Una serie de conflictos salariales en distintos establecimientos públicos de la ciudad desataron el interrogante sobre la situación de los trabajadores sanitarios y profesionales de la salud. ¿Réplicas de una crisis nacional? (Juan Pablo Vásquez)

Durante el último año el sistema salteño de salud pública ha sido protagonista de una serie de conflictos que involucran a profesionales del área. Desde la renuncia masiva del cuerpo médico del Hospital Materno Infantil, hasta la nacionalización del no reconocimiento profesional de los enfermeros y pasando por la acuciante situación en departamentos como Rivadavia y Santa Victoria.

En cuanto al estado de los trabajadores, en palabras de Eduardo Cruz, secretario de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), hoy “el trabajador de la salud pública se encuentra muy mal reconocido”. Esto se debe a que existe una “falta de prioridad” en palabras del secretario, que se traduce en la mala categorización de algunos establecimientos que expone a quien trabaja a un grado de insalubridad, y la falta de reconocimiento en cuanto a lo que se percibe económicamente.

Según Cruz, desde ATSA se ha venido realizando una medición estadística sobre los grados de salubridad y seguridad sanitaria para los trabajadores, y en conclusión, un 34% de sus afiliados fallecidos en los últimos años ha sido a causa de patologías cancerígenas.

Conflicto tras conflicto

El sanatorio El Parque, ubicado cerca de la terminal de la capital, fue el ojo de la tormenta durante inicios de este año debido a una serie de protestas realizadas por sus empleados a causa de una deuda de la entidad de 5 meses de sueldo.

Desde los directivos de la institución -que cabe destacar es de índole privado- se afirmó que no se encontraban en condiciones de liquidar sueldos dada la falta de ejecución presupuestaria de las obras sociales de los pacientes.

Los representantes sindicales afirman “que parte de la responsabilidad es a causa de que la Superintendencia de Salud Pública de la Nación retiene los fondos que aportan las obras sociales, sin embargo, los directores del sanatorio mostraron poco interés en dar solución al conflicto dado que mientras se llevaba a cabo la negociación muchos de los directivos se encontraban en vacaciones lujosas”. La política de retención de los aportes de las obras sociales ha sido una práctica común desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, más aún cuando las obras provienen de carteras sindicales. Sin embargo dicho conflicto no fue el más crítico que tuvo como protagonistas a trabajadores de la salud.

El estatuto de trabajadores

La Ley 6903 de Estatuto de los Trabajadores de la Salud es una legislación que establece un escalafón salarial para los profesionales de la salud, y que además, permite la capacitación y perfeccionamiento constante del personal que trabaja en establecimientos sanitarios.

El Hospital Materno infantil ha sido protagonista de un conflicto entre los trabajadores agremiados dentro de ASPROMIN (Asociación de profesionales del Materno Infantil) y el Ministerio de Salud de la Provincia. El eje conflictivo ha sido debido al pedido de re categorización del personal médico en el escalafón salarial establecido en la ley.

Justino Ustarez, secretario general de dicha cartera sindical, aseguró que el problema se debe a “la molestia de los médicos al tener una escala salarial muy similar al del resto del personal del hospital, entendiendo que las responsabilidades legales sobre los pacientes recaen sobre el médico a cargo y no sobre el resto del equipo”. Según los datos que aseguró el titular gremial, la jerarquización salarial que plantea esta legislación (sancionada bajo la gestión del Ministro Gabriel Chagra Dib), pone en una situación salarial desigual a los médicos especialistas, quienes tienen muchos requisitos burocráticos para validar su matrícula y ejercer su profesión.

Esta desigualdad planteada por el sector, según en palabras de Ustarez, genera que Salta sea un destino “poco atrayente en cuanto a condiciones económicas para el profesional médico”. Ello propicia un efecto dominó que se ve reflejado en la despoblación en cuanto a cantidad de titulares en Centros de Salud barriales, lo que conlleva que la mayoría de los pacientes se vean obligados a concurrir a los grandes hospitales, y por ende, saturar el sistema de atención.

Crisis anunciada

El descontento acumulado por esta situación llevó a un punto de inflexión que tuvo como resultado la renuncia de 86 médicos. La crisis vino tras el intento de negociar un aumento en las horas de guardia que cumple cada trabajador.

El resultado fue una crisis que atravesó la institución hasta el punto de casi levantar el servicio de guardia hospitalaria, lo que hubiese significado un problema de índole mayor para la Provincia por la alta demanda que cubre la entidad.

La situación del conflicto hoy es incierta debido a que las autoridades del ministerio firmaron un acta acuerdo que no incluyó a ninguno de los titulares pertinentes del gremio. En palabras de Ustarez, esto significa “un riesgo de que el aumento negociado no se concrete debido a la falta de legitimidad con la que cuenta este acuerdo”. Además la provincia no cuenta con los recursos para reemplazar al personal en los consultorios del Materno, pero se niega a incluir a la cartera gremial en la negociación de paritarias por lo que el conflicto hoy se encuentra ante un amparo de la justicia, que sólo suma incertidumbre a los involucrados.

También es necesario destacar que la Cámara de Senadores de la Provincia rechazó un proyecto que modificaba el escalafón salarial a favor de los médicos, proyecto que contó con avales de distintas entidades sindicales y que ya contaba con media sanción de Diputados.

Falta de reconocimiento

El caso de los enfermeros es uno de los más complejos, ya que desde 2011 no son reconocidos como profesionales en la provincia, y el año pasado, Nación les ha quitado esta categoría también.

Lorena Agüero, secretaria de Finanzas de la Asociación de Estudiantes de Enfermería, comentó que pasan por “una situación lamentable que invisibiliza años de formación que tienen los licenciados”.  Esto conlleva a que los recién graduados de las carreras de enfermería se vean forzados a realizar concurrencias para tener más posibilidades de entrar al sistema público.

Según Agüero esto se traduce en “mano de obra barata ya que las mismas son sin remuneración y las mismas no garantizan la entrada a un trabajo dentro del lugar donde se las realicen”.