En esta ocasión se trata de la Concesión de los Peajes en Argentina. Norma jean

La causa está en el Juzgado de Rodolfo Canicoba Corral caratulada como “Negociación Fraudulenta en la Renegociación de la Concesión de los Peajes”.
El principal implicado e imputado es Guillermo Dietrich, ex Ministro de Transporte. También está vinculado a esta causa Nicolás Dujovne, quien se negó a declarar cuando fue citado, y se limito a presentar un escrito.
Dietrich, también se negó a declarar, y presento un escrito de 130 páginas en el que rechazó haber cometido delitos y se negó a contestar preguntas.
En el escrito dio detalles técnicos sobre como fue la operatoria, y aprovechó para recusar a Canicoba Corral por “Parcialidad Manifiesta” y por el “Supuesto Manejo arbitrario” del Expediente.
Guillermo Dietrich está sindicado como uno de los responsables de haber beneficiado a Autopistas del Sol (AUSOL) y al grupo Consecionario Oeste S.A. con la prolongación de las concesiones en Acceso Norte y Acceso Oeste, sin licitación, hasta el 2030, en un acto que incluyó el reconocimiento de supuestas deudas por atrasos tarifarios por U$S 499 millones y  U$S 247 millones  respectivamente.
Este nuevo procesamiento se suma al que resolvió días atrás sobre el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro durante el macrismo Bernardo Saravia Frías, a quienes fijó embargos por 500.
Dietrich, argumentó que se indemnizó a las empresas de peajes con  U$S 500 millones «porque eso salvó al país de pagar U$S 3.000 millones». También sostuvo que no benefició a Mauricio Macri ni con esa indemnización ni con los aumentos de tarifas de los peajes ni con la renovación de las concesiones porque el Grupo Macri sólo estaba representado en un 2,37% de las acciones y las vendió en 2017.
Estos argumentos ya fueron rebatidos por la prueba documental que consta en la causa y hasta por el ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que sostuvo que la indemnización de ninguna manera correspondía.
La audiencia del viernes pasado, se realizó por videollamada, pero Dietrich entregó su declaración en forma de escrita. El diálogo fue breve: el exministro afirmó «me remito al escrito presentado» y «no voy a contestar preguntas».
Esta causa comenzó a partir de una denuncia de los diputados Rodolfo Tahilade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau. La investigación se puntualiza en la prórroga de las concesiones por diez años más sin el llamado a una nueva licitación, que por ley debió haberse realizado; el pago a las empresas por parte del Estado de casi U$S 500 millones por supuestas inversiones no amortizadas y la venta de las acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol S.A. a una empresa sin experiencia en el rubro, llamada Natal Inversiones S.A. Las acciones fueron compradas a un 400% más caras de lo que valían.
Canicoba Corral solicitó un allanamiento vía Cancillería a la justicia española, de la empresa Abertis, controlante de Autopistas del Sol. En esa empresa tenía acciones el Grupo Socma de la familia Macri.
La causa se caratula “Mauricio Macri y otros, sobre abuso de autoridad y violación deberes de funcionario público”. Allí se hace alusión a las maniobras fraudulentas que se habrían sucedido en una renegociación del contrato de Autopistas del Sol en perjuicio del Estado y, además, una entrega de casi 500 millones de dólares a las concesionarias de peajes -en las que la familia Macri tenía parte de las acciones- por “inversión no realizada por el Estado”. Así, la causa avanza como «Posible defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública», durante la presidencia de Macri.
El rol de Nicolás Dujovne quedó en la mira de los investigadores porque no realizó el informe técnico-económico sobre la conveniencia o no de las prórrogas. En cambio, se contrató a un consultor externo para que evaluara si los nuevos pliegos de la Panamericana y el Acceso Oeste eran beneficiosos o no para el Estado, tarea que le correspondía al Ministerio de Hacienda. Formalmente se llama «Informe de mérito de conveniencia».
Se delegó a un privado la tarea de velar por los intereses del Estado, rol que debía haber ocupado en ese caso a la cartera que comandaba Dujovne.
El pedido de Canicoba Corral fue a Vialidad para determinar porqué se contrató a un privado para ese trabajo y cuáles fueron los honorarios que recibió a cambio.
Los ahora procesados ex funcionarios alegan que el juez ya no puede ser parcial porque ellos formaron parte de la gestión a la que Canicoba acusó de amedrentarlo. El magistrado rechazó la recusación y ahora la Cámara Federal tiene 48 horas para resolverla. Interviene la Sala 2, cuyo titular es Martín Irurzun, uno de los jueces favorito de Comodoro Py, creador de la “Doctrina Irurzum” con la que se persiguió a muchos ex funcionarios K.
El reemplazante de Canicoba Corral, quien se jubila en breve, será el Juez Julián Ercolini, quien es uno de los jueces más criticados por el Presidente Alberto Fernández, con una intensidad que solo se explica desde las ruinas de una relación que supo ser estrecha. Los dos tienen una historia común: compartieron en la facultad de Derecho la cátedra de Esteban Righi (ex ministro del Interior de Héctor Cámpora y ex procurador durante el kirchnerismo) y también su padrinazgo.
Una de las críticas más fuertes que le hizo públicamente el Presidente a Ercolini fue por haber enviado a juicio oral a Cristina Kirchner por el manejo de la obra pública, en el único proceso que avanzó hasta llevarla al banquillo (y que ella denunció como «caso paradigmático de lawfare»).
Ese es el juez que deberá continuar con la causa de los Peajes que involucra al Macrismo en pleno, encabezada por el mismo Mauricio Macri.

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