La administración libertaria no perdona el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y busca ampliar sus acciones. Sturzenegger y Caputo tienen la intención de eliminar regulaciones y reducir el financiamiento de las obras sociales, lo cual impactaría a millones de afiliados.

Los decretos que el Gobierno ha tenido preparados desde diciembre como alternativa en caso de que el proyecto de ley omnibus no fuera aprobado comenzarán a ser implementados a partir de esta semana. Estas nuevas medidas son concebidas en la Casa Rosada con el fin de utilizar los recursos del Estado para profundizar el plan de ajuste y, según lo expresado sin reservas por el ministro Federico Sturzenegger, «empobrecer a los que ponen trabas».
En la lista de prioridades oficiales se destaca la desregulación de las obras sociales de los trabajadores del sector privado, que el propio Javier Milei ha mencionado como una «caja negra». A pesar de que esta idea ya había sido contemplada en el mega-DNU en el capítulo laboral y había sido detenida por medidas cautelares, la administración libertaria insistirá en su implementación, lo que probablemente genere nuevos conflictos, especialmente con la CGT.

La decisión de abordar un tema tan sensible para los trabajadores, como lo es su cobertura de salud, se concretó en una reunión en la Casa Rosada en la que participaron Sturzenegger, el asesor estrella Santiago Caputo y otros funcionarios destacados. Como parte del paquete de ajuste contra los gremios, se planea transferir a las obras sociales el costo total del servicio para afiliados con discapacidad, actualmente cubierto por el Fondo Solidario de Redistribución.

Según lo que se ha filtrado desde la actual conducción de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se espera que esta semana se publique mediante decreto la reglamentación de una parte del DNU 70/23 que permitiría a los trabajadores elegir libremente una obra social o prepaga. Sin embargo, aún está en «estudio» qué sucederá con los fondos destinados a la discapacidad. A pesar de que la desregulación de las obras sociales había sido detenida por la justicia junto con el resto del capítulo laboral del decreto, a través de diferentes medidas cautelares solicitadas por la CGT.
El Secretario de Acción Social de la CGT y líder del sindicato de Sanidad (SGBATOS), José Luis Lingeri, destacó que la desregulación de las obras sociales se remonta a la década de los 90, durante el Gobierno de Menem y Cavallo.