La medida tomada por el gobierno de Milei afecta a miles de salteños.
En un nuevo golpe al sector de la discapacidad, varias obras sociales han suspendido las prestaciones a los inscriptos en la categoría de monotributo social debido a la falta de pago por parte del Gobierno Nacional.
La madre de un niño con discapacidad, relató con suma preocupación a Nuevo Diario cómo descubrió la suspensión de su cobertura: “Al abrir la aplicación de OSPRERA, me di cuenta que no tenía cobertura y me entregaron la notificación que ya estaba lista, que indica que faltan los pagos de Nación desde el mes de abril para los inscriptos en la categoría de Monotributo Social. Fui a la superintendencia, pero no me dieron respuestas de algo que comienza a repetirse en muchas familias”.
La notificación recibida por esta madre y muchas otras personas afectadas detalla que el último registro de pago corresponde al mes de abril, lo que ha dejado sin cobertura a todos los afiliados en el mes de agosto.
Sobre esta preocupante situación habló también Luis González, referente de Padres TGD TEA Salta, quien confirmó que “la falta de pago por parte de Nación a las obras sociales vinculadas con la categoría de monotributo social, debido a las auditorías realizadas sobre las mismas, habrían arrojado irregularidades en idéntico sentido que lo denunciado recientemente a Incluir Salud, y nuevamente pagamos justos por pecadores”.
González también denunció que las obras sociales, al darse cuenta de esta situación, “esperaron a que se cumplan los 90 días de cobertura para los afiliados. A todos les notificaron entonces que se quedaron sin obra social, y no hay información ni de Capital Humano de Nación, ni de ANSES ni de ninguna oficina por lo que para nosotros esto es una nueva quita de derechos y un ajuste encubierto que se hace al sector discapacidad con el juego y la venia de las obras sociales”. Intervención a OSPRERA: Un trasfondo de graves irregularidades
La situación con las obras sociales se agrava en el contexto de la reciente intervención del Gobierno Nacional a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA), la tercera más grande del país, que enfrenta deudas por más de 40.000 millones de pesos. A pesar de haber recibido más de 26.000 millones de pesos del Estado, la obra social registra graves falencias en sus servicios y falta de documentación presentada ante la Superintendencia de Servicios de Salud, lo que ha generado serias dudas sobre la gestión de esos fondos públicos. Mediante la resolución 1612/2024, la Superintendencia de Servicios de Salud intervino OSPRERA, designando una administradora provisoria.
Como en Incluir Salud
La situación descripta en relación a las obras sociales que por estos momentos se encuentran bajo la lupa de Nación, van en la misma dirección que lo ocurrido con Incluir Salud en Salta, investigación que dio a conocer este medio y que arrojó una serie de irregularidades graves.
Para el caso de las obras sociales que hoy se encuentran suspendidas, las irregularidades encontradas incluyen la falta de rendición de cuentas durante más de un año, deudas prestacionales de 43.949 millones de pesos, y la inexistencia de convenios con el 90% de los prestadores listados en su cartilla médica.
El impacto de esta intervención y las medidas adoptadas por las obras sociales sobre los afiliados, en particular los más vulnerables como los monotributistas sociales, son parte de un escenario de creciente incertidumbre y preocupación para miles de familias en Argentina y particularmente las que denuncian en la provincia de Salta.
