El negocio con las “excepciones y multas” que otorga la municipalidad representa una recaudación que supera la decena de millones. “Kila” Gonza, además, de las denuncias por corrupción con la obra pública ahora es señalado como garante de ventas que violan las normativas. (M.A.)
La iniciativa de desmontar parte de una reserva natural para loteos puso sobre el tapete nuevamente el enorme negocio inmobiliario que hay en San Lorenzo.
De mediados de los 90 a esta parte, la villa veraniega es tierra fértil para especuladores y conocidos “desarrolladores inmobiliarios”, que pese a la actual incertidumbre de la economía no descansan y buscan satisfacer la demanda habitacional para así acrecentar sus ganancias, las cuales suman cifras de varios ceros.
Comentábamos en una edición anterior que el exministro de Seguridad, Alejandro Cornejo D’Andrea, es uno de los interesados. También el arquitecto Miguel Cruz Iturrieta, integrante de la firma CPA SRL, que tiene “San Lorenzo de los Zarzos”, en un lugar cercano a la quebrada San Lorenzo. Ambos a principios de este mes se reunieron con los concejales sanlorenceños para explicarles sobre “Balcones de San Lorenzo”, otro emprendimiento que pretenden realizar en loteos ubicados en el área de los piletones de Aguas del Norte, precisamente en la Quebrada.
De la cancha del club Tigres para arriba, hay otros loteos impulsados por Altos San Lorenzo SRL de inmobiliaria Cervera y por Guillermo López Fleming. “Están infringiendo la cota máxima y violan el modo de construcción esos loteos”, señaló a Cuarto Poder, Juan Pablo Dávalos, presidente del Concejo Deliberante.
“Para que se apruebe vos tenés que tener calles de 12 metros de ancho, iluminación, hay un sector que no tiene ni la mitad de lo que se pide, no hay cordón cuneta, no se puede aprobar eso. En los de Cervera, en el cerro, hicieron calles y por abajo para peor mandaron al agua de las acequias en un especie de canales con una pendiente de 45 grados que las hace bajar a una velocidad tremenda, los vecinos temen ante una crecida que rompa todo”, agregó.
Según Dávalos “la política de Kila Gonza es que se aprueben todos los desarrollos” y que se recaude con multas. “La cantidad de plata que ingresa con el cobro de multas y aprobación de planos es millonaria. Por planos se cobran 25 pesos el metro cuadrado de construcción y tenés en algunos casos 25 mil metros cuadrados, ahí tenés 6 millones de pesos solo en concepto de planos”, precisó sobre la envergadura del negocio.
“Primero vender, luego encuadrarse a derecho”, es lo común en San Lorenzo. “Generalmente los que empiezan ya tienen multa”, indicó y resaltó que los temas que más se tratan en las sesiones son exenciones al Código de Edificación.
Lobby en el Parlamento
La Carta Orgánica que se aprobó recientemente -luego de pasar por Diputados y Senadores- fue mutilada, llamativamente, en lo que se refiere a los límites para la construcción, entre otros puntos.
En rigor, los legisladores sacaron lo que comúnmente se conoce como cota de construcción y que representa la garantía para que los emprendimientos inmobiliarios no arrasen con las áreas protegidas o catalogadas como reservas. La cota de construcción establece, entre otras cosas, el límite de altura para construir en serranías sin comprometer el medio ambiente o la factibilidad de los servicios.
“Sacaron la cota para no comprometer negocios de mucho dinero. El ex presidente del concejo Virgilio Núñez y Margarita Duro, quienes fueron en la misma lista de Hector Chiban de la UCR, fueron los primeros en decir que no se debia cerrar el crecimiento. Es más fue el propio kila quien se reunió con legisladores para pedir que se saque la cota, el tribunal de cuentas y el tema de reelección. Hubo un lobby evidente “, indicó una fuente off the record.
Razonablemente emprendedores inmobiliarios quieren hacer sus negocios, lo que no es tan razonable es que el jefe comunal sea parte éstos.
HASTA LAS MANOS
Tras la ampliación de la denuncia efectuada por una “arrepentida”, contra el secretario de Obras Públicas de San Lorenzo, los concejales pidieron una auditoría a las cuentas municipales, ante la posible comisión del delito de corrupción por parte de funcionarios de la gestión del intendente Ernesto Gonza.
La decisión se tomó tras conocerse las denuncias radicadas en el Poder Judicial por la expareja de Adrián Segura.
La acusación contra el funcionario de la villa veraniega tiene que ver con el auto otorgamiento de obras, con la salvedad que se usaban nombres de otras empresas pero que terminaban en manos de funcionarios e incluso se involucra al propio intendente. También con el cobro de cheques.
Radicada en la Fiscalía Penal 1, la presentación da cuenta también que un cuñado de Segura, y el hermano del actual secretario de Gobierno, Rodolfo Armando Gonza, estarían involucrados en los desvíos de fondos destinados a la obra pública.
“Él siempre me llevaba a cobrar los cheques y esperaba en el auto el dinero (…) me di cuenta de la situación cuando el denunciado también le pidió a su cuñado que se dé de alta en el monotributo en la categoría H para hacer las mismas obras para la Municipalidad”, señala en la denuncia la víctima.
El caso que sacude a los sanlorenceños comenzó con una denuncia por violencia de género de la expareja de Segura en la Oficina de la OVIF, en donde describió una situación de total sometimiento y abusos, y además desnudó la maniobra de corrupción en la obra pública.
La víctima, de 45 años, se presentó en las oficinas de la OVIF en Ciudad Judicial la tarde del pasado 26 de septiembre, en donde denunció que su expareja, Adrián Segura, funcionario municipal de San Lorenzo, la tiene sometida en un estado de semiesclavitud y “se aprovecha de que no tengo familia, ni trabajo”. La denuncia lleva el número 504/2018 y en ella explica que: “Él, como paga el alquiler y los servicios, yo tengo que hacer lo que él necesita, eventualmente me daba algo de dinero, como ser 300 o 500 pesos”.
La mujer relata cómo fue obligada a transformarse en contratista de obras, abrir cuentas en dos bancos e inscribirse en una de las categorías más alta del régimen monotributista. Los cheques municipales, según su declaración, eran emitidos a su nombre y luego de cobrarlos entregaba la totalidad del dinero a su expareja, funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo.
En su denuncia la mujer aseguró que: “yo le colaboro en todo a él para su profesión, incluso me llegó a mandar al banco a cobrar cheques de sus amigos, realizar actividades para la Municipalidad de San Lorenzo. Como consecuencia de esto, ahora tengo problemas con la AFIP y Rentas de la Provincia. Me perjudicó hasta económicamente”.
El ex marido la habría usado para cobrar cheques de fondos de municipales y para ello la habría inscripto en la AFIP, para justificar el movimiento de dinero de una persona sin trabajo ni ingresos.
La victima afirma en su declaración, que “también me hizo abrir una cuenta en el banco Macro y los cheques que estaban a mi nombre debía endosar y dárselos a él”. Aclaró que sólo hacía esos trámites porque “él me los pedía y no creía que estaba haciendo alguna actividad ilícita”.
