En el fin de su mandato como intendenta de la ciudad de Salta, Bettina Romero deja tras de sí una gestión que ha sido objeto de numerosas críticas y controversias. A medida que nos despedimos de su desmanejo en el municipio, es imperativo reflexionar sobre los aspectos más destacados de su gestión que han dejado a muchos salteños cuestionando su capacidad de liderazgo y toma de decisiones. Resulta imperativo destacar que la rendición de cuentas constituye un componente fundamental de la responsabilidad pública. En este contexto, es crucial que Bettina Romero y su equipo asuman la responsabilidad y proporcionen explicaciones claras sobre las acciones y decisiones tomadas durante su mandato en el municipio.

La gestión de Romero ha suscitado inquietudes en cuanto a su eficacia y eficiencia en la administración de los recursos públicos, así como en la ejecución de políticas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Estos aspectos, que han sido objeto de críticas, requieren una evaluación minuciosa y objetiva para comprender mejor los desafíos y las fallas que pudieron haber afectado el desempeño de la intendenta.

Bettina Romero, desde el inicio de su mandato como intendenta de Salta, ha llevado consigo la responsabilidad no solo de su cargo, sino también el legado político de su padre, el exgobernador Juan Carlos Romero. La elección de funcionarios para su gabinete refleja reminiscencias del gobierno de su progenitor, generando dudas sobre la verdadera autonomía de su gestión y la influencia del pasado político en sus decisiones. Su gobierno ha estado siempre bajo la sombra de su padre, el senador nacional, y su hermano Juan Esteban, quien recién a partir de conseguir un escaño en la Cámara de Diputados, pudo poner un poco de distancia de lo que se venía practicando como un cogobierno de hermanos.

En continuo conflicto

Bettina Romero ha llevado adelante un estilo de gobierno autoritario y con falta de receptividad al diálogo desde el inicio de su mandato, lo que ha resultado en continuas renuncias de funcionarios y conflictos internos. La alta rotación de funcionarios, abarcando diversas áreas ha sido una constante que fue reflejando la magnitud de las disputas internas en su administración generadas desde su egocentrismo.

La falta de diálogo de Bettina Romero con el Concejo Deliberante ha sido una preocupación destacada en su administración. Esta ausencia de comunicación ha contribuido a un clima generalizado de malestar, donde los desaciertos, y percepción de un gobierno conflictivo han afectado negativamente su imagen. A pesar de constantes críticas, pedidos de informes y llamados a la reflexión desde el Concejo, la actitud de ignorancia y ninguneo por parte de la intendenta ha sido persistente. Solo se mostró disposición al diálogo cuando era necesario para medidas que requerían la aprobación de los concejales. Incluso, el intento de designar un Coordinador de relaciones entre el municipio y el Concejo resultó en fracaso debido a la renuncia de funcionarios que, a pesar de llegar con intenciones dialogantes, se encontraron con obstáculos y caprichos por parte de la intendenta. En relación con el Tribunal de Cuentas Municipal, se ha observado un comportamiento similar, ya que, a pesar de recibir informes negativos y recomendaciones de no innovar en ciertos temas, ha intentado avanzar. Además, se han registrado tensiones con el Tribunal de Faltas, destacando la complejidad en la gestión administrativa del municipio.

La relación entre Bettina Romero y el gobernador Gustavo Sáenz ha estado marcada por la constante tensión y desconfianza, especialmente por parte de la intendenta, lo cual se ha manifestado incluso a través de chispazos públicos. La polémica en torno a la gestión de la crisis del coronavirus en Salta desencadenó un intercambio de declaraciones que puso de manifiesto la falta de alineación y colaboración por parte de Romero. El manejo de la crisis sanitaria resultó en un reproche público por parte del gobernador, quien señaló que “hay funcionarios que parece que recién se enteran que estamos frente a una pandemia”.

Impuestazos y doble cobro

Bettina Romero tomó la polémica decisión de aumentar un 18,5% la Unidad Tributaria de Salta durante la cuarentena por la pandemia, sin el consenso del Concejo Deliberante. Esta medida generó debate sobre su justificación y transparencia en la toma de decisiones. El “Impuestazo” no solo afectó los bolsillos de los ciudadanos en ese momento específico, sino que también se enmarca en una tendencia de su gobierno, que año tras año, con la aprobación de los concejales, incrementó los impuestos al ritmo de la inflación nacional y la crisis económica, ahogando a los ciudadanos. Se suma el escándalo relacionado con el doble o triple cobro indebido de tributos por parte de la Municipalidad capitalina que debió ser corregido con la reducción de las imposiciones tributarias.

