El proyecto presentado por un legislador bonaerense para transferir 600 hectáreas del INTA Salta al plan «Mi Lote» despertó las más variadas reacciones y rechazos. Intereses y negocios que se imponen ante los efectos de una política habitacional deficiente.
A un año de su puesta en marcha, el plan «Mi Lote» es un mar de indefiniciones y la adquisición de tierras para viviendas muestra un serio estancamiento.
Para avanzar en la adquisición de tierras del INTA, el gobierno recurrió a delegados del massismo en Buenos Aires, pasando por alto a los legisladores por Salta.
El romerismo, en consonancia con terratenientes locales, se alza en defensa de sus intereses.
Mientras tanto, los jerarcas tabacaleros temen por el destino de las investigaciones sobre cannabis que el INTA tenía en agenda y que representan un negocio de u$s 550 millones.
Es sabido que la provincia de Salta afronta desde 2001 a la fecha un crecimiento vertiginoso de la demanda habitacional que, además, se suma a la escasez de infraestructura y de espacios concretos donde construir. Esta realidad se expresa en el hecho de que, según cálculos oficiales, al menos unas 50 mil familias no cuentan al día de hoy con una vivienda propia. Y esto si se toma en consideración sólo los 30 mil grupos familiares inscriptos en los programas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y los 20 mil que aguardan por definiciones sobre el plan «Mi Lote». Fuera de ese universo, el déficit es aún más profundo.
En un contexto agravado por la pandemia y por la proliferación de asentamientos populares, el gobernador Gustavo Sáenz anunció el año pasado la apertura de inscripciones para la entrega de entre 10 mil y 12 mil lotes en toda la provincia. Pero a más de un año de aquel anuncio, abundan las indefiniciones y sobran los postulantes. Todo apunta a que la premura por desactivar los conflictos habitacionales en puerta llevó a que las inscripciones para el denominado plan «Mi Lote» se abrieran cuando aún no había una sola parcela para sortear.
Doce meses después la situación no sólo no ha cambiado, sino que además se postergó la expropiación y adquisición de tierras para después de realizados los sorteos. En palabras del secretario de Tierra y Bienes del Estado Esteba Carral: «los sorteos se van a hacer previo a que estén los terrenos. Los beneficiarios van a tener que generar una carpeta en el IPV, con una serie de requisitos y se les va a dar el tiempo mientras estemos en obra».
A finales de 2020, el presidente del IPV Gustavo Carrizo confirmó que el gobernador Gustavo Sáenz había viajado a Buenos Aires para «gestionar tierras nacionales», aclarando que no se trataba de los terrenos del ejército en el ejido municipal. Tal vez haya sido este un anticipo del proyecto presentado meses después en el congreso nacional por parte del legislador por Buenos Aires Carlos Américo Selva, para transferir a título gratuito 596 hectáreas del INTA a la provincia. La iniciativa del legislador de Mercedes propone en su artículo 1 ceder el dominio del inmueble propiedad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ubicado en el Departamento de Cerrillos, a 10 kilómetros de la Capital, cuya superficie es de 2.576,72 m2. El proyecto consiste en la subdivisión de una fracción remanente de 596 hectáreas en 2895 lotes con destino a «desarrollo de infraestructura en servicios, habilitación de plazas, espacios públicos, unidades educacionales, sanitarias, asistenciales, culturales y deportivas».
Tiempo antes de su presentación en los despachos del congreso, el proyecto ya estaba en mente del gobierno provincial. Tras declarar de interés público el proyecto “Autopista Circunvalación Noroeste – Ruta provincial N° 28- San Lorenzo. Construcción Paso Bajo Nivel. Rotonda San Pablo”, el ministro de Infraestructura Sergio Camacho, explicó para esa actividad se destinarían tierras del INTA al plan Mi Lote.
El establecimiento del INTA posee un total de 1142 hectáreas. La quita le sacaría prácticamente la mitad de la superficie total. El 80% de ellas tiene aptitud agrícola. “En el campo experimental de la EEA Salta se llevan adelante diversas actividades de investigación, demostración y transferencia en cultivos hortícolas, cultivos extensivos, cultivo de tabaco, pasturas y cultivos de forrajes conservados, cultivos de cobertura para la recuperación de suelos degradados, campos de experimentación en arboles forestales nativos (de reciente instalación), y frutales para la experimentación de variedades de primicia”, dice un informe técnico del organismo.
En Salta se hace cerca del 70% de la producción nacional de legumbres. Allí en el INTA está el Banco de Germoplasma del Noroeste Argentino (Banoa), “que mantiene una importante colección de poblaciones silvestres y primitivas de poroto colectadas en el NOA y ha incorporado recientemente una colección de trabajo de garbanzos introducidos”, agrega.
El proyecto despertó reacciones y rechazos de todo tipo, comenzando por un grupo de internautas y usuarios de redes, quienes convocaron a frenar la transferencia de tierras en la plataforma digital de diputados. En un comunicado viralizado a través de redes de mensajería destacaron la importancia del instituto en la experimentación de cultivos, ensayos de variedades, mejoramiento varietal, producción de semillas, ganadería, lechería y quesería, conservación de diversidad y represas para el manejo del agua.
