Una familia en situación de vulnerabilidad vive un calvario por amenazas y usurpaciones de una banda que se dedica a comercializar terrenos ilegalmente. Intimidaciones, agresiones físicas y hasta robo de ganado pasan inadvertidos por la policía y la justicia. ¿Quiénes están detrás del negocio y por qué se manejan con absoluta impunidad?
La crisis habitacional que afecta a alrededor de 70 mil familias en la provincia de Salta parece ser el terreno perfecto para el desarrollo de negocios impúdicos y al margen de la ley. En los últimos años, miles de familias en la ciudad de Salta intentaron dar batalla a esta realidad construyendo sus viviendas en la zona sureste, particularmente en inmediaciones del vertedero San Javier.
Como si las condiciones de habitabilidad en esa zona no fueran, de por si, bastante precarias, muchas familias deben lidiar además con los intereses de bandas delictivas que hacen negocios con la tierra. Esta realidad cada tanto sale a la superficie cuando decenas de familias deben enfrentar violentos desalojos por parte de la policía. En la zona sureste es casi una constante.
El caso de Daniela y su familia expresa el extremo de la violencia y la inmoralidad en la que pueden derivar los negocios cada vez que rozan con la necesidad de la gente. A pesar de habitar una parcela de tierra en el denominado Puesto El Chañar desde hace más de 30 años, desde 2017 enfrenta severas amenazas e intentos de desalojo por parte de un grupo de personas que se dedica a comercializar terrenos en la zona. Las agresiones incluyen amenazas de muerte y de violación, como así también robo y matanza de animales. Como si fuera poco, las operaciones de los señalados resultaron, en muchos casos, ser estafas lisas y llanas. A pesar de ello, la justicia y la policía hacen la vista gorda.
Las denuncias están en manos de la fiscal Analía Adet Figueroa, quien dispuso apenas una restricción de acercamiento que a todas luces no se cumple. Los expedientes de posesión veinteñal y la nutrida documentación que acredita la titularidad de Daniela y su familia sobre ese terreno parecen no tener peso en las actuaciones de la justicia. Muchas preguntas se desprenden de este hecho: ¿Se trata de una banda organizada que opera en otros puntos de la ciudad?, ¿gozan de algún tipo de protección?
El relato
Daniela Martínez reside en El Chañar junto a su esposo y sus tres hijos: Mario, José Carlos y Oriana. En un diálogo con Cuarto Poder puso de manifiesto el infierno que vive. “Esto comenzó en el año 2017, antes de la pandemia. Desde entonces estamos con las denuncias por amenazas de muerte y amenazas de violación a mis hijos. Yo tengo una nena con síndrome de Down y me vienen a amenazar que me los van a violar y a matar. Todo esto fue presentado a la fiscal Adet, pero en ningún momento dispuso una consigna aquí en mi domicilio”, resalta.
“Nosotros tenemos nuestro lugar alambrado, pero esta gente empezó a vender los terrenos. Y comenzaron a denunciarse entre ellos porque vendían dos o tres veces el mismo terreno a distintos dueños. Yo les pedía por favor que no me corten el cerco, que no me corten el alambre. Y por eso empezaron las amenazas. Que nos dejemos de joder, que no iban a matar. Empezaron a matarnos los animales, las vacas, los caballos y los chanchos. La intención que tienen es vender el terreno que habitamos”, denunció Daniela.
El asedio de las personas que Daniela denuncia es diario y constante. A pesar de tener una restricción perimetral de 300 metros, todos los días realizan trabajos de desmalezado en inmediaciones de su vivienda. “Están violando nuestro domicilio, ¿cómo puede ser que ellos ingresen como si fueran dueños del lugar? Yo hace 30 años que vivo aquí y nunca tuve problemas. Hasta hoy sigo luchando para que no vendan mi terreno. Ahora los tengo aquí detrás de mi corral dele machetear”, asegura.
Las personas denunciadas inicialmente son dos mujeres de apellido Fortunato y Reinaga. Los otros agresores responden a sus intereses y son quienes propelen las agresiones contra su familia, tanto verbales como físicas. “Ayer, uno de ellos se me abalanzó con un machete en la mano y me dio una piña en el pecho, Tuvo que venir mi marido porque sino el hombre me pegaba con el machete”, lamentó. A partir de esa intervención, la fiscalía dispuso la detención de su marido y el secuestro de su vehículo. La medida la afectó en todo sentido, dado que el padre de sus hijos hoy enfrenta una imputación por defender su terreno y no cuentan con movilidad para el traslado de su pequeña hija Oriana. “Ella va al Papa Francisco y cada tanto al Materno Infantil porque tiene problemas bronquiales. Mi otro hijo también tiene problemas asmáticos. Ya van a ser dos meses que estoy sin movilidad” se lamentó Daniela.
Lucrar con la necesidad
Hasta 300 mil pesos piden los integrantes de la banda por un terreno a orillas del basurero municipal. Por supuesto, muchas familias empujadas por la necesidad acceden a pagar dicho monto incluso sin contar con avales ni título de propiedad. La irregularidad deviene en serios conflictos entre supuestos dueños que cada tanto terminan en hechos de violencia.
“La vez pasada le vendieron un terreno a 180 mil pesos a unos abuelitos. Parece que no tuvieron para pagarles y los sacaron del terreno. Me dio tanta pena verlos llorando porque no tenían otra plata. El otro día se agarraron a machetazos porque un terreno lo habían vendido a dos personas, el otro terreno a tres. Era un griterío, llegó y la policía y fue un lío. Estos estafadores están haciendo lo que quieren en el lugar y la fiscal no da ninguna solución”, acota Daniela.
Posiblemente, entre los hechos más graves que debe soportar la familia estén las amenazas directas contra sus hijos. Algo que a todas luces no les permite vivir en paz. “Voy a comprar el pan y me dicen: ‘dejá de joder con la policía porque te vamos a cagar matando, vamos a violar a tus hijos y vamos a desaparecer a tu marido’, todas esas cosas. Estoy llamando constantemente a la policía, pero no me ponen la consigna.
Siguen avanzando sobre nuestros terrenos. Ayer vino una persona a faltarme el respeto y me pegó una piña. Llamé a la policía y no vino nadie. Ahora están a un par de metros macheteando y no hacen nada. Un día llamé cuatro veces al 911, me dicen que registran la llamada y me cortan. Nos ignoran completamente, esa es mi bronca”, finalizó Daniela.
