El 29 de diciembre marcó el inicio de la vigencia del polémico Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei, que busca llevar adelante una significativa desregulación económica. Este paso, sin embargo, no estuvo exento de controversias judiciales, ya que la Justicia aún no se ha pronunciado de manera favorable sobre la suspensión del decreto a través de medidas cautelares.
A pesar de la treintena de amparos presentados por diversas organizaciones sociales, sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares, el DNU entró en efecto según lo establecido por la Ley, ocho días después de su publicación en el Boletín Oficial el pasado 21 de diciembre.
En el fuero Contencioso Administrativo Federal de Buenos Aires, se contabilizaron al menos 25 amparos y otros dos presentados por la CGT y la CTA ante la justicia del Trabajo. Entre ellos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad inició un proceso colectivo que, hasta el momento, no ha logrado una medida cautelar para suspender los efectos del DNU.
El juez Esteban Furnari, al frente del caso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, rechazó la solicitud de suspensión, argumentando que, hasta la fecha, las disposiciones del DNU no han entrado en vigencia. Esta decisión refleja la complejidad y la celeridad con la que se están abordando los aspectos legales relacionados con esta nueva normativa.
Por otro lado, la CGT apeló la desestimación de una medida cautelar que buscaba suspender el capítulo IV del Decreto vinculado a la reforma laboral. Aunque este capítulo aún no ha entrado en vigencia, la apelación busca prevenir sus posibles impactos negativos sobre los aspectos individuales y colectivos de los trabajadores.
Es evidente que la polémica en torno al DNU continuará, y la apelación de la CGT ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo será una instancia clave en la evaluación de las reformas laborales propuestas.
En paralelo, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez ha solicitado una medida precautelar para suspender el DNU en su totalidad mientras avanza un amparo contra la normativa. Un elemento destacado es la inclusión, por parte del Gobierno, de «una cláusula de ratificación» del DNU en el proyecto de Ley para sesiones extraordinarias, reconocimiento que podría tener implicancias significativas en los argumentos a favor y en contra de su validez.
La entrada en vigencia del DNU 70/2023 marca un momento crucial en el devenir económico y legal del país. A medida que las diferentes partes involucradas buscan proteger sus intereses y derechos, la incertidumbre persiste sobre cómo se desarrollarán los acontecimientos y cómo se resolverán las cuestiones judiciales pendientes. La lucha entre la desregulación económica propuesta y las garantías constitucionales es un tema central que continuará generando debate en el ámbito público y judicial.