Hasta los menos indicados se sintieron con derecho a tomar la palabra. Tal es el caso del senador Juan Carlos Romero, que en una demostración colosal de cinismo, escribió vía Twitter: «Mi desacuerdo total en despojar al INTA de tierras utilizadas para investigación. Para viviendas, lo correcto es comprar. Habiendo tanta tierra en el valle de Lerma para desarrollo habitacional, ni quitar ni expropiar es la forma». Como era lógico, no faltaron los que le recordaron al exmandatario que aún debe explicaciones a 1800 familias a las que dejó en la calle cuando se apropió de 90 hectáreas en La Ciénaga. Otros en cambio remarcaron que las investigaciones agrícolas desarrolladas en el instituto siempre sirvieron a los intereses de la familia Romero, que de agronegocios sabe bastante.
Un pedido de Sáenz
Para hacer llegar la requisitoria al Congreso de la Nación, el saenzismo recurrió a sus antiguos vínculos con el Partido Renovador de Sergio Massa, al que pertenece el autor del proyecto. Lo que parece dejar atrás las pretensiones de Andrés Zottos de erigirse como el espadachín de Sáenz en la cámara baja. De acuerdo a lo manifestado por el autor del proyecto a una emisora local, el pedido de esos terrenos, unas 596 hectáreas, fue enviado desde la Provincia “para complementar un plan de infraestructura que Salta ya tiene presentado y aprobado”. “Llegó un pedido de la Provincia que venía trabajando con esto en un momento dado. A mí me pareció oportuno, yo fui intendente y sé lo que significa”, sostuvo Carlos Américo Selva.
Y añadió: “Fue una visión que me llega desde la Provincia. En la conversación que mantuvimos con algunos representantes, tenían la mirada puesta en eso. Elevaron unos planos que ahora fueron ajustados en la primera reunión de comisión. Fue un informe que vino desde la provincia”.
Por su parte, el director del Centro Regional Salta Jujuy del INTA, José Minetti, -por indicación del Consejo del Centro Regional Salta Jujuy- presentó una nota al Gobierno de Salta en la que se explica la importancia para el INTA de las tierras en cuestión y se solicita que se reconsidere el pedido de transferencia de estas.
Lo que nadie puede explicar con exactitud es por qué se pensó en un predio ubicado a 10 kilómetros de la Capital, existiendo un terreno ocioso y de semejante proporción como el del Ejército argentino. Tampoco se hace mención a los predios categorizados como «rurales» que se encuentran dentro del ejido urbano incumpliendo todo tipo de normativas.
62 años de investigación
El INTA tomó posesión del inmueble ubicado en Cerrillos (Salta) el 16 enero 1959. Inició oficialmente las actividades el 7 de abril 1959 y el predio se escrituró el 12 de junio de 1959. En la Resolución N° 286/58 del Consejo Directivo del INTA “Se ordena la compra de la finca “San Miguel de los Cerrillos” propiedad de Maria Elena Costas de Patrón Costas, con una superficie de 1000 hectáreas, integrada por dos fracciones denominadas San Luis y San Miguel, a su vez la propietaria donó las 142 hectáreas más de cerro que hasta sus cumbres definían el límite sur.”
De esta manera INTA inició hace 62 años atrás sus las actividades en la Estación Experimental Regional Agropecuaria Salta (EERA Salta y Jujuy), hoy denominada EEA Salta.
La creación de la EERA Salta ocurrió por la fusión de otras unidades de INTA de aquel entonces, que en general tenían su origen en unidades del Ministerio de Agricultura, entre otras, la Estación Experimental de Coronel Moldes y la Estación Experimental de Jujuy (Palpalá).
Intereses cannábicos
El INTA Salta fue propuesto en 2017 como centro de producción de cannabis tras la aprobación en el congreso de la ley que regula la provisión medicinal de la planta. Uno de los impulsores de la idea fue el médico y actual candidato a diputado provincial Bernardo Biella, quien sostuvo que en la provincia: «Tenemos condiciones de temperatura y humedad bastante especiales para generar el cannabis. Por eso hemos llevado la iniciativa a la Nación».
Quienes tomaron nota rápidamente del asunto fueron los mandamases de la Cámara del Tabaco y el Fondo Especial del Tabaco. En ambos casos, se ofrecieron como aportantes de recursos económicos para el desarrollo de un proyecto inspirado en la experiencia jujeña.
La iniciativa planteada por un profesional salteño busca realizar pruebas en el Valle de Lerma con 8 cepas de semillas que se pretende importar de España, Holanda, Suiza y Uruguay con alto contenido en CBD y poco en THC. Estos componentes son fitocannabinoides, el CBD es lo que se usa sobre todo de forma terapéutica para medicamentos y el THC es lo que se suele emplear con fines recreativos. El profesional explicó que para uso medicinal también se requiere THC pero en muy pocas concentraciones, debe ser menos de 0,3%.
Según se supo, el consenso de las instituciones ya estaría prácticamente asegurado y sólo faltaría el visto bueno del INTA nacional. Las estimaciones oficiales dan cuenta de que esta industria puede generar para 2025 unos 500 millones de dólares en ventas anuales al mercado interno y otros US$50 millones anuales en exportaciones. Aunque en Salta se avanza con cierta timidez, los tabacaleros locales bajo la tutela del presidente de la cámara de diputados Esteban Amat y el coordinador del FET José Vilariño, ya se van frotando las manos.