Aunque la notoriedad pública del caso es innegable, no se puede ignorar que una parte significativa del periodismo ejerció violencia mediática (Ley N 26.485) en el abordaje del tema. Hizo lo propio la maquinaria político – judicial.
Andrea Sztychmasjter
El gobierno de Javier Milei junto a militantes de la Libertad Avanza ha hecho de los feminismos una bandera de odio para atacar constantemente. Eso se dio antes de asumir a la presidencia y ya en el poder con el desmantelamiento del Ministerio de las Mujeres y Diversidad, y el vaciamiento de diferentes programas de prevención de la violencia de género. Su campaña de odio continua en redes sociales y en los discursos públicos que pululan en formatos diversos que buscan llenar de desconocimiento, desinformación e ideología anti género. El objetivo: ligar los feminismos y todas sus conquistas genuinas a referentes políticos machistas, misóginos, que como sabemos los hay en todos los partidos políticos. Además de desacreditar el discurso feminista con fakes y tergiversándolo.
El feminismo es un movimiento político, filosófico, social, académico, económico y cultural, que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales. Los feminismos se han convertido en los últimos años en el movimiento político más importante del mundo. Su potencia, pese a los ataques, sigue firme para cualquier persona que no se deje llevar por las modas virtuales y las opiniones prejuiciosas de quienes en cada lugar donde pueden lanzan sus comentarios cargados de odio hacia lo femenino.
La RED PAR (Periodistas de Argentina por una Comunicación No Sexista) ha llamado a un tratamiento conforme a la citada Ley N° 26.485 que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. “La exposición de la víctima no solo encubre al agresor, sino que también desalienta a otras mujeres a denunciar”, informó PAR en sus redes donde dejó a disposición el “Decálogo para el tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios”.
Difundir las imágenes de Yañez va contra todas las recomendaciones de tratamiento periodístico: “El énfasis de la cobertura debe estar en la sensibilización y prevención de la violencia de género”, dice la guía de buenas prácticas de la Defensoría del Público, uno de los pocos organismos en pie por una comunicación igualitaria.
Con la difusión de las imágenes y las innumerables opiniones sobre el caso, los periodistas en su mayoría hombres y sin ningún tipo de conocimiento para el tratamiento de estos casos no tuvieron en cuenta la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ni la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios.
Aunque la notoriedad pública del caso es innegable no se puede ignorar que una parte significativa del periodismo ejerció violencia mediática (Ley N 26.485) en el abordaje del tema.
Violencia mediática contra las mujeres
Dentro de la ley se entiende a la violencia mediática como aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.
Yáñez, al ser consultada por el portal Infobae por la exposición a la que fue sometida respondió: “Me destruí por mi hijo. Cómo hubiese querido yo que una foto así de mí saliera. Qué mujer quiere verse en todos los programas de televisión. Y en los medios del mundo”.
La maquinaria jurídico-mediática
La ex Primera dama denunció al ex presidente por violencia de género ante el juez federal Julián Ercolini, quien en paralelo instruye una causa contra Fernández por irregularidades en las contrataciones de seguros en su gestión.
Ercolini fue nombrado juez federal en 2004 y en la última década instruyó varios expedientes sensibles para el kirchnerismo, como las causas Hotesur y Los Sauces y el expediente conocido como “Vialidad”, el único en el que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada.
Al igual que Alberto Fernández, se formó como docente en la cátedra de Derecho Penal de la UBA a cargo del ex procurador Esteban Righi. Como Presidente, Fernández lo denunció por su viaje a Lago Escondido junto a otros jueces, fiscales, funcionarios y directivos del Grupo Clarín.