Un nuevo caso de uniformados salteños involucrados en el narcotráfico sacude a la institución policial y reafirma la connivencia entre el delito organizado y las fuerzas de Seguridad. El 5% de los expedientes que se abren contra policías de la provincia corresponde a hechos vinculados a drogas.

Nicolás Bignante

Confabulaciones, tenencia de estupefacientes, asociaciones ilícitas, tráfico y comercialización de drogas configuran la interminable cadena de delitos asociados al narcotráfico que envuelve a las fuerzas represivas salteñas. Los casos son tan cuantiosos como resonados y, en cierto modo, explican el avance irrefrenable del negocio delictivo en el territorio provincial.

En Salta la participación policial en estructuras ilícitas complejas, como las redes de narcotráfico, no es un rasgo particular del fenómeno, sino una condición para su expansión y sostenimiento. Contrariamente a la teoría de los hechos aislados, los robos, las zonas liberadas, el mejicaneo, el contrabando y el narcotráfico liso y llano constituyen el modus vivendi de muchos de los integrantes de la fuerza. Nada de esto podría existir sin el soslayo de los altos mandos policiales, dado que la estructura piramidal, la cadena de mandos e incluso los fuertes vínculos personales existentes entre los componentes policiales hacen que sea imposible que actividades delictivas dentro de la fuerza no puedan ser detectadas.

La desfederalización de los delitos de microtráfico -y la potestad de la justicia provincial para investigar el narcomenudeo- no parecen haber aportado significativamente a resolver esta contradicción. La venta de drogas creció en los barrios y, según denuncian organizaciones de madres contra el paco, la policía ejecuta la ley para regular el mercado a favor de algunos “transas”.

Mientras tanto, desde las cúpulas de la administración en materia de Seguridad insisten por enésima vez en que se trata de una serie de hechos inconexos, sin correlación aparente.

Ocho azules de campana

El más reciente caso salió a la luz esta semana en Orán. Cuatro efectivos policiales de la SINAR 23 (dos hombres y dos mujeres), fueron imputados por exacciones ilegales, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión. En el caso de otros cuatro agentes (una mujer y tres hombres), se los imputó por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión. En tanto, dos mujeres civiles fueron imputadas por el delito de ofrecimiento de dádivas. Todos ellos quedaron a disposición de la justicia luego de una serie de allanamientos realizados en el norte provincial.

En la investigación se determinó que los policías involucrados habrían llegado a acuerdos para no llevar a cabo allanamientos, llegando incluso a alertar a los narcos bajo investigación. Como resultado, los procedimientos policiales no lograron los resultados esperados. Esta actuación conjunta permitió el ocultamiento de pruebas y la fuga de los individuos investigados.

Según las primeras averiguaciones, los uniformados habrían actuado en colaboración con dos mujeres civiles, quienes enfrentan acusaciones por facilitar la operación y el tráfico de sustancias estupefacientes al presuntamente liberar áreas estratégicas para la venta de dichas sustancias.

La fiscal Mariana Torres investiga, también, si se planearon operativos y allanamientos a cambio de compensación económica, que podrían ser entregadas directamente por los investigados o transferidas a las cuentas de los involucrados, como así también la posible apropiación indebida de fondos provenientes de secuestros realizados en el contexto de estas actividades ilícitas.

De mulos a mulas

En el marco de los 10 años de la creación de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, se difundieron estadísticas correspondientes a la cantidad de investigaciones abiertas contra efectivos de la fuerza. Del total de expedientes ingresados en el último año, el 5% corresponden a causas por droga y narcotráfico. A pesar de la cantidad de hechos conocidos, está lejos de ser la causa principal de intervención de la oficina de Asuntos Internos.

Según el reporte difundido, casi la mitad de los delitos cometidos por policías corresponde a apremios y violencia de género. En detalle, la categoría “apremios ilegales y abuso de autoridad” representa un 22% de los casos. También en el primer puesto se encuentra “violencia intrafamiliar y de género”, con otro 22%. Finalmente figuran: “ebriedad” -que, en realidad, es una contravención-, con 20%; seguida por “delitos sexuales”, con 15%; “evasión y fuga de detenidos”, 10% y robos, 2%.

Célebres antecedentes

Tal vez uno de los hechos más resonantes de la historia narcopolicial salteña haya sido el de los agentes Gimenez y Gallardo, allá por 2011. Carlos Giménez y su hermano Luis fueron detenidos en la madrugada del 26 de mayo de 2011, cuando, según ellos, fueron auxiliar a su otro hermano, Gabriel, quien les había llamado telefónicamente diciéndoles que su vehículo estaba empantanado en el río Mojotoro, cerca de Güemes.

Poco antes de aquella comunicación había sido aprehendido, tras una huida por un camino vecinal, el subalterno de Gabriel, Carlos Gallardo. Durante la persecución –según el fiscal- Gallardo arrojó por la ventanilla del Fiat Uno dos mochilas negras con 50 kilos de cocaína. Después quedó varado en la banquina.

“Soy el oficial principal Carlos Gallardo. Estoy limpio”, dijo a los policías de control vial. En el auto había cinco celulares sin chip, varios blísteres de chips sin usar y un handy sin micrófono.

Cuando los policías regresaban con su colega detenido vieron, a tres kilómetros de donde estaba antes el control, el Fox Cross empantanado en un río sin ocupantes. Varios kilómetros más allá detuvieron a un Volkswagen Bora. Las puertas de atrás del Bora se abrieron y el comisario Gímenez y el ciudadano boliviano Marcelo Irahola Silverman salieron corriendo y lograron escapar. En el auto quedaron Luis y Carlos Giménez, hermanos del comisario.

Al día siguiente, a la vera de la ruta, encontraron las dos mochilas con cocaína. Según contó el fiscal, los 50 kilos tenían una pureza del 89 por ciento, que podrían llegar a estirarse hasta multiplicarse por seis. En Bolivia, explicó Toranzo, esa carga tiene un valor de alrededor de 40 mil dólares, del lado argentino llega a 70 mil y en Buenos Aires o en Santa Fe -posibles destinos finales del cargamento- puede llegar a valer 250 mil dólares. En Europa el valor se triplica.

También en la Capital

En 2016, efectivos de la Delegación Salta de la Policía Federal se dirigieron, en varios patrulleros, hacia una casa situada sobre la calle Olavarría y San Juan. Allí detuvieron a los ocupantes de dos móviles no identificables de la policía provincial local y luego de una requisa a los ocho oficiales -vestidos de civil-, descubrieron que tres de ellos llevaban 34 gramos de marihuana escondidos entre sus ropas y una cantidad de cocaína en uno de los autos.

Inmediatamente les secuestraron los celulares y los llevaron detenidos. Luego, se dirigieron hacia una casa de barrio Alta Tensión, a 30 cuadras, donde el objetivo era allanar el domicilio de Sandra Elizabeth Serrudo y de uno de sus hijos, Alfredo Thiz, sospechados de estar en connivencia con los policías detenidos. Tal como lo suponía la investigación (que había comenzado hace dos meses) en el lugar se hallaron al menos 82 pipas de estupefacientes y ambos sospechosos fueron llevados a la comisaría.

La fiscal Gabriela Buabse, a cargo del caso, indicó que los efectivos eran “los encargados de garantizar el monopolio de la venta de drogas en ese sector, para lo cual, cada vez que detectaban posibles nuevos dealers, los allanaban y si no les hallaban droga, la plantaban para accionar el proceso judicial que los desbaratara”.