Además de los casi 80.000 indígenas que viven en Salta, están los que habiendo nacido aquí viven en Buenos Aires. El caso de la comunidad Iwi Imemby lo confirma: familias desalojadas por el Ingenio El Tabacal que ahora sobreviven en Buenos Aires. (Daniel Avalos)
Si el Censo Nacional de Población confirma que 79.204 indígenas residen en Salta, la misma fuente permite asegurar que aun careciendo de precisiones, muchos otros salteños forman parte de los 360.000 indígenas que viven en la Ciudad de Buenos Aires (61 mil); Gran Buenos Aires (186 mil); y el interior de Buenos Aires (112 mil).
La mayoría habrán partido a la gran urbe en busca de mejores condiciones de vida; otros llegaron allí tras sufrir el destierro en nuestra provincia. Es el derrotero de la comunidad Ava Guarani, Iwi Imemby, que padece un desarraigo provocado por el ingenio El Tabacal que en el 2003 los arrojó a un peregrinar que aún no culmina. La historia tiene un comienzo preciso: 16 de septiembre del año 2003, día en que la Searbord Corporatión pidió el desalojó de esa comunidad de las tierras que habían administrado durante siglos. Catorce años después, parte de los desterrados viven a casi 2.000 kilómetros de distancia, más precisamente en la localidad El Peligro, partido de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Allí llegaron hace poco más de 10 años en busca de un lugar dónde recrear en parte lo que perdieron para siempre en Orán. El documento que reconstruyó el peregrinar es un exhorto que la Defensoría del Pueblo de la Nación remitió el 7 de septiembre del 2016 a cuatro organismos nacionales con el objetivo de resolver el acceso a tierras que padece la comunidad que alguna habitó el tropical departamento de Orán. Los organismos exhortados fueron la Secretaría de Vivienda y Hábitat, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Agricultura Familiar y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que al menos el año pasado no dio respuesta al pedido que se había empezado a gestionar con la administración K y que tras el cambio de gobierno volvió a foja cero.
El escrito puede consultarse en la web del organismo y está rubricado por Juan José Bockel (Subsecretario General del Defensor del Pueblo de la Nación), quien relató -con el tono neutro propio de los escritos administrativos- que la “migración forzada” de los salteños comenzó en la fecha mencionada cuando la Seabord Corporatión solicitó el desalojo por considerar que las tierras que la comunidad reivindicaba como propias eran propiedad del ingenio. El territorio en cuestión se conocía entonces como “La Loma”, una colina boscosa ubicada al oeste del ingenio y que hasta entonces la empresa no había usado con fines productivos.
Reconstruir el derrotero es posible. Principalmente académicos locales se enfocaron en el caso cuando en septiembre de 2003 la empresa decidió tomar posesión de la tierra y la resistencia de la comunidad genero una puja que termino con la represión acostumbrada. Algunos de esos estudios aseguran que la ocupación de “La Loma” por los Ava Guarani comenzó a principios del siglo XIX aunque lo indudable es que dicha ocupación fue anterior a la fundación de Hipólito Irigoyen en 1946, cuando esa localidad devino en residencia de los técnicos y operarios del ingenio que Robustiano Patrón Costas fundó en 1918 y que rápidamente integro a los ava guaraníes para las actividades de la zafra.
La guerra que protagonizaron Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935 dio un nuevo impulso a la historia de La Loma. Y es que su consolidación como principal asentamiento Ava Guaraní en el lugar estuvo vinculada a los desplazamientos migratorios que ocasionó ese conflicto bélico. La situación, no obstante, estuvo lejos de incomodar a un ingenio que así contaba con mayor disponibilidad de mano de obra. Estado de cosas que empezó a modificarse en 1964, cuando los cambios en la producción azucarera, el aumento de la producción de frutas y verduras y el de la explotación forestal, determinaron que el ingenio comenzara un proceso de expulsión del pueblo originario de ese territorio aunque sin prescindir de la mano de obra históricamente hábil para las tareas agrícolas.
De allí que la política del ingenio supusiera una mecánica que los misioneros católicos de la época colonial hubieran llamado sin complejos “reducir” para “convertir”. Lo primero supuso nuclear a una población dispersa en lugares fijos con el objetivo de planificar tareas que internalizaran en la población reducida nuevas creencias. Método que el ingenio, conscientemente o no, reeditó pero con objetivos de tipo económicos: impulsar asentamientos nuevos a los que llamaron “colonias” o “lotes” que devinieron en unidades productivas de plantación y cosecha de caña lo que requería la internalización de valores y conductas subordinadas a las lógicas mercantiles. Una de las condiciones para habitar las nuevas unidades productivas consistía en abandonar La Loma como lugar de residencia.
Lo que ese proceso no rompió fue el vínculo entre los pueblos originarios y La Loma que siguió siendo el lugar en donde la comunidad recolectaba leña, frutos, montaban algunas chacras y en donde también establecían relaciones con la sobrenatural a partir de la presencia en el lugar en disputa del cementerio indígena. El vínculo ni siquiera se rompió cuando a partir de la tecnificación de la producción y las crisis azucareras de fines de los 60 y finales de los 80 las “colonias” se redujeron a nada y los Ava Guaraní mayoritariamente ocuparon la periferia de la localidad de Hipólito Irigoyen, ciudad desde la cual seguían partiendo a La Loma para recolectar leña, frutos, visitar las antiguas chacras y rendir culto a sus muertos.
