Salta adhirió al fallo FAL recién el año pasado luego del repudio social por el caso de una menor de 11 años embarazada producto de violaciones reiteradas. A Urtubey en plena campaña por su candidatura presidencial no le quedó otra.
A pesar de los siete años transcurridos desde este fallo histórico, hay provincias como Tucumán, que no lo aplican. El último informe sombra al comité CEDAW consigna la situación del acceso a los abortos legales en la Argentina y el dictado de protocolos de atención de acuerdo a los parámetros del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del que hoy se cumplen siete años. Sólo 10 jurisdicciones adhirieron al protocolo nacional (Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Chaco), 6 cuentan con protocolos propios (Catamarca, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires), 4 no adhirieron expresamente pero aplican el protocolo nacional (Formosa, San Juan, San Luis y Mendoza) y 4 no tienen protocolo propio ni adhirieron al nacional (Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán).
En nuestra provincia el año pasado una niña de 11 años quedó embarazada de su padrastro y esta situación despertó la indignación de todo el país, más aún cuando se conoció que Salta no estaba adherida al protocolo de aborto no punible. Esta situación generó una gran presión social sobre el ultracatólico Juan Manuel Urtubey, quien debió decidir adherir a este protocolo y la niña pudo interrumpir su embarazo producto de un abuso.
la provincia de Salta tenía su propio protocolo, dispuesto por Urtubey en 2012 a través del decreto 1170. El mismo generó un fuerte repudio, ya que establecía que la interrupción del embarazo podía realizarse hasta la semana 12 de gestación, aún en casos de abuso sexual. A la niña en cuestión, en tanto, se la obligó a continuar el embarazo, ya que lo detectaron cuando cursaba la semana 19. Estos plazos, por su parte, correspondían sólo a esa provincia, ya que no los establecen ni el Código Penal ni el fallo F.A.L. de la Corte Suprema.
«La Provincia de Salta, a través del decreto 584/18, adhirió hoy al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación», dijo Urtubey en su cuenta de Twitter.
Allí detalló que «en la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad» y aclaró que «en 2012, la Provincia elaboró un protocolo como consecuencia del fallo (FAL) de la Corte Suprema de la Nación en virtud de la inexistencia de un protocolo nacional para regular en la materia».
