El negocio del pejerrey en el Cabra Corral mueve millones y solo unos pocos son los favorecidos. La pesca llega a sacar unas 170 toneladas anuales. Hoteleros, empresarios gastronómicos, miembros de las fuerzas de seguridad y altos funcionarios de medio ambiente estarían involucrados. Por Alfredo Palacios   

La problemática de la depredación de especies del Dique Cabra Corral no es ninguna novedad en Coronel Moldes. Según la Policía Lacustre, por semana los redadores sacan 1400 kilos de pejerrey, que se distribuyen luego para su comercialización.

Si bien la Policía del lugar adjudica la culpa de la depredación a unos “20 o 30 redadores” que son quienes efectivamente trabajan y por lo general son lugareños cuya única salida laboral es la pesca, el negocio iría más allá.

Un informe publicado por El Tribuno expuso la magnitud de lo que mueve la actividad: más de 80 millones de pesos. La mayor porción de lo recaudado queda en manos de los distribuidores. Se trata de  empresarios dedicados a la hotelería y gastronomía en Salta capital, Coronel Moldes y los Valles Calchaquíes.

Y los peces gordos? 

Una punta del ovillo para ir desenrollando el tema quedó de manifiesto en la nota del diario de mayor tirada donde mediante testimonios salpicaron de manera cuidada a los dueños de restaurantes y hoteles de la zona pero sin dar nombre ni detalles.

«A mí un empresario me ofreció filetear los pejerreyes a un costo que no me convenía. Todavía quería que vaya a trabajar a su hotel y a toda hora», contó una fuente según El Tribuno.

Lo llamativo de la “investigación” es el desarrollo a una supuesta cómplice del negocio, la cual es señalada como funcionaria. Según se pudo saber se trata de una de las tantas contratadas bajo condiciones precarias, que cobra un sueldo de 14 mil pesos. El sueldo como de otros trabajadores de la Secretaría de Ambiente proviene de fondos de la Ley de Bosques; es decir que entregan solo al último eslabón de la cadena.

A partir de esto, Gustavo Dada, jefe de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable del Gobierno de Salta, tuvo que salir a dar explicaciones y dijo que están realizando una investigación interna.

Las sospechas se centra sobre el organismo oficial ya que  cuando aparecen redes de hasta alrededor de 500 metros al ser incautadas, van a parar a dependencias de Ambiente. Las mismas redes, después aparecerían en el dique siendo vendidas a los mismos redeadores.

En tanto, las miradas se posan también sobre las fuerzas de seguridad. De hecho el comisario a cargo de la dependencia de Coronel Moldes fue removido por la cúpula de la Policía de la provincia en agosto pasado.

Los precarizados

La Ley de Bosques estipula que un 30% del presupuesto total debe ser destinado a los trabajadores que se encargan de hacer efectiva la ley. La realidad es que se trata de trabajadores informales con un contrato de menos de 20 mil pesos mensuales, y que pelean hace años para ser incorporados a planta permanente. De hecho, desde el año 2009, solo 3 trabajadores de ese equipo han sido transferidos como empleados permanentes del Estado. Con el 70% se financian proyectos para sostenibilidad productiva.