Melisa Tejerina, miembro del Colectivo Mala Junta de Salta, escribió sobre el caso de la joven tucumana Belén condenada a prisión tras un aborto espontáneo. Lógicas de un caso que conmociona a todos y evidencia los rasgos patriarcales del NOA.

En el noroeste argentino, como en todo el país y en el mundo entero, las mujeres somos blanco de todo tipo de violencias. No obstante, el caso de Belén, la joven tucumana de 27 años condenada a ocho de prisión, convulsionó a gran parte de la sociedad y movilizó al movimiento de mujeres y de derechos humanos en su conjunto.

En marzo de 2014, Belén ingresaba junto a su madre a la guardia del Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales y una hemorragia intensa. Estaba cursando un aborto espontáneo y desconocía que estaba embarazada. Después de eso, lo que ya conocemos. Se despertó en una sala común bajo custodia policial, con el personal sanitario a su alrededor acusándola de asesina y obligándola a reconocer un feto que los mismos trabajadores del Hospital extrajeron del baño de la institución. Nunca se realizó un análisis de ADN que comprobara la relación entre ella y el feto.

Desde ese momento, fue víctima de violencias de todo tipo por parte de diversas instituciones del Estado; en primer lugar, del sistema de salud. Se la acusó de “homicida” por un hecho del que no existe prueba fehaciente alguna y condenada a ocho de años de prisión. El caso salió a la luz recién después de dos años. ¿Alguien puede dimensionar cuánta injusticia soportada, cuánta soledad sufrida, cuánta libertad arrebatada, cuántas Belén habrá habido, cuántas mujeres muertas por abortos inseguros, cuánta hipocresía acumulada en el transcurso de este tiempo?

En el noroeste argentino hay realidades que se esconden porque a los poderosos les molesta que se sepan, no que ocurran. Más aún cuando el poder político y económico está concentrado históricamente en manos de la derecha conservadora y reaccionaria, como los Urtubey y los  Alperovich, entre otros. En provincias no adheridas al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, como es el caso de Tucumán, la estadística de muertes por abortos inseguros se disfraza de “muertes por complicaciones del embarazo”. Y además se vulneran gravemente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La enfermera del área de ginecología, Verónica Ledesma, y el médico José Daniel Martín son quienes denunciaron a Belén, incurriendo en más de un delito: violación del secreto profesional (Artículo 156 del Código Penal); incumplimiento de sus tareas debido a que, como plantea Soledad Deza, abogada defensora de Belén, “toda mujer que llega con un aborto en curso o que tiene un aborto como Belén en un hospital, sea provocado o espontáneo, está protegida por la confidencialidad de la relación médico-paciente que impide a todo el equipo de salud denunciarla”. Los efectores de salud tienen la obligación de garantizar el cuidado y la protección de la salud integral de quienes ingresan al sistema de salud y, en este caso, se procedió en el sentido contrario, atentando contra la salud y la vida de Belén. Ante estos incumplimientos son ellos los que deberían dar explicaciones ante la Justicia. Y no al revés.

El 19 de abril de este año, tres jueces de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán (Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas) condenaron a Belén a ocho años de prisión bajo la carátula de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”, sin prueba ni evidencia alguna. Sí, otra vez la (in)justicia tucumana en contra de la mujer, en este caso por sufrir un aborto espontáneo.

Libertad es aborto legal, seguro y gratuito

El caso de Belén evidencia, una vez más, la crueldad y la inequidad de una maquinaria perversa que lacera y violenta permanentemente la integridad de las mujeres. El accionar de distintos sectores como el sistema de salud, las fuerzas de seguridad y el poder judicial, continúa sosteniendo un engranaje para someter, criminalizar y condenar a las mujeres. La impunidad de la que gozan nos puede condenar y matar a cualquiera de nosotras. Por el solo hecho de ser mujeres podemos ser víctimas.

Belén no se practicó un aborto, lo padeció sin saber que le estaba sucediendo. Y en la base de todos los atropellos que sufrió y de la condena a prisión está la persistencia de la ilegalidad del aborto en nuestro país. Es esta ilegalidad la que sustenta la criminalización de las mujeres incluso ante la sospecha. Este caso se enmarca en una realidad en la cual anualmente entre 460 y 600 mil mujeres abortan, siendo los abortos inseguros la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Y aún con la existencia de un nuevo “protocolo de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo” que garantiza la práctica sin criminalización y burocracia alguna en caso de violación, riesgo de vida y salud integral de la mujer, miles de mujeres elijen no acudir al sistema de salud por miedo a la negativa, a la estigmatización y a la criminalización social y penal de gran parte de la sociedad.

Si la situación no es peor aún es por la existencia de dispositivos de acompañamiento feminista como los que realiza la Red de Socorristas. Sólo en el 2014 la Red acompañó a 2.894 mujeres que decidieron interrumpir sus embarazos, 112 fueron en la misma provincia de Belén.

En la provincia de Tucumán –la tierra de Marita Verón y de Paulina Lebbos– el momento histórico nos exige a los movimientos populares unidad, organización y una lucha firme y tenaz, por ellas y por todas las mujeres víctimas de este machismo imperante que ya no estamos dispuestas a tolerar.

Belén está privada de su libertad ilegítimamente, por ser mujer y por ser pobre. Pero su condena nos condena a todas. Porque a través de ella nos intentan disciplinar.

Pero las mujeres también sabemos de resistencias, de lucha contra la adversidad. Sabemos de contraataques, sabemos de organización, porque no estamos dispuestas a seguir sufriendo injusticias. No vamos a descansar ni un minuto hasta tener a Belén entre nosotras, libre. Por eso nos sumamos junto al movimiento de mujeres a todas las iniciativas por su liberación y a redoblar la lucha por la legalización del aborto.