La Asociación Civil de Abogados Penalistas Platenses manifestó su “más enérgico repudio” y su “total consternación” frente a la decisión del juez Julián Ercolini de impedir la participación de la defensa del expresidente Alberto Fernández en la audiencia de ampliación testimonial prestada por Fabiola Yañez.

Todo sucedió este martes en los Tribunales de Comodoro Py cuando no se dejó ingresar a la audiencia a Silvina Carreira, la letrada que representa al expresidente en el marco de la denuncia por violencia de género contra él presentada por la exprimera dama, hecho que calificaron como “gravísimo” porque “atenta contra el derecho de defensa en juicio y el debido proceso”.

“El derecho a controlar la prueba y específicamente interrogar a la testigo (denunciante en este caso) surge de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8 inciso 2 f), y 14 inciso 3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos con jerarquía constitucional conforme el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”, comunicaron los penalistas.

Agregaron que “ni la Convención CEDAW, ni la Convención de Belem do Pará (esta última sin jerarquía constitucional), establecen semejante desequilibrio entre las partes de un proceso ni regulan un sistema de valoración de la prueba de manera tasada como se pretende respecto del testimonio de la denunciante en casos como éste”.

La Asociación Civil de Abogados Penalistas Platenses manifestó que no existe argumento válido alguno para sostener una presunta “revictimización” que funcione como excusa para violar la igualdad ante la ley y el Derecho de Defensa en Juicio. En ese marco, indicaron que la propia denunciante se dispuso a dar una entrevista ante los medios, particularmente el portal Infobae, y la audiencia se realizó de manera telemática, situación a la que consideran de menor “exposición”.

“No es el objeto de la presente politizar sobre el caso, pues esta Asociación Civil vela por la defensa el Estado de Derecho, de las instituciones democráticas de la República y los Derechos Humanos, consagrados en las Constituciones de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, independientemente de quién sea el sujeto inculpado del presunto delito”, expresaron.

Indicaron que “es claro” el cercenamiento del derecho de defensa en juicio y, a la vez, entienden que se vio afectado el ejercicio profesional de Carreira: “La abogada solo pretende realizar una defensa técnica eficaz, y resulta impedido ahora por quien debe, precisamente, velar por el cumplimiento de la ley, el Poder Judicial”, resaltaron en la misiva.

Y concluyeron: “Dicha circunstancia no solo debe acarrear la nulidad absoluta del acto procesal viciado sino además el apartamiento del funcionario que lo dispuso ya que ha demostrado una parcialidad manifiesta en favor de la denunciante y en desmedro del imputado. En virtud de lo expuesto, exhortamos al Ministerio de Justicia de la Nación, al Poder Judicial Federal, y al Colegio de Abogados de la Capital Federal a velar por las garantías del debido proceso, y el legítimo ejercicio de la profesión de la abogacía, como reaseguro de las libertades individuales y los valores democrático-republicanos”.

Este último punto coincide con lo planteado por la propia Silvina Carreira  quien anticipó en rueda de prensa que solicitará la nulidad de la ampliación de la denuncia por violencia de género presentada este martes por Fabiola.