El concejal del PRO, Alberto Castillo, propone reabrir las casas de citas y enciende el debate sobre la problemática de la prostitución en la vía pública. La discusión gira en si aceptar zonas rojas, inmuebles certificados para encuentros privados o directamente no regular para quitar aval a lo que puede verse como un modo de esclavitud contemporánea. Florencia Farfán
La problemática en torno a la prostitución se hace presente en la agenda del Concejo municipal, esta vez el concejal Alberto Castillo (PRO) fue quien al ser consultado sobre la idea que trascendió de que propondría reabrir los cabarets habló del tema con Cuarto Poder.
Castillo explicó que sus dichos fueron comunicados de forma errónea pero que es cierto que planea llevar a cabo un proyecto para combatir la problemática. “En realidad no hablé de cabarets, ni presenté nada. Sí es cierto que creo que la ordenanza que llevó a cerrarlos —junto con las casas de citas— obligó a las que trabajaban en el negocio, a salir al espacio público”, comentó el concejal y agregó: “Estoy en desacuerdo con la existencia de los cabarets porque son shows que se proponen a un público y se da un total exhibicionismo. Distinto es lo que ocurre en las casas de citas que aparecen como lugares en donde las mujeres —que así lo quieran— puedan trabajar en un espacio privado y seguro”.
Además, con cierto dejo de estigmatización, aseguró que ya entró en contacto con las referentes de movilizaciones de mujeres trans para dialogar sobre el tema, presentar la propuesta y, en caso de que la acepten, trabjar en la reaización de un proyecto.”Necesitamos reunirnos para evaluar si la casa de citas puede ser una solución”, explicó el edil.
En dialogo con Cuarto Poder, Castillo recordó que una de las propuestas en torno a la problemática fue la de establecer una zona roja, pero se mostró en contra de esto: “No podemos determinar una zona roja, primero porque nadie la querrá tener en su barrio y, además, esto no acabaría con el problema que tiene que ver con la oferta en la vía pública y la inseguridad que significa para quienes trabajan”, argumentó.
“Yo quiero que la actividad —que tiene carácter mundial— pueda realizarse de forma segura y en lo privado. Y con esto, responder a la problematica de la violencia que sufren estas mujeres y tambien a las quejas de los vecinos de los barrios donde hoy se encuentra la zona roja”, expresó Castillo.
Y sumó: “Tenemos que crecer como ciudadanos, dejar de lado los prejuicios, atender a la realidad y dar respuestas. Hay mujeres trans que actualmente eligen trabajar en la prostitución y así lo quieren, para ellas hay que garantizar seguridad en cuestiones de salud e integridad física. Yo creo que las casas de citas podrian garantizar un control por parte de la Provincia que además serviría para combatir la trata de personas”.
Finalmente, al ser consultado por el proyecto del cupo laboral trans en el municipio aclaró que no está de acuerdo con la iniciativa: “Hay mujeres dentro del colectivo que exigen alternativas laborales porque no quieren trabajar en la prostitución y hay que brindarles herramientas para hacerlo, lo fundamental es la capacitación. Estoy en contra porque no me gusta dar un número o porcentaje destinado a tal sector, creo que si hay 10 vacantes y 8 de los mejores postulantes son trans, deben ocupar el puesto. El único requisito debe ser la idoneidad”, sentenció.
Exclusión encumbrada
Según la última encuesta realizada por Mujeres Trans Argentina-Salta junto al Observatorio de Violencia contra las Mujeres “Roxana Alderete”, la Dirección General de Estadísticas y el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, el 77% de las mujeres trans, travestis, transexuales o transgéneros salteñas ejercen o ejercieron alguna vez la prostitución: “8 de cada 10 mujeres trans entrevistadas dicen haber estado o estar en situación de prostitución o trabajo sexual”, relató Pía Ceballos, quien fue una de las coordinadoras del proyecto de relevamiento.
El estudio también revela que el 23% restante trabaja en negro y analiza cómo es la situación de la comunidad trans en los ámbitos educativo y de salud.
Con respecto al ambito de la salud, el informe refleja que el 26% accede a una obra social, el 38% a aportes jubilatorios, el 9 % a seguro de sepelio y el 54% no accede a ninguno. Además, el 67% de las personas trans encuestadas realiza tratamiento de hormonización y sólo el 33% bajo control médico, como también se menciona en otro artículo de esta edición (“Para Tiziana y para todxs”). De las 202 mujeres que respondieron al cuestionario, el 77% manifestó que jamás recibió asesoramiento sobre discriminación o hechos de violencia. Sobre estos hechos se realizaron las denuncias, sólo el 2% llegaron a la instancia judicial y ninguna obtuvo respuesta.
El cuestionario se realizó en agosto de 2016 a 202 mujeres trans que viven en diferentes barrios de la ciudad. “Aproximadamente el 50% de la población encuestada es menor de 30 años y el grupo con mayor representatividad es el de 20 a 29 años”, explica el informe que aún no fue actualizado.
Además, expresa que el 51% realiza el cambio de identidad que permite la Ley de Identidad de Género, y analiza que esta reglamentación genera modificaciones en el acceso de las mujeres trans al sistema educativo. El 74% no estudia actualmente; “en un segundo dato relevante, la población encuestada presentó un capital escolar bajo. El 49% no terminó el sistema escolar obligatorio (primario, secundario). El 25% terminó el nivel secundario, sólo el 16% cursó un nivel superior y el 6% dijo haber terminado el terciario o universitario”.
Aunque el 54% contó que realizó o realiza alguna capacitación laboral, el 77% ejerce o ejerció alguna vez la prostitución. Del total de personas que actualmente es trabajadora sexual, el 71% está buscando otra fuente de ingreso y no lo consigue.
Sobre este tema, Mary Robles, representante del Grupo de Transparencia Salteña (GTS) y coordinadora regional de ATTA, expresó que esto se debe a la falta de oportunidades laborales que padecen las mujeres trans, que se evidencian en falencias de los sistemas de salud y educación y responsabilizó al Estado por no dar respuestas a pedidos que se efectuan desde hace años. Ella fue representó un caso emblemático en la provincia: el gobernador Juan Manuel Urtubey la incorporó a su cuerpo de funcionarios.
Robles también expresó que “el trabajo sexual es una consecuencia de la exclusión escolar y de los hogares. Cuando las mujeres trans empiezan a identificarse, comienzan los problemas en el ámbito educativo y también en los hogares. Terminan trabajando en la calle”.
Vecindad
Otro grupo que reclama, desde hace años, al Gobierno por soluciones ante la oferta sexual en la vía pública son los vecinos del Barrio Hernando de Lerma, que se ha convertido en la Zona Roja de la ciudad. En el año 2014, cansados de presenciar el negocio en las puertas de sus casas, se organizaron y crearon grupos de redes sociales para organizarse y escrachar a quienes ejercen la prostitución y a sus clientes. Además, colocaron carteles en diferentes cuadros que avisan que se filmará y se tomarán fotos.
Sí bien, algunos vecinos dicen que la situación mejoró, siguen esperando una respuesta por parte del Gobierno. “Antes realizaban el trabajo a la vista de todos, ahora no se ve tanto. Creemos que el escrache sirvió”, explicó un vecino de la zona.
Desde el grupo Vecinos del Hogar Escuela aseguran: “Vamos a continuar la lucha hasta recibir una respuesta, porque sí, el Gobierno en algún momento tiene que brindarnos una solución a nosotros los vecinos, y a las trabajadores sexuales brindándoles una zona segura donde no molesten a nadie”.
