El Secretario de Culto y ex detractor de la ley de Educación Sexual Integral, Santiago de Estrada impulsa el avance de la ley de libertad religiosa en el Congreso de la Nación.
El avance de la iniciativa pone en riesgo la implementación de la ESI, la anticoncepción gratuita, el matrimonio igualitario y el acceso a abortos legales, entre otras normas, en nombre de la fe, e implica una amenaza de retroceso en derechos sexuales y reproductivos.
“La ley que se pretende imponer, lejos de ser de libertad, es de restricción de derechos, asigna a los diferentes cultos la posibilidad de priorizar sus creencias para actuar en contra de la ley y favorece la objeción de conciencia como estrategia de mayorías en lugar de ser una consideración a las minorías para violar derechos de las mujeres y de los grupos LGTB”, objeta Marta Alanis, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir.
Por su parte, la abogada e Investigadora del CONICET Marisa Herrera se pregunta: “¿Cómo frenar la ampliación de derechos civiles? El Poder Ejecutivo le habría encontrado la vuelta con el proyecto de ley, presentado en junio de este año, de libertad religiosa. ¿Acaso no es casual que todas esas conquistas civiles tuvieron la resistencia y férrea oposición de la Iglesia Católica? Habilitar en nombre de la supuesta libertad religiosa la figura de la “objeción de conciencia”-no sólo personal sino lo que es más grave, institucional- implica rechazar derechos conquistados. Es decir, negarse a no casar a una pareja del mismo sexo, a no realizar técnicas de reproducción in vitro, a no modificar la partida de nacimiento por identidad de género o a no llevar adelante un aborto no punible bajo el manto de una ley que en pos de una falsa y perversa libertad, permite anteponer la religión por ante los derechos humanos”.
