El varias veces denunciado intendente de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca, fue acusado de montar un negocio con la emergencia agropecuaria que el gobierno declaró para asistir a los afectados por las inundaciones: fletes millonarios. (Gonzalo Teruel)

Desde los pasillos de la Legislatura, el martes último, el diputado Ramón “Rana” Villa advirtió que pese a los operativos del Comité de Crisis, en el departamento Rivadavia hay familias inundadas sin asistencia porque “no se pudo llegar a todos los rincones y hay lugares inaccesibles”. Según contó el legislador a distintos medios de prensa apostados para cubrir la sesión de Diputados, en su departamento hay lugares aislados a los que no se puede llegar ni siquiera vía área porque “son inaccesibles, aun para los helicópteros”.

Después, ya en el recinto y durante la propia sesión, Villa repitió sus dichos y agregó algo más grave aún: el intendente de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca, aprovecha esa dramática situación en propio beneficio. “Un grupo de campesinos me informó que el intendente les puso a disposición el camión de su empresa para trasladar forrajes, ahora que están en crisis, pero les cobra $17 mil por cada viaje” acusó Villa y denunció que así, sin escrúpulos, Cuenca lucra con los recursos de la Emergencia Agropecuaria para los afectados por las inundaciones.

Hace un par de meses, en enero, el mismo legislador ya había expresado su preocupación por la falta de control de los fondos que la provincia envía a su territorio para prevenir y revertir la desnutrición de los niños de las comunidades originarias. “El gobernador Juan Manuel Urtubey está preocupado y ocupado en el tema” valoró Villa, pero advirtió que “hay mucho dinero que la provincia invierte en Rivadavia, pero es importante tener un control más estricto de cómo se los maneja”. La advertencia estaba dirigida a los funcionarios del gobierno provincial, los ministros de Primera Infancia, Salud Pública y Asuntos Indígenas, para que controlen el manejo en territorio de los recursos por parte de Cuenca y los otros barones de la zona como Moisés Balderrama de Santa Victoria Este y Atta Gerala de Rivadavia Banda Norte.

Aquella sospecha y esta denuncia tienen un porqué. Leopoldo Cuenca no puede explicar cómo hizo, después de quebrar una carnicería y de administrar un cyber, para convertirse en un potentado terrateniente del norte salteño.

En 2012 una denuncia pública de concejales y vecinos reveló como, ya intendente durante casi 10 años, a través de acuerdos turbios y forzadas cesiones de derechos y actos posesorios se adueñó de miles de hectáreas. Sin vergüenza el propio jefe comunal reconoció que ante la presencia de “un particular que decía ser dueño de las tierras en las que vivían campesinos y puesteros” él se hizo cargo de los costos de las acciones judiciales que frenarían la pretensión del supuesto propietario a cambio de la cesión de del 70% de los terrenos. Esa singular intervención le representó al intendente cerca de 36 mil hectáreas. Jamás se acomplejó de ello y argumentó ante la prensa que difícilmente se quedaría con el 70% de las tierras y calculaba que le correspondería “el 50% o menos” y que “con los vecinos quedó en claro desde un comienzo que este convenio lo hacía como particular y no como intendente”.

Un par de informes de la Auditoría General de la Provincia confirmaron también, oportunamente, las sospechas por los manejos irregulares de su gestión municipal. En abril de 2010 un documento sobre la evolución presupuestaria municipal en los años 2007 y 2008 concluyó “sin opinión” porque Cuenca ni siquiera suministró los papeles y comprobantes requeridos por los profesionales del organismo de control.

Sin embargo, quedó en evidencia que la intendencia trabajaba sin tesorería y que en consecuencia los fondos públicos eran administrados, como propios, por el capanga municipal. La Auditoría no pudo establecer el circuito de los fondos recaudados por diferentes tasas, aranceles e impuestos municipales porque sencillamente no se encontraron comprobantes de ninguna naturaleza. Pero si se constató de algún modo la compra de vehículos y una radio FM sin acuerdo del Concejo Deliberante y hasta la usurpación de los Lotes Fiscales 26 y 29. En aquella oportunidad, hace 10 años, la mínima muestra elaborada por los profesionales del organismo de contralor sobre el pago de “bienes de uso” y “servicios” no pudo determinar el destino de unos $300 mil.

Otro documento, publicado en diciembre de 2012 sobre la gestión financiera municipal entre finales del 2010 y el primer semestre del 2011, arrojó resultados aún peores: nombramientos de familiares directos en cargos claves del municipio, contratos a empresas que nunca prestaron los servicios convenidos, inexistencia de sistemas y registros de los movimientos financieros, contables y patrimoniales, emisión de cheques con la única firma del intendente, ejecución presupuestaria no ajustada a los conceptos contenidos en el Presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera.

Los auditores descubrieron casi 60 compras por más de $1,7 millones sin legajos o expedientes que permitieran algún control. En ese documento se encuentran un par de inverosímiles situaciones que desnudan la forma en la que Cuenca ejerce el poder y agiganta su fortuna. La intendencia informó la compra de un camión por casi $85 mil pero ante la consulta de los profesionales de la Auditoría, el secretario de Gobierno y responsable del parque automotor municipal, Fermín Salazar, respondió que “solo se compró una camioneta Toyota Hilux que utiliza el intendente”. El mismo funcionario también “explicó” que no se elaboró padrón alguno ni se dejó registro de los beneficiados con asistencia alimentaria porque “a todas (las ayudas) la autorizó él y en el pueblo son pocos y todos conocen las necesidades”.

La cantidad de recursos que manejó y maneja Cuenca, casi sin control alguno, es incalculable aunque una última aproximación calculaba en $16 millones los que llegaron a las manos de Cuenca en concepto de Coparticipación, Fondo Federal Solidario y Ayuda Social en el año 2015. A esos dineros, claro, deben sumarse los correspondientes a las obras públicas contenidas en el Fondo de Reparación Histórica y las del Plan del Bicentenario gestionadas por el gobierno provincial.

La sospecha, acusación y denuncia del diputado Ramón Villa tienen estos y muchos otros antecedentes de corrupción en el segundo departamento más pobre de la Argentina.