En Mendoza, una mujer estuvo siete horas detenida porque no tenía carga en la tarjeta de colectivo y alguien más había pagado su boleto. A pesar de las críticas y las denuncias contra la Policía, el gobernador apoyó la iniciativa que le da poder a las empresas.
En Mendoza, una ONG presentó un hábeas corpus preventivo y colectivo para que cesen las razzias policiales en los colectivos y evitar que una persona que utiliza el servicio pueda ser detenida por no abonar el boleto, como le pasó a una pasajera en la capital provincial el mes pasado, cuando pasó siete horas detenida porque otra persona le pagó el pasaje con su Red Bus (equivalente a la de Saeta en Salta o a la SUBE porteña). La presentación de los abogados pide que la medida de protección se extienda hasta tanto se modifique el sistema y se expida un comprobante de abono.
Mientras la Legislatura se prepara a debatir un proyecto para reformar el Código de Faltas para que se establezca una multa –en lugar de detención–, la administración local lanzó una campaña para que los pasajeros no presten su tarjeta de viaje. “El gobierno busca generar conductas antisolidarias frente a un hecho que es cotidiano, porque se da en zonas donde es muy difícil recargar las tarjetas y es común que alguien coopere prestándola. Además, lesionan derechos con esa práctica policial que vulnera el principio de inocencia”, dijo a este diario el abogado Lucas Lecour, de Xumek, la ONG que interpuso el amparo.
La presentación ante el 3er juzgado de Garantías, a cargo de la jueza Alejandra Mauricio, sobrevino luego de que la empleada doméstica Patricia Stibel permaneciera detenida durante siete horas por haber pagado su viaje en colectivo con una tarjeta Red Bus prestada por otro pasajero.
La presentación de la ONG sostiene que “la novedosa práctica policial invierte principios constitucionales al imputar a quien viaja en colectivo sin tarjeta Red Bus, la falta prevista en el art. 111 inc.1 del Código de Faltas y procede a su detención, sin antes buscar formas menos lesivas de derechos para determinar la responsabilidad de las personas sospechadas de cometerla”.
Xumek busca que la justicia ordene a la policía que “de inmediato se abstenga de realizar razzias que tengan por objeto la detención de personas de cualquier nacionalidad o lugar de residencia por la supuesta comisión de esta falta, hasta que se reglamente la expedición de comprobantes de pago del pasaje y se determine, en su caso, la obligación de conservarlos durante el viaje y exhibirlos a las autoridades que así lo requieran”.
Lecour explicó que “criticamos el método del servicio: que no de ticket en caso de requerirlo y no permitiendo probar que uno pagó por el servicio, y la figura legal que se utiliza para detener. Tampoco la detención es la forma, no es proporcional a la falta cometida”.
El letrado sostuvo que “el caso de la mujer salió a la luz porque fue muy abusivo” y detalló que las razzias en los colectivos son constantes: “Suben los inspectores a controlar los boletos acompañados por la policía, o directamente el control lo hacen los policías”.
Para Xumek, la situación responde a “un proceso en el que se van cercenando libertades en procura de una suerte de ‘cambio cultural’”, que se traduce en “hechos repudiables de autoritarismo y de franca negación de los derechos individuales, aun cuando, desde el discurso, se vincule a tales actos con la estricta observancia de la ley”.
Antes de resolver, la justicia anunció que convocará a una audiencia pública con todas las partes involucradas.
La situación que disparó la intervención de la ONG ocurrió el 16 de agosto. A las 8.30, Stibel, que vive en la localidad de La Heras, subió al colectivo 67, de la empresa El Plumerillo S.A., para ir a su trabajo. Como no tenía carga en su tarjeta Red Bus, a sugerencia del conductor le pidió a otro pasajero que le pagara el pasaje de 8,50 pesos.
Un joven “pasó su tarjeta y yo le di $10”, contó la mujer en su muro de Facebook, donde se quejó del trato que recibió tras ser bajada una cuadra después por la policía.
La mujer les dijo a los policías que el chofer la había autorizado a que le paguen el pasaje, pero fue inútil, “me tuvieron siete horas –continuó la mujer– en una prisión por supuestamente no pagar. ¿Para qué me autorizó? Si no se puede hacer eso, que me devuelvan los $500 que perdí por no ir a trabajar y las 7 horas parada en una prisión”, en la comisaría 36 de Las Heras, donde fue liberada a las 15.30.
La indignación por la detención creció tras conocerse el hecho, y el gobernador Alfredo Cornejo (Frente Cambia Mendoza) habló públicamente al respecto. “La policía ha actuado correctamente, pidiéndole un comprobante, y ella no lo ha mostrado porque no lo tiene y dice que lo pagó otra persona. Es la palabra de ella contra el otro”, dijo el mandatario provincial, quien remarcó: “ustedes le creen a ella, yo no le creo ni a ella ni a nadie”.
El abogado de Stibel, José Luis Ramón, de la ONG Protectora, una asociación de defensa del consumidor, dijo que “el joven que le pagó el pasaje se presentó en la fiscalía y declaró, pero el gobernador nunca pidió disculpas. Y la causa sigue abierta”. Ramón, que presentó por el hecho una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi), también desmintió que la tarjeta sea intransferible como sostiene la campaña que para que no se preste la tarjeta. “Es intransferible el abono de aquel que tiene algún descuento”, aclaró.
“El problema –dijo el letrado– es que las empresas de transporte tienen mucho poder en la provincia, y las decisiones de la Secretaría de Servicios Públicos deberían proteger a los usuarios cuyos intereses están por encima del de las empresas.”
Fuente: Página 12
