A Daniel Solano lo desaparecieron en Choele Choel, Río Negro, hace seis años. Siete miembros de la policía de Río Negro serán juzgados el 15 de febrero en General Roca. Antes de eso, la querella hará un último intento de encontrar los restos del joven salteño, que llegó al Valle medio rionegrino como trabajador golondrina y se encontró con el peor de los calvarios. La plata para hacer el rastrillaje deberá ponerla la familia.
El sufrimiento de Gualberto, el papá de Daniel, despertó varias veces a la justicia y al gobierno rionegrino. Después de dos huelgas de hambre encadenado a las puertas del juzgado 30 de Choele Choel, el juez Julio Martinez Vivot autorizó una pericia que la querella considera clave: buscar en un jagüel (pozo de agua) el cuerpo mancillado del joven. Ante la amenaza de Gualberto de hacer otra huelga, el gobernador Alberto Weretilneck ofreció un millón de pesos de los tres que se necesitan para costear el trabajo de búsqueda. El resto, deberán financiarlo la familia.
Como el debate oral y público por la desaparición forzada, vejaciones y homicidio de Daniel comenzará luego de la feria judicial de enero, los tiempos para encontrar los restos se acortan. “No es importante el cuerpo en el proceso judicial. El cuerpo del delito no es el de la víctima, esa es una parte. Pero queremos cumplirle la promesa a Gualberto de encontrar el cuerpo de Daniel”, dijo a Cosecha RojaSergio Heredia, uno de los abogados de la familia.
Para el abogado, detrás de la muerte y desaparición del joven hay una trama de explotación laboral y tráfico de drogas, que abrió investigaciones paralelas. En el juicio, Heredia intentará probar que el 5 de noviembre de 2011 la Policía sacó al joven a la fuerza del boliche bailable Macuba y lo llevó a una comisaría: allí lo torturaron, lo amenazaron con una carabina calibre 22 y lo desaparecieron.
La investigación tiene 40 cuerpos y 400 testigos: según el abogado, hay suficientes pruebas como para condenar a cadena perpetua a los siete policías imputados. “Cuando nosotros dijimos, por declaraciones de un testigo de identidad reservada, que el cuerpo está en el jagüel se armó el encubrimiento. El juez Martínez Vivot se declaró incompetente y de ahí la causa se fue a la Suprema Corte de Justicia”, explicó Heredia.
En 2015, Martínez Vivot elevó la causa a juicio bajo la carátula de “desaparición forzada de persona” y se declaró incompetente al asegurar que ese delito es de lesa humanidad y pertenece al fuero federal. El Superior Tribunal de Justicia rionegrino lo avaló pero la justicia Federal lo rechazó. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recomendó a la Corte Suprema que regrese la causa a las instancias provinciales, tal como lo solicitara la querella. En junio de este año, la Corte dictaminó en ese sentido.
“Sin perjuicio de la calificación que se otorgue a los hechos (…) en atención al avanzado estado de estas actuaciones en sede provincial, entiendo que la solución que más satisface en el caso las exigencias del principio de economía procesal y de una más expedita y mejor administración de justicia, sin afectar la validez de los actos ya cumplidos, tornar más gravosa la situación de los justiciables al no permitir la pronta terminación del proceso, ni aumentar el riesgo de que el Estado argentino incurra en responsabilidad internacional, es que esa jurisdicción continúe con el trámite de la causa”. (extracción del fallo firmado por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco)
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Descender a un pozo de agua en desuso para ver si los restos de Daniel Solano están ahí, podría haber sido una tarea muy sencilla que entre fiscales, jueces y gobierno volvieron complicada. El jagüel de la estancia La Manuela – a 30 kilómetros de Choele Choel- tiene una profundidad aproximada de 80 metros, está revestido por cemento y fue construido a principios del siglo XX. Julio Alvarado, especialista jaguelero (tal como figura en la pericia presentada el 3 de septiembre de 2015) aseguró: “resulta factible el descenso al jagüel sin que una persona resulte lastimada. Es posible en un 100 por ciento el descenso y retirar los elementos del fondo”.
Lo mismo afirmó el perito de parte Walter Ovejero, un geólogo especialista en petróleo y profesor de la Universidad Nacional de Salta el 4 de septiembre. Ambos testimonios fueron presentados por la querella.
El juez Martínez Vivot rechazó los pedidos y mandó la causa a pasear por el fuero federal. La investigación perdió dos años hasta que finalmente regresó al mismo juzgado desde donde en julio de este año se enviaron oficios a diversos Ministerios de la provincia, consultando por empresas de Río Negro o Neuquén que pudieran hacer el trabajo. Uno a uno, todos los funcionarios consultados, respondieron que no conocían ninguna.
La justicia llamó a una audiencia pública en la que sólo se presentó la empresa convocada por la querella: PERTERSER SRL, una compañía de servicios petroleros radicada en General Mosconi, Salta. Según el presupuesto, la fabricación de las herramientas para extraer los materiales que puedan encontrarse en el jagûel, el traslado de maquinaria y personal y las posibles eventualidades que pudieran surgir, llevan a un costo de tres millones de pesos.
Como la fiscalía no solicitó la pericia, los gastos corren por cuenta de la familia. Primero hicieron un pedido de fondos ante el Estado Provincial y Nacional. El gobernador Alberto Weretilneck cedió al pedido. El 27 de noviembre iba a ser el día de inicio del operativo pero aún faltan dos millones de pesos. Queda preguntarse cuánto vale para el Estado el dolor en el cuerpo de Gualberto: él sólo quiere encontrar los restos de su hijo y sepultarlo en su tierra natal.
Fuente: http://cosecharoja.org
