Los enormes montos volcados a la campaña electoral provienen, en parte, del erario público. Pero, en su gran mayoría, son aportantes y empresas privados los que costean el gasto proselitista. ¿Quiénes son los principales financistas de los partidos que disputan la presidencia?

Según la legislación vigente en Argentina, la política y las campañas electorales se financian con dinero público, que se distribuye de acuerdo con criterios establecidos por ley, y con aportes privados, tanto de personas como de empresas, que también tienen límites fijados por ley y deben ser declarados ante la Justicia.

Sin embargo, en la práctica la situación es bien distinta: los informes de financiamiento que rinden las agrupaciones presentan irregularidades, la Justicia cuenta con pocos recursos para controlar el financiamiento de la política y los especialistas destacan que hay poco control sobre el dinero “negro” de las campañas.

¿Qué dice la legislación?

La ley establece que el Estado nacional debe distribuir dinero de forma equitativa entre todas las alianzas para la impresión de boletas. Para las actividades de campaña, los fondos públicos se distribuyen con 2 criterios: la mitad se reparte entre todos los frentes de forma equitativa y la otra mitad se asigna de acuerdo con los votos que ese frente obtuvo en la última elección para la misma categoría.

Por otra parte, existen los aportes privados, que también tienen límites. Los aportes deben realizarse mediante transferencia bancaria, depósito bancario (acreditando identidad), medio electrónico, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales que permitan la identificación del donante. También se pueden realizar donaciones en “especies”, sean bienes o servicios (como prestar un estadio para un acto o un avión para un viaje de campaña), y que deben declararse según su valor de mercado.

Pueden aportar a las campañas las personas físicas, las sociedades financieras, comerciales, asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas. Los aportes de empresas se habilitaron legalmente en la reforma de 2019. Por otro lado, no pueden aportar los organismos del Estado, los multilaterales, las empresas concesionarias, contratistas o proveedoras del Estado, las que explotan juegos de azar, las asociaciones sindicales y profesionales, los gobiernos extranjeros y las empresas extranjeras que no tengan domicilio en el país. En cuanto a las personas, no pueden aportar extranjeros sin residencia en el país, personas que exploten juegos de azar, o quienes estén imputados por violaciones a la ley penal tributaria.

La Cámara Nacional Electoral determinó que el monto máximo de aportes por persona humana o jurídica para la campaña de 2023 es de $20 millones en las primarias, $40 millones en las generales y $20 millones en la segunda vuelta.

Los financistas

El principal aportante de la Libertad Avanza, el partido que lleva como candidato a presidente a Javier Milei, es el empresario Sebastián Braun, miembro de la familia propietaria de la cadena de supermercados La Anónima. Realizó 4 aportes por un total de $30 millones. Fernando Cerimedo es el jefe de la campaña digital de Milei. Figura en los registros con 20 aportes en “especies” que suman $29 millones, entre los que son a la campaña nacional de La Libertad Avanza y los que son a la campaña porteña del mismo partido.

Además, figuran las empresas Franquimar SA, con un aporte de $20 millones; Smart Commerce SA, con desembolsos por $16 millones; y Dulkord Company SA, con aportes por $12 millones. Las 3 son empresas vinculadas con el mundo de la informática y la tecnología. Los datos surgen de la plataforma de aportes privados que publica la Cámara Nacional Electoral y que se actualiza diariamente.

En el caso de Juntos por el Cambio, fuerza que lleva como candidata presidencial a Patricia Bullrich, el mayor aporte para esta coalición, con mucha diferencia sobre el resto, lo hizo el Banco Supervielle. Los aportes fueron hechos por diversas líneas de negocio internas de la entidad financiera: Supervielle Seguros SA, Supervielle Productores Asesores de Seguros SA y Supervielle Asset Management. Entre las 3 suman $180 millones de aportes. En los 3 casos, cada una de las unidades de negocio alcanzó el tope máximo de aporte permitido para las primarias ($20 millones) y para las generales ($40 millones).

La empresa Inurban Inversiones Urbanas Nuevo Milenio SA, parte del Grupo Techint, aportó $56 millones, una parte antes de las primarias y otra, después. Libra Compañía Argentina de Seguros SA aportó $39 millones, divididos en 7 desembolsos. Mismo monto aportó la sociedad de bolsa Aurum Valores SA.

En el caso de Unión por la Patria, cuyo candidato a presidente es Sergio Massa, 2 individuos son los principales aportantes: Juan Pablo Damonte, despachante de aduana y socio de la empresa Yad SA, y Hang Lin, un empresario chino que es socio de Cityblanco SA. Desembolsaron $15 millones cada uno. Lo curioso de Damonte es que también aportó $4 millones a la campaña de Juntos por el Cambio, con un día de diferencia entre cada transferencia.

Por su parte, Francisco de Narváez, empresario y ex diputado nacional (Unión Celeste y Blanco), aportó $10 millones. El mismo monto aportó el Grupo Addnice SA, una compañía que produce calzado para niños. También aportaron $10 millones 2 constructoras: SASA Suelos Argentinos SA y Terrimo Construcciones SA.

Por fuera del sistema

La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos se reformó en 2019, durante la gestión de Macri. Entre otras modificaciones, prohibió los aportes en efectivo, lo que significó un avance en pos de transparentar la trazabilidad de los aportes.

Sin embargo, los especialistas señalan que todavía existe un circuito informal de financiamiento de la política.

Un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) analizó la implementación de la reforma de la ley en las elecciones de 2019. “Al igual que en elecciones anteriores, encontramos que los partidos declaran aportes por montos mucho menores a los topes permitidos para esta elección. Mientras que el tope de gastos para la campaña presidencial 2019 era de casi $ 460 millones, las declaraciones de las diferentes agrupaciones no superan en ningún caso el 50% de ese tope”, señala el documento. Y concluye: “Esto es un indicio de que las agrupaciones todavía siguen subdeclarando ingresos de campaña”.

Fuente: Chequeado