Horacio Verbitsky presentó en Londres la edición en inglés del libro “Cuentas pendientes. La complicidad económica con la última dictadura”. El libro incluye el caso de empresas como la Veloz del Norte en Salta.
El propio periodista uso su columna dominguera en Página 12 para relatar los pormenores de la publicación en inglés del libro sobre la complicidad económica con la última dictadura ocurre a dos años de su primera edición en castellano.
Además, recordó que el Centro de Estudios Legales y Sociales que preside junto con el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso, sede Argentina), y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través de la Secretaría de Derechos Humanos y del Programa Verdad y Justicia, emprendieron un ambicioso estudio sobre el tema que abarcó 25 importantes firmas. Las mismas, explicó, fueron elegidas según criterios complementarios: “que comprendieran diversas actividades económicas, estuvieran localizadas en distintas regiones del país y que el Ejército les hubiera atribuido una importancia especial, por ser líderes en sus respectivas ramas de actividad o bien proveedoras de bienes y servicios a las Fuerzas Armadas y de Seguridad”.
Ese trabajo que cuenta con más de mil páginas, fue entregado la semana pasada junto con sus anexos relevantes al titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, Jorge Auat. El jueves 3 será presentado en un acto público en el auditorio Emilio Mignone de la Flacso, por Eduardo Basualdo, el propio Verbitsky y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.
En las 25 empresas, se identificaron casi 900 víctimas del terrorismo de Estado: 354 están desaparecidas; 65 fueron asesinadas y más de 450 sufrieron formas diversas de represión y fueron luego liberadas. La mayoría eran trabajadorxs y ex trabajadorxs de esas empresas, que participaron de los procesos de conflicto y organización obrera previos al golpe de 1976. Entonces fueron despedidos o debieron renunciar a raíz de la represión y para preservar su seguridad. Después del golpe, volvieron por ellos.
En cinco de los casos existieron entre 70 y más de 100 trabajadorxs víctimas de la represión: Astillero Río Santiago, Dálmine-Siderca, Acindar, Ingenio Ledesma y FIAT. En otros cinco las víctimas fueron entre 30 y 40, al tiempo que en otras catorce empresas existieron entre 10 y 30 trabajadores víctimas. En el diario “La Nueva Provincia” se registraron dos víctimas.
Las prácticas detectadas fueron: Secuestro de trabajadores en las fábricas y despido o retiro forzado de obreros activistas (88%); Entrega a las fuerzas represivas de información privada de los trabajadores y listas de delegados (76%); Presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento dentro las fábricas (72%); Oficiales de fuerzas armadas o de seguridad en cargos directivos (68%); Agentes de inteligencia infiltrados (60%); Operativos militares en los predios fabriles (56%); Cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y hasta torturas (52%); Habilitación de instalaciones para el asentamiento de fuerzas represivas (48%); Aportes económicos a las fuerzas represivas (48%); Uso de vehículos de la empresa en operativos de detención y secuestro (40%); Control militarizado del ingreso a la planta fabril (40%); Amenazas de directivos con el uso de la fuerza represiva (36%); Pedidos de detención de parte de directivos (36%); Pedidos de intervención militar en conflictos (32%); Secuestros de trabajadores en el trayecto entre la empresa y el trabajo (32%); Agencias de seguridad en las empresas (32%); Centros clandestinos de detención en establecimientos de la empresa (24%); Control militarizado de la producción (16%); Retención y tortura en espacios de la fábrica (16%);
El nivel máximo de militarización de los establecimientos fue la instalación de centros clandestinos de detención y tortura dentro de los propios espacios laborales. Esta práctica no se restringió a una determinada empresa, actividad económica, ni región, sino que se plasmó en una diversidad de ellas. Las cinco empresas en cuyos predios se verificaron lugares de reclusión, en los que las víctimas fueron ilegalmente detenidas y sujetas a maltratos y torturas son una siderúrgica en Santa Fe (Acindar), una automotriz y un astillero en el Gran Buenos Aires (Ford y Astillero Río Santiago), un ingenio azucarero en Tucumán (La Fronterita), y una empresa de transporte en Salta (La Veloz del Norte).
En cuatro casos, los propios directivos empresarios intervinieron en el secuestro, cautiverio y/o tortura de los trabajadores.