Enfrentan una acusación por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La fiscalía los considera responsables de maniobras que perjudicaron al Estado Nacional por más de 3 millones de pesos.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por Mario Marcelo Juárez Almaraz, Federico Santiago Díaz (presidente) y Marta Liliana Snopek, dio inicio el miércoles pasado al juicio seguido a dos empleados de la Unidad Salta del PAMI, Claudio Marcelo Palacios y Ricardo Gabriel Coronel, y a Sebastián Gonzalo Villagrán Di Prieto, propietario de una empresa de logística y servicios audiovisuales.

Abierto el debate, el fiscal federal a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, señaló que a lo largo del juicio probará que los empleados públicos incurrieron en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de coautores, y que demostrará que Villagrán Di Prieto fue partícipe necesario en el primero de aquellos delitos.

El fiscal recordó que el caso se inició a partir de una denuncia anónima en la que se implicó a los tres acusados. Luego describió la maniobra, que fue dilucidada a partir de tareas de campo e inteligencia criminal que se llevaron adelante desde el área a su cargo y en las que intervinieron el auxiliar fiscal Facundo Mirabella y Ana Gómez Rincón, Nicolas Dubois y Facundo Saravia, personal del MPF.

Sobre la modalidad delictiva, Toranzos refirió que tanto Palacios como Coronel eran los encargados de preparar la documentación mediante la cual se tercerizaban ciertos servicios que eran pagados por ese organismo nacional.

Por cada contratación -explicó- se presentaban tres presupuestos y se optaba por la mejor oferta. Los servicios eran requeridos para actividades que el PAMI llevaba adelante, como por ejemplo el festejo de 50 años del organismo en distintos centros de jubilados.