En general, en todo el país distribuidoras de gas piden una suba del 350%

Las empresas distribuidoras de gas, encargadas de llevar el servicio a hogares y comercios, han presentado al gobierno la urgencia de una recomposición tarifaria a partir de febrero, solicitando un aumento mínimo del 350% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y cifras aún mayores en otras regiones del país. Entre las compañías que operan a nivel nacional, Gasnor resalta que sus tarifas de distribución están rezagadas entre un 438% y un 704% para los usuarios residenciales.

La audiencia pública programada para el 8 de enero será crucial para determinar la forma en que se descongelarán las tarifas, que no han experimentado aumentos desde principios de año. Gasnor, en particular, recalca la necesidad de ajustes considerables para garantizar la sostenibilidad de sus operaciones.

En el caso de Metrogas, distribuidora en el AMBA, proyecta un aumento superior al 375%, fundamentado en más de cuatro años sin ajustes en sus tarifas de distribución. En términos de montos, los cargos fijos propuestos por Metrogas para febrero varían desde $4.318 hasta $19.357, dependiendo del nivel de consumo y la ubicación geográfica.

Naturgy, que opera en la Provincia de Buenos Aires, también ha planteado la necesidad de una recomposición tarifaria, solicitando un incremento de hasta el 437% en los cargos fijos de sus facturas. Además, propone un mecanismo automático de actualización basado en el índice de inflación mayorista publicado mensualmente por el Indec.

Otras empresas, como Redengas, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Ecogas, Transportadora Gas del Sur (TGS), y TGN, también han presentado solicitudes de aumento, cada una con porcentajes que varían según sus propias estimaciones y necesidades.

Es importante destacar que, aunque las opiniones de las empresas no son vinculantes para la decisión final sobre el aumento de tarifas, la participación en la audiencia pública proporciona un espacio para la expresión de argumentos que la autoridad reguladora debe considerar al fundamentar su decisión. La situación de atraso tarifario ha sido evidenciada en un informe reciente del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP, que destaca el desafío de equilibrar costos en un contexto de alta inflación y cambios en el tipo de cambio.