En abril comenzará a funcionar en 13 provincias del país el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género. En Salta sólo una letrada será la encargada de brindar patrocinio gratuito en el ámbito capitalino. La medida, si bien viene a cumplimentar con lo dispuesto por leyes nacionales, es parcial e insuficiente. (Diana Deharbe)
La asistencia y el patrocinio letrado gratuito a víctimas de violencia de género fue uno de los objetivos plasmados en la ley 26.485 de Protección Integral de la Violencia contra las mujeres en el año 2009; sin embargo, producto de la presión social generada por el colectivo Ni una Menos, recién en el año 2015 mediante la sanción la ley Nº 27.210 se creó el Cuerpo de Abogadxs cuya misión es garantizar el acceso a la justicia, el goce y el pleno ejercicio de los derechos que protegen a las personas víctima de violencia de género.
Tres años después de su sanción, el gobierno procedió a reglamentar la normativa y en mayo de 2018 se inició el proceso de conformación del cuerpo. Para ello, la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, convocó a los Colegios de Abogadxs del país en búsqueda de postulantes. Se inscribieron 1.700 letrados y luego de realizar un curso virtual de formación en perspectiva de género que duró 7 meses, sólo el 30% calificó para integrar el registro.
La elección de las jurisdicciones se realizó teniendo en cuenta las estadísticas de femicidios, abusos, violaciones, maternidad adolescente que hablan sobre situaciones de emergencia en materia de género, en este caso, fueron las provincias del NOA, NEA, Neuquén y La Plata. En nuestra provincia, la profesional seleccionada fue la Dra. Patricia Aguirre de la Fundación “Volviendo a casa”, al respecto, el presidente del Colegio de Abogadxs de la provincia, el Dr. Humberto Pedro Burgos en entrevista con Cuarto Poder menciono que, si bien es positiva la medida es insuficiente:
«Salta tiene un promedio de 9000 denuncias al año y en principio, la asistencia sólo sería en el ámbito de la capital donde se registran 5000 denuncias anuales”.
La Subsecretaría de Acceso a la Justicia aún no ha informado qué requisitos deberán reunir las víctimas para acceder a la representación gratuita, la cantidad de casos que atenderá cada profesional y con qué criterios serán seleccionados; tampoco hay fechas ciertas sobre cuándo entraría en vigencia este servicio, aunque se estima que en el mes de abril. Hasta el momento se sabe que será el Estado quien pague los honorarios del abogadx, liberando a las víctimas de abonar algún costo que genere el proceso judicial.
Actualmente, es nuestra provincia, hay programas que ofrecen asistencia y patrocinio gratuito tales como las Defensoría Oficiales en Violencia Familiar y de Género y algunxs abogadxs del Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogadxs; sin embargo, ambas iniciativas discriminan según nivel de ingresos a sus aspirantes a representación, ya que sólo asisten a personas de bajos recursos. Al respecto, Burgos manifestó que el programa de Nación, “no debería establecer ningún requisito para acceder al patrocinio porque si el Estado en muchas cuestiones no está brindando las garantías necesarias para proteger este bien jurídico, yo pienso que el patrocinio debe ser gratuito para todas las víctimas, no para los delincuentes”.
En diálogo con este semanario, Burgos manifestó que en Salta existe un proyecto provincial destinado a regular el patrocinio gratuito, “el proyecto provincial es más amplio, incluye no sólo a las víctimas de violencia de género sino también a los familiares y es extensivo a otros delitos. El proyecto está destinado a atender las necesidades de justicia de personas con bajos recursos y ya fue aprobado en diputados en el 2017 pero el senado provincial no lo trato aún, estamos a la espera de que se apruebe este año. Es un proyecto que cambiaría la historia”.
El Dr. Burgos aclara que el proyecto provincial facilitaría que los abogadxs patrocinantes fueran querellantes particulares en el ámbito penal pero también posibilitaría atender causas del fuero civil: “Infelizmente en la provincia tanto las defensorías como las fiscalías están desbordadas y las necesidades de justicias son amplias y la mayoría de las veces quedan insatisfechas porque las personas no pueden pagar un abogadx particular”.
Por último, destacó que el proyecto provincial es único a nivel país y que es urgente y necesaria la formación en perspectiva de género en todo el ámbito de la justicia, es decir, la plena aplicación de la recientemente sancionada “Ley Micaela”.