El «reordenamiento» del área Espacios Públicos que el municipio pretende encarar con la intervención de Pontussi, ya dejó a más de 50 trabajadores sin lugar de trabajo. Mientras continúan los sumarios masivos por coimas, se especula con la disolución total del organismo y el nacimiento de un nuevo modelo de fiscalización en manos privadas.
A nadie escapa que, en el área de la gestión municipal encargada de monitorear la actividad en el espacio público, los cambios no podían hacerse esperar mucho más. La escandalosa salida de Vicente Cordeyro, en medio de investigaciones y sumarios compulsivos por el presunto cobro de coimas, anticipaba una serie de modificaciones hacia adentro de la estructura administrativa. También es cierto que el asesinato de Nahuel Vilte y el repentino cambio discursivo de la intendenta Romero en relación a la venta informal, precipitaron la toma de decisiones en el ámbito de la gestión de Espacios Públicos. Decisiones que, en muchos casos, desencajan a propios y a extraños.
Tal como se reflejó en este medio durante la semana pasada, en Salta pasan cosas raras. Tan raras como la decisión de la intendenta de «intervenir» un área que depende exclusivamente de su gestión. De otra forma no podría catalogarse la designación de la «renovadora» Susana Pontussi como interventora de la subsecretaría de Espacios Públicos. La figura creada específicamente para el desembarco de la ahora ex-concejal, da cuenta de que el trabajo que tendrá a su cargo estará más orientado al reordenamiento del organismo que a la resolución de problemas latentes. Tal cosa no sería un problema y hasta parecería propicio, de no ser por las 500 familias manteras y ambulantes que aguardan por una respuesta desde hace casi un mes.
Mientras se dilatan los acuerdos con los trabajadores informales, los casi 50 empleados del área de Espacios Públicos temen por su fuente laboral. Durante la semana que pasó debieron escuchar por parte de sus superiores que el lugar físico donde prestan servicios ya no estaría disponible para tal fin, por lo que debían buscar otro lugar para su traslado. Paradójicamente, fueron ellos quienes semanas atrás les transmitieron el mismo mensaje a los manteros: «acá no pueden trabajar».
La disolución de la subsecretaría de Control Comercial y el traspaso de muchos empleados a la Agencia de Recaudación Municipal ya había significado un revés para los trabajadores del área. Son muchos los que ven en la intervención de la subsecretaría una puerta abierta para el desarme total de la misma. Algunos van más allá e imaginan, en el futuro, una fiscalización del espacio público completamente en manos privadas. «No sería para nada descabellado. Pensá que no hace mucho se tuvo que dar marcha atrás en un negocio millonario por el impacto que tuvo en la gente», señaló a este medio un trabajador del organismo. La referencia inequívoca es al frustrado convenio de participación suscripto con la empresa CECAITRA para el cobro digital de multas. A entender de muchos, la caída del acuerdo no implica necesariamente la caída del objetivo recaudatorio. Esto es, el mismo negocio, pero en diferente escritorio.
Papelón jurídico
A entender de los jurisconsultos, la intervención del área de Espacios Públicos no sólo es un error político, también es una aberración jurídica. La estructura de gobierno municipal está basada y regida por la ordenanza de conformación de cargos, donde la figura del «interventor» no aparece en ningún lado. Cada una de las dependencias del ejecutivo municipal tiene una estructura de cargos, que a su vez tienen asignados recursos para su funcionamiento. Por resolución, están delimitados también los alcances y atribuciones de cada una de ellas.
El espíritu de la normativa se ancla en la previsibilidad administrativa, jurídica y política. Ni más ni menos que lo que plantearon algunos trabajadores informales a este medio hace algunas semanas en medio del debate por su traslado: «Cada vez que vamos a reunirnos con los funcionarios, nos cambian el director. Ya no sabemos a dónde ir, ni con quien tenemos que hablar». La intervención de un área específica de la gestión rompe con toda esa lógica y el cambio rotundo de las reglas de juego hace que inexorablemente esa previsibilidad se vea horadada.
En la Carta Orgánica municipal tampoco se contempla la posibilidad de que el Ejecutivo intervenga un área que depende del mismo Ejecutivo. El artículo 32, en cambio, establece que “la Municipalidad podrá ser intervenida por las causales y en las formas establecidas en el Artículo 173 de la Constitución Provincial”. Dependiendo del caso, es el Ejecutivo provincial (con apoyo de la legislatura) el que puede disponer la intervención de un municipio, tal como ocurrió recientemente con Salvador Mazza y Aguaray.
En concreto, la Constitución Provincial establece que: “la Provincia puede intervenir a alguno o a todos los Poderes Municipales en los siguientes casos:
1) Acefalía total, para asegurar la inmediata constitución de sus autoridades.
2) Para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional.
3) Cuando no se cumpla con el pago de los servicios de empréstitos, si en más de un ejercicio resulta un déficit susceptible de comprometer su estabilidad financiera o no preste adecuadamente los servicios públicos locales.
4) Por las demás causales que prevea la Carta Orgánica Municipal y la Ley de Municipalidades. La Legislatura dispone la intervención de un Municipio, por plazo determinado, mediante ley aprobada por el voto de los dos tercios de los miembros presentes”.
¿Y los ediles?
En el edificio de Av. del Líbano hasta ahora nadie levantó la voz para señalar las inconsistencias de la intervención. Vale decir que en la semana que concluye las actividades del órgano deliberativo se enfocaron en el plenario sobre discapacidad y accesibilidad. La salida de Pontussi ni siquiera parece haber despertado sorpresas entre los ediles. De hecho, de los 21 concejales electos en 2019, culminarán su mandato sólo 16. Tres de ellos pasaron a formar parte del gabinete romerista (Fonseca, Altamirano y Pontussi), uno recaló en el gabinete de Sáenz a días de asumir (Alberto Castillo) y uno fue condenado a tres años de prisión por robo en banda (Ricardo «Chucky» Flores). En el lugar de los salientes asumieron: Santiago Alurralde, Nicolás Kripper, Silvana Sánchez y Emilia Orozco.
La maniobra romerista también dejó una mochila inesperada. Si se formaliza la renuncia de Pontussi al concejo, asumirá en su lugar Oscar «Talero» Blanco. Por cuatro sesiones, la banca de la flamante interventora estará ocupada por un folklorista de bizarros antecedentes. En 2018 convocó a un grupo de gauchos neofascistas a despintar los pañuelos blancos de la Plaza Belgrano que simbolizaban la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En 2017, en ocasión de los homenajes a Güemes, comandó una «patriada» para evitar que en la cartelera figuren artistas porteños; ya que, a su entender, el héroe gaucho debía ser homenajeado enteramente por salteños tradicionalistas. Meses después grabó un oprobioso videoclip interpretando una peculiar versión de «Despacito», el hit del portorriqueño Luis Fonsi. Según asegura el «talero», el material le valió un llamado del productor de Showmatch Pablo «el chato» Prada, que finalmente quedó en la nada.
