Presentan criterios para abordaje legislativo de políticas sobre violencias.
Referentes de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidades presentaron en el Senado los principales lineamientos del organismo.
La secretaría de la Mujer y Diversidad afirmó que con la creación del Polo de la Mujer y posteriormente de la Secretaría del área, se planteó una mirada sobre la vulnerabilidad de las mujeres y un trabajo para mejorar su autonomía económica y la igualdad laboral y salarial, integrando a todos los organismos en un gabinete de transversalización.
Sobre el tema estadístico sostuvo que se advierte un aumento de casos y lo adjudicó a que la mujer hoy se anima a denunciar y eso es fruto de un trabajo para lograr visibilizar la violencia en todas sus formas.
En ese marco y bajo la consigna “Ser diferentes Vivir en igualdad”, se dictó la primera de tres capacitaciones sobre los alcances de la Ley Nacional Nº 27499 “Micaela”, a la cual Salta adhiere por Ley Provincial Nº 8139.
El encuentro fue encabezado por el presidente del cuerpo, Vicegobernador Antonio Marocco; junto a los senadores, Mashur Lapad; Jorge Soto; Sonia Magno; Manuel Pailler; Juan Cruz Curá; Javier Mónico; Alfredo Sanguino; Dani Nolasco; Walter Cruz; Leopoldo Salva; Walter Wayar; Marcelo García y Sergio Ramos. Por la Secretaría asistieron su titular, Itatí Carrique; la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera; la subsecretaria de Política contra la Violencia por Razones de Género, Rosaura Gareca; la directora de la Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad, Florencia Rivero y la asesora jurídica, Belén Jiménez.
Carrique sostuvo que en Salta rige desde 2014 la Ley Nº 7857 de Emergencia Social por Violencia de Género, con sus sucesivas prórrogas y agradeció por las veces en que fueron consultados respecto a distintos proyectos relacionados a la temática.
Posteriormente se presentaron las distintas áreas de trabajo, ocasión en que Gareca precisó que su sector aborda como temas centrales casos de violencia de género y trata de personas, a través de asesoramiento jurídico y psicológico. Aclaró que esa asistencia no implica patrocinio legal, toma de denuncias ni la disposición de medidas de protección, que le corresponden al Poder Judicial y al Ministerio Público a través de la Oficina de Violencia Familiar del Poder Judicial (OVIF), entre otros organismos.