La mortalidad infantil en el chaco salteño se mantiene en niveles vergonzantes a pesar de las reiteradas prórrogas de la emergencia sociosanitaria. Un informe de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes indaga en los aspectos sobresalientes de la crisis humanitaria en el norte provincial.
Nicolás Bignante
Un detallado informe de 67 páginas elaborado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes ahonda en las causales y determinantes de la crisis humanitaria del chaco salteño. El estudio se dio a conocer días después de que la cámara de diputados de la provincia prorrogara la emergencia sociosanitaria para los departamentos: Orán, San Martín y Rivadavia. La falta de acceso al agua, la alimentación deficiente, las barreras culturales, la escasez de recursos humanos en el sector salud y el asedio de los desmontes, son algunos de los factores que explican la gran tragedia originaria.
El trabajo comienza por enumerar un conjunto de derechos vulnerados en poblaciones indígenas, particularmente entre niños, niñas y adolescentes: 1) La propiedad comunitaria. Tierra, territorio y hábitat (desplazamiento y desarrollo humano, inseguridad jurídica sobre los territorios, accesibilidad y conectividad; higiene y saneamiento); 2) Acceso al agua segura; 3) Acceso a la Salud; 4) Acceso a una alimentación saludable, adecuada y suficiente; 5) Derecho a la identidad y 6) Información y participación.
A todo ello deben sumarse una serie de barreras u obstáculos para el acceso a tales derechos, entre las que cabe destacar las condiciones económicas de la población; condiciones geográficas (de transitabilidad y comunicación) de la zona; aspectos culturales; entre otros.
Condiciones de vida
La caracterización sociodemográfica de la zona da cuenta que la población indígena que habita en la provincia de Salta -según el Censo Nacional 2010- asciende a 79.204, representando aproximadamente el 7% de la población total de la provincia, siendo 39.685 niñas, niños y adolescentes menores de 20 años.
De acuerdo a la información oficial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en el departamento de San Martín habitan 238 comunidades de pueblos originarios registradas; en el departamento de Rivadavia, al menos 68 comunidades registradas; y en el departamento de Orán, al menos 53 comunidades de pueblos indígenas registradas.
Además, los indicadores sobre condiciones de vida de los Pueblos Indígenas presentan grandes desigualdades con respecto a los hogares no indígenas. Según datos del informe de Unicef Argentina, las necesidades básicas insatisfechas (NBI) son notablemente más altas en los hogares indígenas que en los no indígenas.
En el Censo 2010 se registró la presencia de al menos un indicador de NBI en el 9% de los hogares no indígenas, mientras que en los hogares indígenas ascendía a 17%, y en zonas rurales aumentaba al 35%.
Las estadísticas
Sin dudas, la expresión máxima del conjunto de problemáticas que afrontan niños, niñas y adolescentes indígenas en la provincia es la mortalidad infantil. De acuerdo a datos suministrados por el Ministerio de Salud de Salta, en el primer trimestre del 2020 fallecieron 67 niños en los departamentos declarados en emergencia (30 casos en San Martín, 20 en Orán y 17 en Rivadavia).
Para el tercer trimestre de 2020 se registraron otros 41 casos, alcanzando la cifra de 108 niñas y niños fallecidos en la región del Chaco Salteño.
El informe también detalla que «En el primer cuatrimestre del 2021, 36 niñas/os fallecidos han sido reportados en la zona Sanitaria Norte. Para el mes de junio de 2021, según idéntica fuente y en la misma región, se registraron 21 niñas/os menores de 1 año fallecidos y 7, entre 1 y 5 años; siendo 64 niñas y niños que murieron entre enero y junio del 2021».
En lo que respecta a 2022, durante los primeros tres meses fallecieron 79 niños y niñas de hasta 5 años. El 56 por ciento de estos fallecimientos (44 casos) se registraron en el norte provincial, de los cuales 12 niños y niñas eran de Santa Victoria Este. De las 44 muertes registradas en el norte, 25 niños y niñas fallecieron en enero (históricamente el mes más crítico en cuanto a la salud de las infancias), 6 en febrero y 13 en marzo-
Entre las principales causas de la mortalidad infantil temprana, el Ministerio de Salud identifica a las «patologías relacionadas con el bajo peso de las/os niñas/os o de sus madres». Para el segundo trimestre de 2021, 1746 niñas y niños menores de 6 años presentaron alguna alteración antropométrica y/o nutricional. Entre ellos, el 37% se corresponden a niñas/os pertenecientes pueblos originarios, residiendo el 80% en los departamentos declarados en emergencia sociosanitaria (Orán, San Martín y Rivadavia). En este mismo período, entre las niñas y niños de 0 a 5 años que habitan
en la Zona Sanitaria Norte, 7543 tiene riesgo nutricional, 470 bajo peso y 44 muy bajo peso.