Cuando la multinacional norteamericana Seabord Corporatión desembarcó en Orán, en 1996, la etnia en cuestión ya luchaba por recuperar el control de sus territorios aduciendo la pertenencia ancestral de los mismos. La revalorización de la cuestión indígena en la década del 80 en Latinoamérica que levantó la autoestima de la población originaria, los problemas crecientes de los Ava Guaraní para administrar un territorio que consideraban propio y la propia voracidad de la multinacional que como todas se alimentan de los intereses del dinero; determinaron la emergencia de ese colectivo que se institucionalizó con el reconocimiento jurídico de la comunidad a partir del otorgamiento de la personería jurídica en el año 2001.
Dos años después, la Seabord lograba el desalojo de La Loma. El éxito del despojo obedeció a una serie de movimientos fríamente ejecutados: dividir a la comunidad entre aquellos que reivindicaban la propiedad ancestral de los terrenos y aquellos que se contentaron con ser objetos de magras políticas habitacionales que el gobierno de Romero impulsó a pedido de la firma; convertir la reivindicación comunitaria en una cuestión de nacionalidades en donde el astutos letrados al servicio de la multinacional esgrimieron que el origen boliviano de miembros de la etnia inhabilitaba la demanda de la propiedad ancestral; y finalmente la apelación a la violencia para imponer la voluntad del poderoso sobre la comunidad por medio de un desalojo sin orden judicial, golpes, detenciones arbitrarias y hasta un simulacro de fusilamiento en la comisaria de Irigoyen. El miedo, finalmente, se impuso y amordazó a la indignación y el pedido de justicia.
Al momento de esos hechos, según el Censo 2010, la población Ava Guaraní de la provincia oscilaba en los 10.665 miembros de los cuales 9.622 ya residían en las ciudades. Con los hechos concretados, el desmembramiento de la comunidad se produjo con muchos que devinieron en residentes de asentamientos urbanos y a grupos reducidos al tamaño de pequeños pelotones. Uno de ellos estuvo conformado por poco más de diez familias que partieron al sur y se ubicaron en la localidad El Peligro, del partido de La Plata en la provincia de Buenos Aires.
A ese grupo hizo referencia la Defensoría del Pueblo de la nación el 7 de septiembre del 2016. Fue en el exhorto ya mencionado que detalló que los Ava Guaraní lograron generar vínculos con la tierra que ahora ocupan, aun cuando las tres hectáreas que por familia explotaban en Orán, se redujeron en Buenos Aires a tres parcelas que en conjunto suponen tres hectáreas destinadas al cultivo de verduras y hortalizas: base del sustento comunitario.
La escasez de tierra se combinó con la imposibilidad de pagar el arriendo de $7.000 mensuales, cubrir los costos de los insumos necesarios para la producción, la falta de créditos estatales y la propia manutención comunitaria. El coctel deslizó a miembros de la colectividad a recurrir individualmente préstamos usurarios que pusieron al servicio de los objetivos colectivos aunque los intereses terminaron complicando más la situación. Acorralados, recurrieron a la Defensoría del Pueblo en mayo de 2014. Lo hicieron asesorados por técnicos de asociaciones civiles que recordaron que la constitución nacional y los tratados internacionales prevén la adjudicación de “tierras aptas y suficientes a aquellas comunidades que hayan sido despojadas o desalojadas de sus territorio ancestrales”.
Fue la propia Defensoría quien recurrió al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para recordarles la obligación de garantizar esos derechos a los salteños. El organismo respondió el 9 de septiembre de 2014 que el precio de la tierra bonaerense que habitaban los expatriados de Orán superaba las posibilidades presupuestarias del organismo que, sin embargo, se comprometía a generar un espacio que articulara esfuerzos y actores con el objeto de hallar alternativas de solución al respecto.
La Mesa de Dialogo quedó finalmente acordado. Participaban de ella organismos nacionales y de la provincia de Buenos Aires, la propia comunidad y los asesores de esta que provenían de la Comisión Provincial de la Memoria y de la Universidad de La Plata quienes buscaban redimir a quienes en Orán habían padecido la implacabilidad de una corporación y en Buenos Aires la implacabilidad de las reglas del mercado. Entre el 10 de febrero del 2015 y el 18 de julio del 2016, la “Mesa” concretó diez reuniones.
El funcionamiento de la “Mesa” asumió las características típica en estos casos: acuerdos que mostraban avances, reparos que indicaban los retrocesos, cambios de marcha, frenos, aceleramientos y el anuncio en la reunión del 18 de septiembre del 2015 de la Secretaría Nacional de Hábitat de que tras mucho andar, estaba la posibilidad de subsidiar parte de la compra de los terrenos de El Peligro, que la tasación estaba en marcha y que una vez tasada quedaba el último de los pasos: el visto bueno de la Jefatura de Gabinete nacional.
Fue entonces cuando el ritmo de la política lo abortó todo. Primero el proselitismo nacional, luego el triunfo electoral de una nueva fuerza, más luego la asunción del nuevo gobierno y finalmente una nueva reunión (15 de marzo del 2016) en donde los representantes de gobierno bonaerense y de la nación ya no eran los de septiembre del 2015. Los ritmos de la política son increíblemente así: escenarios que cambian a un paso mucho más rápido que el de la existencia cotidiana de los hombres y mujeres grises que ven emerger nuevos líderes que en nombre de la herencia o de los nuevos objetivos nacionales, perpetúan en el tiempo las desgracias de los nadies salteños que diseminados entre los 360 indígenas que habitan el territorio bonaerense y que tampoco serán representados por alguno de los tres senadores nacionales por Salta que fueron testigos de la conformación de una comisión abocada a resguardar los derechos indígenas, pero que prefirieron no formar parte de la misma.