Amigos y familiares

La implementación de bicisendas en Salta ha sido el foco de críticas hacia la gestión de Bettina Romero, evidenciando problemas y irregularidades como la falta de planificación, obstáculos en la ejecución y malestar ciudadano. Las denuncias de sobrepagos, pagos por obras no completadas, cuestionamientos a la calidad de las obras, montos excesivos y vínculos empresariales han caracterizado las controversias en torno a estas ciclovías, poniendo de manifiesto el mal uso de recursos públicos y la falta de previsión y supervisión.

La administración de Bettina Romero en Salta ha sido señalada por prácticas de favorecimiento a empresas amigas y familiares. Controversias en contratos con Agrotécnica Fueguina, conexiones con LuSal, extensión del convenio con el Banco Macro y la contratación de CECAITRA para fotomultas evidencian patrones cuestionables. Problemas en la revisión técnica obligatoria (RTO) y la deuda millonaria con Plumada, junto con la tercerización del servicio de reclamos, aumentan las críticas y preocupaciones sobre la transparencia y gestión de recursos públicos, generando dudas sobre la capacidad de la administración para enfrentar crisis financieras y tomar decisiones transparentes y en beneficio público.

Malas obras

La gestión de obras públicas durante la intendencia de Bettina Romero en Salta ha suscitado críticas significativas, especialmente en relación con la problemática de los baches en la ciudad. La jefa de Gabinete y ladera de la intendenta, Agustina Gallo, llegó a admitir abiertamente la incapacidad para resolver este problema en el plazo de cuatro años de gestión, sugiriendo la magnitud del desafío y, posiblemente, preparándose para una posible reelección. Además, la no operatividad de la planta hormigonera y los retrasos en los proyectos anunciados plantean interrogantes sobre la planificación y ejecución eficientes de las obras. Una ciudad dinamitada, obras que no se realizan, obras abiertas sin terminar, han sido una constante. 

La inauguración del Puente San Martín 2600 se vio empañada por su incapacidad para resistir la primera lluvia fuerte, poniendo en duda la calidad de la obra. El abandono de las obras de defensa del canal Tinkunaku ha sido denunciado, advirtiendo sobre posibles inundaciones para las viviendas circundantes durante la temporada de lluvias. El nuevo Puente sobre el Río Arenales enfrenta críticas por problemas de acceso y la falta de infraestructura complementaria. La renovación del Puente Vélez Sarsfield ha generado controversias, considerándose pérdida patrimonial, y se señalan conexiones familiares en reformas controvertidas. Además, cuestionamientos sobre el proyecto original del Canal Hipólito Yrigoyen plantean dudas sobre su continuidad y transparencia. Estos problemas resaltan las deficiencias en la planificación, ejecución y evaluación de proyectos bajo la administración de Romero, generando preocupaciones sobre la eficacia y la atención a las necesidades reales de la comunidad.

Sin dudas la obra emblemática de Bettina Romero por su deficiencia sera La Plaza 9 de Julio, obra inacabada vinculada a Bettina Romero, enfrenta críticas por irregularidades y riesgos para los residentes, mientras el costo triplica su valor inicial superando los $380 millones. El endeudamiento y las preocupaciones financieras generan inquietudes en el Concejo Deliberante. Estos desafíos plantean dudas sobre la capacidad de la gestión para abordar problemas clave y mantener una administración efectiva y transparente, destacando la necesidad de resolver proyectos inconclusos y conflictos internos para restaurar la confianza ciudadana.

La dama de hielo

La gestión de Bettina Romero en Salta se ha caracterizado por medidas aplicadas bajo la consigna del “orden”, que ella se ha preocupado de enfatizar con orgullo. La represión a manteros, la exclusión de cadetes de motocicletas y la estrategia de criminalizar la protesta social revelan un enfoque más orientado hacia la represión que a la resolución de problemas sociales. La muerte del puestero Nahuel Vilte en el Parque San Martín fue utilizada como justificación para medidas represivas contra trabajadores informales, evidenciando falta de previsión y acción efectiva en situaciones críticas. El desalojo resistido de los puesteros del Parque San Martín y la presencia de patrullas municipales custodiando peatonales con un fuerte apoyo policial marcaron una administración distante de las necesidades reales de la comunidad. La falta de sensibilidad social y la aplicación de medidas represivas ante cada conflicto, contribuyeron a un distanciamiento significativo entre la gestión y las necesidades reales de la población.

