El miércoles 25 de Abril se esperaba la llegada del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, para participar de las reuniones en torno al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, su ausencia no fue explicada de modo oficial. Tampoco participaron Prograno ni la Sociedad Rural. Luis Segovia
La suspensión de los desmontes en 32 fincas de la provincia aceleró el proceso de discusión sobre los Bosques Nativos y generó que el Gobierno convoque al Consejo Asesor Revisor del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Sin embargo, la causa que originó este proceso no se discute en las reuniones que tuvo hasta el momento el Consejo. Esta semana debía contarse con la presencia del ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, quien faltó sin justificaciones. Tampoco vienen formando parte de las discusiones dos de las instituciones que mayor presión ejercen para que se permitan desmontes masivos: la Sociedad Rural y Prograno.
Debate
Consultado por Cuarto Poder, el biólogo Enrique Derlindati —quien participa por el sector académico en las reuniones de Consejo Asesor— comentó que en la reunión inicial del 6 de abril se fijó como meta tener resuelto el OTBN para noviembre. Pero que no existe una agenda establecida.
“Paralelamente a las reuniones, se están realizando talleres técnicos y profesionales sobre temas puntuales. Los temas más polémicos son los relacionados a la definición de líneas productivas, especialmente en áreas amarillas. Definir qué política de desarrollo será utilizada, sobre todo en referencia al Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (conocida como MBGI)”, agregó el biólogo.
“En principio, la idea de la Provincia no es cambiar el ordenamiento, no quieren modificar las áreas verdes, ni ampliarlas. Sino ver las políticas y planes de manejo a desarrollar en las áreas delimitadas. Para esto es importante el trabajo interdisciplinario y la diversidad de grupos. En ese marco, es que nos hace ruido que Prograno y la Sociedad Rural no quieran participar”, finalizó.
Por su parte, Noemí Cruz, coordinara provincial de la campaña de Bosques de Greenpeace, afirmó que “luego de la suspensión de los desmontes se siguió monitoreando y detectando que algunos empresarios siguen desmontando. Hasta ahora Salta sólo ha suspendido su ejecución, lo que es una irregularidad, ya que, tanto el Ministerio de Ambiente de la Nación como la Auditoría General de la Nación le están exigiendo a Salta que anule los permisos y reforeste”.
Para Silvina Borla, abogada experta en Derecho Ambiental, no se puede analizar en términos generales todos los casos comprendidos en la resolución que paralizó los desmontes porque cada caso debe tener sus particularidades, pero remarca que la Nación tiene competencia para realizar los pedidos que le hizo a la Provincia, en el marco de la ley 25.675 (Ley General del Ambiente).
“Si los permisos de desmontes fueron hechos incumpliendo la normativa existente, hay dos temas a tener en cuenta. En primer lugar, el Estado se vería obligado a iniciar las acciones de lesividad, porque debe proteger al Estado como organización y respetar los derechos humanos, en este caso, relacionados al ambiente. Si los funcionarios no realizan esta acción, configurarían un incumplimiento de sus deberes. Por otro lado, no cabrían acciones contra la provincia por parte de los particulares que recibieron estos permisos considerados ilegales, porque ellos tenían la obligación de conocer la normativa existente. Hay que destacar que se tratan de empresas. No se puede temer esta situación en base a una supuesta violación de derechos adquiridos. Por último, cualquier particular, principalmente las ONGs que se dedican al ambiente, pueden solicitar un amparo solicitando estas medidas, dadas las características del bien jurídico tutelado”, afirma Borla.
¿Y el rabino?
Sin lugar a dudas, la causa que apuró la convocatoria al Consejo Asesor Revisor del OTBN de Salta, fue la resolución 56/2018, del ministro Sergio “Rabino” Bergman, y la resolución 19/18 de su par provincial, Paula Bibini, por la cual, se suspendieron “provisoriamente” los permisos de desmontes en 32 fincas.
Explicar los fundamentos “formales” de la resolución del rabino no es una tarea difícil, ya que existen estudios y opiniones de sobra —AGN, COFEMA, académicos, etc.— y todos dan fundamentos para caracterizar que los permisos de desmontes obtenidos a través de las recategorizaciones, son ilegales.
Sin embargo, explicar las causas “reales” de la resolución tiene mayor dificultad. Para los ambientalistas resulta inverosímil que ésta provenga del mismo ministro que afirmó que la Ley de Bosques y de Glaciares eran “grandes ideas irreales” y que su sanción respondió a una “épica legislativa”. Por su parte, los ruralistas creen que la resolución de la Provincia es una muestra de debilidad ante Nación, afirman que tal medida les paralizó 200 millones de dólares invertidos, y están agotando las instancias administrativas para dejar sin efecto la suspensión.
Presiones mundiales
Argentina preside el Grupo de los 20 (G20) desde noviembre de 2017. Este es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política, y está integrado por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.
Es la primera vez que un país latinoamericano lidera este grupo y el desempeño de todo el Gabinete nacional es fundamental para sostener el discurso de “inserción al mundo” del presidente Mauricio Macri. En este marco, la agenda del ministro Bergman está muy ocupada, ya que le toca dirigir el grupo de trabajo de “Sustentabilidad Climática”.
Este campo es uno de las novedades del foro, ya que desde 2017, bajo la presidencia de Alemania, es un grupo de trabajo formal que ya tuvo sus primeras reuniones los pasados 17 y 18 de abril. A las preocupaciones del rabino se suma que el G20 funciona con un mecanismo de control denominado troika, ejercido por la presidencia previa (Alemania) y la presidencia siguiente (Japón).
Además, hay otro motivo por el que Argentina debe mostrarse como un país ambientalista: la posible incorporación del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y aquí también el rabino tiene que desempeñar un importante papel.
La OCDE está integrada por 35 países y funciona como un grupo de asistencia técnica, donde una de las áreas de trabajo es la política ambiental. En este sentido, el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, en una reciente visita de representantes del organismo al Ministerio de Ambiente, declaró: “Es bueno contar con los lineamientos y la matriz que nos propone OCDE, que nos permitirá abordar anticipadamente una política regulatoria y de forma articulada por todos los organismos intervinientes”.
A fines de Marzo, la vicepresidente Gabriela Michetti declaró que el próximo 18 de Mayo se produciría la incorporación formal a la OCDE, y el pasado lunes 23 de abril, el Congreso de los EEUU aprobó el ingreso de Argentina. En este contexto, crecen las presiones internacionales para sostener una política ambiental sólida.
