamativo que el Ministerio de Seguridad y Justicia no haya intervenido solicitando garantías en el servicio de justicia cuando tiene obligación de hacerlo. La única excusa que puede dar Gaspar Solá Usandivaras es que lleva pocos días sentado en su sillón, aunque no demoraría mucho la expansión de las quejas a su área.
No provoca tanta sorpresa que un fiscal penal se muestre pasivo considerando que -según afirman fuentes tribunalicias- serían ocho los jueces remisos a levantar sus objetos personales para encontrar su descanso en su casa. De no existir estos privilegios, podrían ser imputados por abuso de autoridad y usurpación de cargos.
Estos jueces parecen integrar sin rubor la “casta” que tanto repudian los libertarios. Cuando debieran cumplir con la constitución y la ley, son quienes la violan de manera cotidiana para seguir cobrando abultados sueldos que en primera instancia se arriman a los nueve millones mensuales, y en la segunda trepan a doce. La crispación ciudadana alcanza un nivel superior de solo considerar que estos magistrados son los que llegan a deshora, nunca exigen su ritmo para trabajar en las tardes y no pagan impuesto a las ganancias.
Qué es lo que anima a estos abogados -ya no son jueces- a presentarse todos los días y dictar sentencias y órdenes a su personal? Quién les asegura tamaña impunidad que podría generar juicios en contra para el Estado Provincial? Cuánto de valor puede tener una sentencia firmada por magistrados abyectos? Los tribunales han entrado en un cono de sombras por un puñado de miserables que exigen respeto y dicen “administrar” justicia.
