Organizaciones de América Latina en la investigación denominada “Mujeres trans privadas de libertad: la invisibilidad tras los muros” informaron sobre la situación actual de las mujeres trans en las cárceles de Latinoamérica destacando las violaciones a los derechos humanos y violaciones de género que viven están mujeres. (Por Guadalupe Macedo)

Las cárceles son un espacio de aislamiento y control que funcionan como administradoras del castigo, son lugares propensos a la violación de los derechos humanos.

La mala alimentación, los déficit de salud y la violencia entre compañeros y compañeras de pabellones y de los y las agentes penitenciarios son las principales violencias que viven las mujeres trans privadas de su libertad según la investigación realizada por, Procuración Penitenciaria de la Nación en Argentina, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Equis: Justicia para las Mujeres, la Red Corpora en Libertad y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entre otras. El informe analiza la situación de vulnerabilidad antes de ingresar a la prisión, la vulneración de derechos que viven dentro de las unidades penales y las imposibilidades de reinsertarse en la sociedad luego de salir de la cárcel. “En Argentina, las mujeres trans privadas de la libertad han denunciado malos tratos y disconformidad con las prestaciones de salud recibidas, han enfrentado discriminación y discontinuidad de los tratamientos hormonales que realizaban en libertad. En el año 2017, fallecieron 3 mujeres trans privadas de libertad “por complicaciones derivadas de su estado de salud, las pésimas condiciones de detención y la inacción del poder judicial ante los reclamos” destaca la investigación.

El sistema social se constituye en base de engranajes masculinos y femeninos, el binarismo garantiza el correcto funcionamiento. El aparato social y su moral patriarcal no soportan lo trans, su integración lo corrompería. Teje circuitos a fin de conservar su estructura binaria, falsamente equilibrada, a través de la homogenización. Estos nuevos circuitos tienden a eliminar lo diferente. Los cuerpos diferentes, los cuerpos trans están condenados a sobrevivir en el aparato social, con un restringido acceso a sus derechos elementales (salud – educación – acceso al trabajo – libre circulación – acceso a la vivienda, mencionando algunos). “En Argentina, para la población general el promedio de vida es de 77 años; sin embargo, las mujeres trans fallecen, como promedio, a los 32 años, producto de la violencia y la exclusión social, política, económica, estructural y sistemática” destaca el informe informando como este grupo social es vulnerable a las enfermedades de transmisión sexual principalmente VIH, sífilis y la hepatitis B.

La vulneración de derechos humanos se agudiza en las mujeres trans ya que antes de ingresar a las cárceles son vulnerables pero dentro del contexto de encierro sufren violencias físicas, sexuales y psicológicas. “Además de los retos que el encarcelamiento impone a las personas privadas de la libertad, las mujeres trans presentan desafíos relacionados con el alojamiento, su identificación, las requisas, el acceso a servicios médicos, la privacidad, las visitas conyugales, entre otros” analiza el informe.

Los tránsitos de cuerpos disidentes en instituciones polarizadas por el lógicas binarizantes de masculino/femenino. La vulnerabilidad que viven las mujeres Trans dentro del contexto penitenciario ya que se ejerce violencia sobre ellas por parte del personal penitenciario (principalmente en la práctica de las requisas, acceso a la salud y denominación hacia su persona), como por parte de los internos ya que caen en los escalafones más bajos de las jerarquías carcelarias. Evidencian que son muy pocos los casos de violencia que son denunciados. Las mujeres trans muestran un nivel bajo de escolarización y precariedad laboral, desocupación. Esta población es discriminada por tener una construcción identitario diferente a la heteronormatividad. “Los resultados de la primera en­cuesta sobre la población trans de 2012 indi­can que el 83 por ciento de las personas trans encuestadas han sido víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial” cita el informe.

El alojamiento en las cárceles representa una violación a  los Principios de Yogyakarta,  ya que “los países de la región no involucran a las mujeres trans en la decisión del alojamiento. Las mujeres trans a menudo son ubicadas en cárceles para hombres, lo cual viola sus derechos de identidad e incrementa el riesgo de violencia sexual” cita el informe. En Argentina,  el informe destaca que: “en algunas provincias existen espacios de alojamiento exclusivos para mujeres trans mientras que, en otras regiones del país, deben convivir con imputados y condenados por delitos contra la integridad sexual. Por otra parte, el sistema federal permite el alojamiento de mujeres trans en cárceles que alojan a mujeres cis. Si bien esta medida parecería estar acorde a la normativa vigente, continúan presentándose dificultades para el efectivo cumplimiento de la ley de identidad de género. Las instituciones del sistema judicial no respetan el derecho a la consulta sobre el alojamiento de las personas; así como tampoco acerca del género autopercibido, lo cual produce clasificaciones discrecionales”

La investigación muestra como Argentina posee todos los estándares legales. Pero nuestra realidad nos revela que, a pesar de poseer un aparato legislativo de avanzada a nivel nacional y provincial, que es ejemplo de conquista en materia de Derechos Humanos para el mundo, las instituciones las personas se resisten a comprenderla desde la Perspectiva de Género necesaria para construir relaciones más igualitarias. Esta resistencia emerge tanto a nivel práctico como discursivo en las distintas maneras en que la Violencia contra las Mujeres se manifiesta.

En Salta, los dispositivos de encierro funcionan todavía según la distinción sexo – género que históricamente ha organizado la sociedad. En las cárceles de varones, los presos son personas que en su Documento Nacional de identidad pertenecen al sexo masculino como así también sus guardiascárceles y en las cárceles de mujeres aquellas personas pertenecientes al sexo femenino. Por esta razón no existe en la provincia un número exacto de las mujeres trans privadas de su libertad.

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