Destrato al personal

El mandato, de Bettina Romero ha enfrentado permanentes denuncias de despidos, descategorizaciones y atrasos en los pagos, generando una relación tensa con los sindicatos y afectando la estabilidad y eficiencia de los servicios municipales. La falta de coordinación y comunicación en la administración ha provocado contradicciones internas y tensiones, generando un fuerte descontento entre los empleados municipales. La relación conflictiva con los empleados de Tránsito y Obras Públicas a lo largo de su gestión reveló un sinnúmero de dificultades. Las acusaciones de extorsión a desmalezadores y la presión económica para contribuir a la campaña electoral, seguidas de despidos a quienes se negaron, mostraron abuso de poder como práctica claramente cuestionable.

Gastos superfluos

La utilización de fondos nacionales para gastos superfluos ha generado preguntas importantes sobre la gestión y asignación de recursos. Estos fondos, que deberían destinarse a proyectos clave y necesidades prioritarias de la comunidad, se desviaron hacia gastos innecesarios. La importancia de establecer mecanismos eficientes de rendición de cuentas y supervisión para garantizar que los recursos se utilicen de manera responsable y en beneficio directo de la ciudadanía es algo de lo que siempre a rehuido la gestión Romero. Las decisiones de gasto y las prioridades bajo la administración de Bettina Romero en Salta han sido un aspecto recurrente que ha generado preocupación y críticas. Dos ejemplos, son el gasto en merchandising durante el mundial de fútbol con fines electorales y la asignación de recursos para publicidad durante el programa “Gran Hermano 2022, con el mismo fin, instalar en el conocimiento la figura de la intendenta.

Exaltación de la figura

La administración de Bettina Romero en Salta enfrentó fuertes críticas y cuestionamientos por su manejo de fondos públicos destinados a publicidad, dando lugar a sospechas de corrupción y malversación de recursos. Prácticas dudosas, como la asignación de publicidad oficial a empresas vinculadas a familiares de la intendenta, generaron inquietudes sobre la transparencia y ética en la gestión municipal. Además, la falta de creatividad y eficiencia en las estrategias de comunicación gubernamental ha recibido fuertes cuestionamientos. Los gastos millonarios en publicidad, superaron el presupuesto anual previsto, suscitando preocupaciones sobre la priorización de la publicidad en detrimento de otras necesidades. Los pagos a consultoras de Buenos Aires generaron duros cuestionamientos sobre su justificación y plantearon el uso de practicas reñidas como la creación de noticias falsas y la triangulación irregular de fondos.

El Fin del Reinado

La gestión de Bettina Romero en la intendencia de Salta ha llegado a su epílogo, marcada por un declive notorio y una sucesión de controversias que han dejado una profunda marca en la percepción pública sobre su capacidad de gobernar. Desde 2020, cuando la opinión pública mostró signos de desencanto, términos como “caprichosa”, “ciclovías” y “herencia” comenzaron a resonar con frecuencia, revelando una gama de opiniones que oscilaron desde lo negativo con términos como “perdida”, “malísima” y “desastre”. El elevado costo del culto a la personalidad y las millonarias inversiones en estrategias publicitarias no fueron suficientes para asegurar su reelección.

Las tensiones constantes, la falta de coordinación en áreas cruciales y las acusaciones de corrupción y abuso de poder han arrojado un manto negro sobre la integridad de su administración, erosionando la confianza en las instituciones municipales. La ejecución de proyectos onerosos y la elección de prioridades discutibles han evidenciado una desconexión con las necesidades reales de la comunidad. La censura indirecta y los problemas con los medios de comunicación han agregado otra capa de preocupación sobre la libertad de expresión y la relación con la prensa.

El declive en la imagen de Bettina Romero, reflejado en encuestas que pasaron de opiniones variadas a evaluaciones mayoritariamente negativas, se tradujo en su derrota electoral. La ciudadanía optó por no respaldarla, indicando una clara falta de confianza en su liderazgo. La nueva administración, encabezada por Emiliano Durand, enfrenta un desafío considerable para revertir este legado negativo. La rendición de cuentas y la transparencia deben ser prioritarias, abordando de manera honesta cualquier problema heredado y estableciendo medidas para reconstruir la confianza ciudadana.