Los jueces Sabrina Namer, Andrés Grünberg e Ignacio Fornari deberán decidir si aceptan el pedido de la fiscalía para ampliar la acusación contra Fernando Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo por violencia de género en la modalidad de violencia política.
Andrea Sztychmasjter
Luego de que el presidente Javier Milei afirmara que le “encantaría ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”, el senador kirchnerista Carlos Linares presentó un pedido de juicio político contra el mandatario por “mal desempeño de sus funciones” por estas declaraciones. Linares presentó el proyecto ante la Cámara de Diputados y ahora tendrá que ser analizado por la Comisión de Juicio Política, cuyas autoridades todavía no fueron definidas.
La violencia política por razones de género se encuentra incorporada en la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
La violencia política por razones de género, constituye un obstáculo que impide la plena participación y el ejercicio de los derechos políticos de mujeres y diversidades, así lo define la normativa nacional y los tratados internacionales.
Atentado a CFK: Violencia de género
Cuando elevó la causa a juicio, el fiscal de instrucción, Carlos Rívolo, desechó el agravante de violencia de género que él mismo había impulsado. Ahora la fiscal Gabriela Baigún decidió ampliar la acusación al señalar que el intento de magnicidio se hizo “mediando violencia de género en la modalidad de violencia política contra Cristina Fernández de Kirchner”.
La fiscala señaló que el propio Sabag Montiel ubicó a la exvicepresidenta como responsable de cuestiones que no eran de inherentes a ella sino a cargos que ocupaban varones y al informe que hizo el MESECVI, el mecanismo de la OEA para la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que advirtió sobre el atentado y lo repudió.
Baigún, que introduce el intento de femicidio, dijo que fue “un acto tendiente a impedir que la víctima pudiera seguir desarrollando su vida política y, a su vez la conducta se inscribió en un contexto de violencia contra la damnificada”, dos veces presidenta y una vice, y “en un contexto social de violencia generalizada contra las mujeres y creciente contra ella en particular…”.
El Tribunal Oral Federal 6 intenta esclarecer el atentado contra Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Sabag Montiel y su exnovia Brenda Uliarte están acusados de haber intentado matarla, y Nicolás Carrizo, el llamado “jefe de los copitos”, de haber prestado una colaboración secundaria en el plan. Llegaron a juicio acusados por el delito de “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”. Para el fiscal Carlos Rívolo, no hubo violencia de género. La fiscal Baigún avisó el primer día que sí se inclinaba por esa hipótesis, y lo solicitó hace dos semanas.
Violencia política
La ley de violencia política de la Organización de Estados Americanos define a la violencia política contra las mujeres como “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica” (art 3).
Para visibilizar este tipo de violencia pocas veces analizadas el Instituto Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) realizó el informe “Violencia política contra las mujeres en Argentina: experiencias en primera persona”. Una publicación que recoge los primeros datos empíricos sobre la dimensión del problema y las experiencias en primera persona de mujeres políticas dentro del Poder Legislativo.
Entre los resultados de este informe se desprende que 8 de cada 10 encuestadas afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas y la violencia psicológica aparece como el tipo de violencia más frecuente. En relación a las manifestaciones puntuales, el 64% de las entrevistadas fueron amenazadas o intimidadas durante el ejercicio de sus funciones políticas; al 58% le han impedido que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones relevantes; al 53% le han restringido el uso de la palabra en reuniones o sesiones e incluso 27% ha percibido un ingreso salarial menor por su condición de género, sostienen.
Entre los factores que disuaden a las mujeres de participar en política, el informe señala que el 98% de las encuestadas identificaron al ámbito político como un espacio donde persiste la discriminación contra las mujeres. En relación con los factores que actúan como obstáculos para la participación de las mujeres en política, los más mencionados fueron los de tipo cultural: las responsabilidades familiares (91%), la cultura dominante y su concepción del rol de las mujeres en la sociedad (89%), y la falta de apoyo de los hombres (76%). En menor medida aparecen factores como la falta de recursos económicos (64%) y el temor por la integridad física (18%).