La fiscal Sofía Cornejo ofreció una conferencia de prensa para actualizar el estado de la investigación sobre amenazas difundidas anónimamente a través de TikTok, investigación que se centra en un posible delito de intimidación pública.
En una detallada conferencia de prensa, la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, presentó un exhaustivo informe sobre el progreso de la investigación en curso por la presunta comisión del delito de intimidación pública. Esta investigación se centra en una serie de publicaciones y videos anónimos difundidos a través de la plataforma de redes sociales TikTok, que contienen contenido considerado potencialmente dañino para el orden público y la estabilidad democrática de la provincia.
La fiscal Cornejo comenzó aclarando la naturaleza del delito de intimidación pública, enfatizando que su objetivo principal es sancionar cualquier conducta que genere un clima de temor generalizado en la sociedad, con la capacidad de interferir en el funcionamiento regular de las instituciones del Estado provincial y de socavar el orden democrático. Subrayó que, si bien la investigación se enfoca en el delito contra el orden público como bien jurídico protegido, no se ocupa de posibles afectaciones individuales que pudieran derivar de las publicaciones. En estos casos, la ley ofrece a las personas afectadas la posibilidad de presentar querella por calumnias e injurias o acciones civiles por daños y perjuicios.
Inicialmente, la investigación se inició contra personas no identificadas, dado que el objetivo principal era esclarecer el hecho delictivo en sí mismo, más que identificar a los autores desde el comienzo. Las pesquisas se concentraron en determinar el origen de las publicaciones y la identidad de quienes estaban detrás de la creación y difusión de los videos con contenido delictivo. Sin embargo, el avance de la investigación permitió identificar e imputar provisionalmente a tres individuos que podrían estar involucrados en la comisión del delito. Dos de ellos son empleados contratados como asesores del diputado nacional Emiliano Estrada en la Cámara de Diputados de la Nación.
Asimismo, como resultado de las declaraciones de los imputados y la incorporación de evidencia adicional, incluyendo informes de empresas como TikTok y Google, la fiscalía procedió a imputar provisionalmente al diputado nacional Emiliano Estrada por la posible comisión del delito de intimidación pública, tipificado en el artículo 221 del Código Penal, y por peculado de trabajos y servicios, según el artículo 261, segunda parte, del mismo Código.
La imputación se basa en la existencia de al menos cinco videos con una clara conexión entre sí, que presentan un discurso homogéneo y difamatorio, calificando públicamente a las instituciones provinciales como «estado narco» y vinculandose con el narcotráfico, incluso utilizando como ejemplo operativos de incautación de drogas en ambulancias privadas. Este tipo de publicaciones, según la fiscal, tienen la capacidad de generar miedo y temor en la ciudadanía, creando una sensación de inseguridad y vulnerabilidad ante la criminalidad organizada.
Por otro lado, en relación con la imputación por peculado de trabajos y servicios, la fiscal explicó que se basa en la presunción de que la organización y la difusión de los videos fueron financiadas con fondos públicos nacionales, dado que el pago de los salarios de dos de los imputados (sus asesores) proviene del erario público. Señaló que se evaluará la competencia federal para la investigación de este delito, pero aclaró que la jurisdicción ordinaria es competente para el delito de intimidación pública. Finalmente, la fiscal enfatizó que el uso de redes sociales para la comisión de delitos no implica automáticamente la competencia de la justicia federal.