Acceso al agua
El informe rescata el diagnóstico al que llegó el “Foro del Agua Segura del Chaco Salteño”, que distingue los problemas específicos de acceso al agua correspondientes a cada una de las zonas de la región.
En Rivadavia Banda Norte se mencionan como obstáculos: Población dispersa que condiciona la distribución de agua potable por redes públicas; ambiente que se inunda o tiene sequías en forma de evento climático agudo; pocos reservorios de agua adecuados; no existe un plan articulado que desarrolle una política pública de acceso al agua; mala calidad del agua subterránea (salinidad, arsénico, contaminación); altos costos de extracción del agua de mejor calidad; y falta de participación de los afectados para resolver sus problemas de acceso al agua.
En cuanto a Santa Victoria Este, el informe destaca que no hay política pública para la provisión de agua segura a la población; Provincia y municipio no declaran ni participan con peso de decisión en las mesas de agua; y las políticas de estado cambian cuando cambia el gobierno.
Rivadavia Banda Sur, por su parte, no cuenta con una Mesa de Agua ni con un protocolo de contingencia en caso de sequías o inundación. Además, la red de agua no brinda el servicio regularmente, hay mucha población dispersa y el agua tiene un alto contenido de sal y arsénico
Finalmente, en la zona que abarca Embarcación (ruta 81 y 53) y Orán se subraya que no hay políticas de estado para abordar el tema; las obras no se consultan con la población local y en muchos casos nunca terminan; hay mucha precariedad en las obras y falta capacitación para su mantenimiento.
Acceso a la Seguridad social
En lo que respecta al acceso a la protección y seguridad social, los referentes indígenas consultados por la defensoría afirmaron que la mayoría de las familias recibe la Asignación Universal por Hijo (AUH). El obstáculo se plantea cuando las comunidades quedan aisladas y las familias no pueden trasladarse a las localidades para acceder al cobro. Otro problema citado en relación con el acceso a este derecho es la tramitación del documento de identidad.
En la primer reunión interministerial llevada adelante con funcionarios provinciales, la Defensoría planteó la dificultad del acceso a la protección social de miembros de comunidades de pueblos indígenas, tanto de niñas y niños como de personas de tercera edad, debido a las características geográficas, que las ubican en desigualdad en cuanto a condiciones de accesibilidad, sea por la distancia a los centros urbanos (para acceder a un banco para ir a cobrar) e incluso a la ausencia de tecnología (para procesar datos de trámites). Se enfatizó allí sobre la importancia de que sea el Estado el que se acerque a las comunidades en lugar de que las comunidades deban sortear obstáculos para ver garantizados sus derechos.
Acceso a la información
El ocultamiento de datos en relación a la crisis humanitaria del norte provincial quedó evidenciado en un documento filtrado a comienzos de 2020, a meses de la declaración de la emergencia. En los registros se puede ver como durante la anterior gestión una cantidad importante de fallecimientos eran asentados como producto de la inmaturidad extrema, sepsis, septicemia y otras dolencias que desplazaban las palabras «desnutrición» y/o «deshidratación».
En esa misma línea el informe de la defensoría plantea que en la actualidad sobresalen la falta de registros e información estadística sobre las comunidades de la región, así como también las dificultades existentes en cuanto a la planificación, evaluación y monitoreo integral o unificado tanto de las intervenciones de los distintos actores como de los recursos invertidos en los territorios.
Esta ausencia de instancias ordenadoras de las intervenciones, de seguimiento y evaluación, se traduce en intervenciones fragmentarias. Y, a su vez, se corre el riesgo de constituirse en políticas que no tienen un real impacto en la calidad de vida de las comunidades.
Por último, el informe destaca que resulta preocupante la falta información respecto de diagnósticos y/o líneas de base relativas a las problemáticas más acuciantes como el acceso al agua, a la salud y alimentación. En lo que respecta a a información sobre el acceso al agua, ésta consiste en una descripción particularizada de las obras o acciones de emergencia, pero sin posibilidad de constatar en qué medida dichas acciones son suficientes y/o resuelven efectivamente la problemática estructural de base.
