La Cámara de Diputados de Salta otorgó media sanción a la quinta prórroga de la emergencia sociosanitaria para los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín. Esta medida, que comenzó en 2020, busca mitigar la crisis en comunidades vulnerables, mayormente indígenas, afectadas por problemas de desnutrición infantil y falta de acceso a servicios básicos. La votación generó un intenso debate, en medio de fuertes críticas al presidente Javier Milei por lo que se percibe como una política de invisibilización hacia los pueblos originarios, especialmente después de que Argentina votara en contra de un proyecto de la ONU que protegía los derechos indígenas.
Los defensores de la prórroga, como Laura Cartuccia y Juan José Esteban, resaltaron los avances logrados en la región desde la implementación de la emergencia, incluyendo la reducción de la mortalidad infantil y mejoras en infraestructura básica. Cartuccia destacó que la asistencia del Estado ha beneficiado a más de 16.000 personas, mientras que Esteban enumeró proyectos como pozos de agua y estaciones descentralizadas que han sido esenciales para las comunidades locales. Además, Isabel De Vita apoyó la prórroga y criticó la postura de Argentina en la ONU, señalando que esta representa una amenaza a la dignidad de las comunidades originarias.
Sin embargo, el diputado wichí Rogelio Segundo expresó una de las críticas más duras, apelando a su identidad indígena para condenar la política del gobierno nacional. Segundo lamentó que Argentina haya sido el único país en votar contra los derechos indígenas en la ONU y afirmó que esta postura refleja una falta de comprensión de las necesidades de las comunidades del norte. Con tono emotivo, cuestionó la indiferencia del presidente Milei hacia estas poblaciones, y llamó a una mayor empatía y conocimiento sobre los pueblos del norte, instando al gobierno a reconocer y apoyar a las comunidades indígenas en su propia nación.
Por otro lado, varios diputados se pronunciaron en contra de la prórroga, argumentando que la medida refleja una falta de planificación a largo plazo. Sofía Sierra calificó la emergencia como un “cheque en blanco” al Ejecutivo provincial, y señaló la necesidad de mecanismos de control. José Gauffín y Roque Cornejo cuestionaron la dependencia de la emergencia, aludiendo a una incapacidad del gobierno para resolver problemas estructurales y mejorar de manera sostenible las condiciones en el norte salteño. El proyecto fue aprobado y ahora pasará al Senado para su revisión.
