De cara al 3 de junio, las diversas organizaciones que nutren al movimiento de mujeres de Argentina, aceleran el ritmo y se movilizan con una gama de acciones que va desde asambleas organizativas para una nueva edición de la marcha nacional #NiUnaMenos, hasta la presentación de proyectos de ley para declarar la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres. (Verónica Lía Caliva)

Es preciso destacar que, con el recrudecimiento de la violencia y los femicidios, desde hace años las mujeres argentinas vienen presentando en el Parlamento iniciativas que buscan se destine por parte de los distintos gobiernos, el presupuesto necesario para desarrollar medidas de urgencia en prevención y asistencia en todo el país.

Lamentablemente, los proyectos de ley en este sentido han sido “cajoneados” y vienen perdiendo estado parlamentario desde hace muchos años. Esta dura realidad, que se paga con el dolor y vida de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres no desanima a un colectivo empoderado que crece año a año e impone su agenda en las calles con mareas violetas y verdes, colores que representan las históricas luchas contra la violencia hacia las mujeres y por los derechos sexuales y reproductivos.

Uno de los contingentes de mujeres que viene a la cabeza de estas luchas es el compuesto por las organizaciones sociales que durante el gobierno de Mauricio Macri exigierom, además, otras cinco leyes: Emergencia Alimentaria, Infraestructura Social, Integración Urbana, Emergencia en Adicciones y Agricultura Familiar. Ahora, nuevamente, los movimientos populares suman una sexta ley de Emergencia en Violencia contra las Mujeres.

El proyecto que promueven la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC) y Barrios de Pie, junto con la Campaña Nacional por la Declaración de la Emergencia, plantea que “la violencia de género es una realidad que atraviesa a todas las mujeres, niñas y adolescentes, de todas las clases sociales, siendo las de los sectores de mayor vulnerabilidad social las más castigadas”, y por ello la necesidad de destinar presupuesto extraordinario para desarrollar medidas urgentes en la prevención y asistencia de situaciones de violencia en este contexto de emergencia social también en materia de género.

Otras de las medidas son la creación de refugios y “Casas Sin Violencia” en todo el territorio nacional; la creación de un subsidio habitacional y asistencia económica para mujeres en situación de violencia; “Casas de atención de día”, con profesionales formados en perspectiva de género; un subsidio habitacional y asistencia económica para mujeres en situación de violencia; a todo esto se suma un plan nacional para formar a 100.000 promotoras territoriales para la prevención de  la violencia de género.

Las organizaciones sociales entienden que “se torna dificultoso acceder a las herramientas necesarias para romper con los círculos de violencia a los que son sometidas las mujeres sin más acompañamientos psicológicos o económicos que los que puede proveer la autorganización de las mujeres o de los movimientos ante el mal funcionamiento o la inacción de los dispositivos estatales”.

En los fundamentos del proyecto afirman que “la situación de emergencia que vivimos se refleja en los datos concretos. Según el Observatorio Ahora que sí nos ven durante el año 2018 se registraron 304 femicidios (266 femicidios íntimos de mujeres y 38 femicidios vinculados de mujeres, hombres, niñas y niños) lo que representa un femicidio cada 29 horas; al menos 275 niños y niñas quedaron huérfanos por esas situaciones. Del total de las mujeres asesinadas durante el año 2018, el 17% había realizado denuncias judiciales o policiales contra sus agresores, lo cual demuestra la incapacidad de los resortes estatales para evitar los femicidios”.

La Campaña Nacional por la Declaración de la Emergencia y las mujeres, que integran estas organizaciones del trabajo y economía popular, pone el foco en los déficits de políticas públicas que atiendan la materia: “falta información y visibilización de la magnitud de la problemática, falta asesoramiento jurídico accesible; hay ineficiencia en las medidas legales existentes, poca formación con perspectiva de género para los funcionarios de los dispositivos estatales en contacto con las mujeres, etc. Por eso, entendemos que tiene carácter de urgencia el despliegue de políticas de asistencia y prevención ante una situación que tiene las más graves consecuencias para la vida y la integridad física de las mujeres en la Argentina”.

Por último, aseguran con firmeza que “la falta de un espacio físico donde vivir libre de violencias y la falta de un ingreso económico básico que permita la independencia económica, son los dos principales factores que imposibilitan que las mujeres puedan salir definitivamente de una situación de violencia una vez que logran identificarla”; si bien las mujeres y organizaciones sociales actúan de manera solidaria, no pueden brindar la contención y ayuda necesarias.

Esta radiografía del contexto en que viven las mujeres de mayor vulnerabilidad es conocida. Sabemos que las organizaciones desarrollan distintas experiencias de respuesta con recursos acotados, mucha imaginación y formas creativas y solidarias que intentan incorporar a las mujeres a las cooperativas de trabajo o brindan albergue solidario entre compañeras ante situaciones puntuales de violencia. Sin embargo, consideran que ya “es hora de que esta experiencia desarrollada se cristalice en políticas públicas que puedan masificar, formalizar y mejorar la respuesta que debería dar el Estado y que no da. Lo que demuestra que no está, de ninguna forma, a la altura que la situación actual demanda”.

Otra iniciativa que va en esta línea es la presentada por el movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) y diputados de Argentina Federal, quienes anunciaron en el Congreso de la Nación otro proyecto de ley que declara la emergencia en violencia de género en todo el territorio nacional.

Este trabajo en conjunto con las mujeres del movimiento MuMaLa llegó al Congreso con el aval de más de 70.000 firmas recolectadas en una campaña nacional que inició en el verano de 2018.

 

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