En su primer discurso como intendente, Emiliano Durand anunció la decisión de dar marcha atrás con la recategorización de 95 barrios llevada a cabo por la ex intendenta Betina Romero. La medida había generado controversia debido a que algunos de estos barrios, que carecen de servicios esenciales como cloacas, pavimento, alumbrado público y cordón cuneta, experimentaron un aumento del 800% en el monto de impuestos municipales.
La recategorización, impulsada por la Agencia de Recaudación Municipal (ARMSa) a través de la resolución 02/23, elevó de categoría a 21,614 matrículas catastrales en 95 de los 206 barrios de la ciudad. Todos ellos pasaron de la categoría 5 a la 4, lo que significó un aumento significativo en la Tasa General de Inmuebles (TGI) que pagan los vecinos.
El aumento en los impuestos municipales se llevó a cabo en tres etapas. La primera fue una actualización del 77% en el valor de la Unidad Tributaria a fines del año pasado. La segunda consistió en un aumento en la cantidad de Unidades que debía pagar cada domicilio, con incrementos del 30% al 140%. La tercera etapa fue la polémica recategorización de los barrios, que generó aumentos de hasta el 800%.
En su momento, desde el Concejo Deliberante José García, había calificado la recategorización como un «acto traicionero» señalando que se incluyeron barrios populares sin regularización dominial. Paula Benavides, por su parte había enfatizado en la falta de información y criterios en la decisión, describiéndola como «abusiva», mientras que José Gauffín, denunció que la decisión estaba premeditada y fue deliberadamente ocultada a los ediles y a la ciudadanía.
La medida de Durand de revertir la recategorización «que solo sirvió para perjudicar a los vecinos que menos servicios tienen» busca aliviar la carga fiscal sobre los vecinos y promover una gestión municipal más transparente y en sintonía con las necesidades de la comunidad. La controversia en torno a los impuestos municipales sigue siendo un tema central en la agenda política local.
