En los últimos días varias voces ligadas a la Universidad Pública se han pronunciado sobre el ajuste que sufren desde la asunción de Milei, anunciando una escalada en las medidas de fuerza que amenaza con el no inicio de clases.

José Veronelli

Durante todo el mes de julio se han suscitado distintas reuniones con un único tema, la crisis económica. Desde la portentosa UBA hasta las universidades del norte temen no tener caja para iniciar el segundo cuatrimestre.

En el marco de un acto en la Ciudad de Salta el Abogado Walter Merkis, actual Secretario General de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció una seguidilla de huelgas generales en agosto.

Las medidas escalarían desde las 24 hs hasta las 72 o incluso más, con el único fin de garantizar el financiamiento de las universidades públicas. Destacando que las discusiones allá por inicios de año se trataban sobre el funcionamiento que representa sólo el 5% del presupuesto universitario nacional, mientras que el otro 95% es salarios.

El ajuste contra la universidad pública es en realidad un ajuste a los trabajadores de la misma, algo que no escapa a la realidad actual de todos los trabajadores en la Argentina, sumado a ello, un ataque a la eficiencia de todas las instituciones públicas.

Expresiones del CIN

Por su parte el Consejo Interuniversitario Nacional se expresó sobre la situación actual y derrumbó las críticas contra la matriz social de las universidades nacionales, mostrando números. A nivel nacional, las universidades tuvieron picos históricos de población activa, ingresos y egresos, inserción en el mercado formal de trabajo e instituciones de investigación científica, incluso exportación de profesionales de todas las áreas.

Basta con mirar las estadísticas entre 2011 y 2014 para entender cómo poner recursos en las universidades nacionales permitió un crecimiento exponencial en sus matrículas, desempeño estudiantil y empoderamiento a partir de la ciudadanía universitaria. Aclarando que las plantas docentes y nodocentes no acompañaron el crecimiento estudiantil.

Además, el CIN remarcó la falta de presupuesto, la suspensión de obra, la ausencia de funcionarios responsables para la toma de decisiones, los despidos de trabajadores y trabajadoras. Sumado a esto expresó su preocupación sobre “la búsqueda de verdad y la obtención de justicia que sufren un duro revés a partir de la eliminación del Equipo de Relevamiento y Análisis Documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA) del Ministerio de Defensa que había sido creado en 2010”.

El trabajo profesional y sistemático del equipo archivístico que logró recuperar documentación sobre la represión durante la última dictadura cívico-militar y daba respuesta a los requerimientos judiciales en causas en las que se juzgan los crímenes de lesa humanidad. En el mismo sentido, el desmantelamiento del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que filmaba los juicios orales, implica un retroceso en materia de acceso a la información y de producción de fuentes históricas que son únicas como patrimonio colectivo y para futuras investigaciones académicas.

En materia de políticas archivísticas y de acceso a la información se descontinuó la mesa de trabajo que funcionaba en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que promovía la desclasificación de documentos de dicho organismo. Se suma, además, el achicamiento del equipo de profesionales del Archivo Nacional de la Memoria y la falta de nombramiento de un/una directora/a de esa área que preserva fondos documentales como el de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

Entre las cuestiones más sensibles, el CIN expresó su malestar por el cese en la búsqueda y restitución de la identidad de niñas y niños apropiados durante la última dictadura, donde sufrieron similares recortes presupuestarios. El despido de personal de las unidades de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.DI) y las negativas a colaborar por parte de otras áreas del Estado dificulta el esclarecimiento de más de 7.000 denuncias que se encuentran en análisis en esta instancia prejudicial.

“Estas medidas se producen en un marco de descalificación a las demandas de “Memoria, verdad y justicia”, que van desde la minimización de los crímenes cometidos hasta su negación, que cuestionan los símbolos de la lucha por los derechos y atacan a muchas de sus figuras. En los últimos meses se han producido actos negacionistas que no han sido repudiados por las autoridades” expresa el pronunciamiento.

Ajuste permanente

Estos retrocesos sociales y económicos se producen en el marco de una batería de políticas que afectan el cumplimiento de los derechos humanos, desde constante represión a la protesta social, el desmantelamiento de áreas y programas dedicados al género y las diversidades sexuales (como el cierre de la línea de emergencia a víctimas de violencia) y la falta de atención a la situación de pobreza e indigencia cada vez más urgente evidenciada por el escándalo de los galpones de comida de Pettovello.

La estrategía permanente del “secado de la plaza” utilizado en más de una ocasión en nuestro país sólo trae más pobreza, y la pobreza no es más que el síntoma de una distribución desigual de la riqueza existente. Mientras que el Ministro de Economía empeña los lingotes de oro del Estado, emite nuevos bonos, letras -más deuda- y baja línea para seguir ajustando, las designaciones a amigos del gobierno nacional y los ostentosos viajes no oficiales de Milei y su hermana, demuestran que si hay plata pero no para el pueblo.

El ajuste que las universidades vienen sufriendo desde enero no tiene precedentes, ni en la cúspide del menemismo ni en la crisis de la Alianza, se trata de una voluntad de cerrar todo lo público, que afortunadamente las organizaciones, sindicatos e instituciones que defienden la Universidad Pública van a continuar resistiendo con cada vez más fuerza.

El segundo semestre de Milei va a ser peor que el primero, sólo por la pérdida de poder adquisitivo, las organizaciones,sindicatos y gremios van a salir a la calle a reclamar la recomposición salarial. La otra cara de la crisis será la desocupación creciente que echa a la calle a mil familias por día en la República Argentina.