Vecina del barrio Santa Ana II, denunció la falta de respuesta del gobierno provincial tras el veto a la ley de expropiación que protegía a 117 familias de un posible desalojo.

Karina Miranda, vecina del barrio Santa Ana II, en “¡Qué Domingo! con Violeta Gil, por Aries, compartió la angustiante situación que viven 117 familias tras el veto a la ley de expropiación que les otorgaba seguridad sobre sus tierras. Luego de siete años de lucha y varios proyectos de ley presentados, la comunidad se encuentra en una encrucijada legal y emocional, al borde del desalojo. “El Estado nos soltó la mano”, afirmó Miranda, quien expresó su frustración por la falta de compromiso de las autoridades.

La problemática comenzó en 2018, cuando un supuesto dueño reclamó la propiedad de los terrenos, intentando negociar en términos inaceptables para los vecinos. A pesar de tener todos los servicios básicos y el reconocimiento del Estado, la ley que protegía a los habitantes fue vetada por el Ejecutivo Provincial, dejando a las familias en un limbo legal. “Nosotros ya tenemos posesión de los terrenos, no vamos a negociar con él porque no es dueño de nuestras tierras”, agregó Miranda.

La comunidad de Santa Ana II ha seguido todos los procedimientos legales, obteniendo el apoyo unánime de senadores y diputados para declarar la expropiación como de utilidad pública. Sin embargo, el veto ha paralizado el proceso, generando una incertidumbre que afecta gravemente a las familias, muchas de las cuales incluyen ancianos y personas con discapacidades. «Estamos contra el reloj», advirtió Miranda, señalando que el plazo para que la ley entre en vigor se está agotando rápidamente.

Ante la falta de respuestas y la inminente expiración del proyecto, los vecinos han intentado contactar con las autoridades sin éxito. La frustración crece, y Miranda no descartó la posibilidad de que la situación escale a un conflicto mayor si no se encuentra una solución pronto. «Cualquier cosa que pase a mayores, va a caer en la espalda del señor gobernador», advirtió, llamando a las autoridades a brindar una solución justa para las familias de Santa Ana II.