La psicóloga Lucrecia Miller analiza la situación de la infancia y la adolescencia en Salta, a poco de sancionarse la ley provincial de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. (Andrea Sztychmasjter)
A nivel nacional, tras 11 años de sancionada la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se conformó esta semana la bicameral del Congreso de la Nación que designará al Defensor de niños, niñas y adolescentes, estipulado en la ley.
Esto se concretó luego que la justicia hiciera lugar a un amparo presentado por las ONGs que impulsaron la causa “Infancia en deuda” que exigía la designación de dicha figura. La bicameral será la que deberá evaluar la designación del defensor, que se llevará a cabo mediante un llamado a concurso público de oposición y antecedentes.
En Salta el año pasado legisladores aprobaron la ley provincial Nº 7.970 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la misma en sus aspectos organizativos jerárquicos señala que una “Autoridad de Aplicación” ejercerá su competencia a través de la Secretaría de la Niñez y Familia o la que en un futuro la reemplace y a través de la secretaría de estado se representará a Salta ante el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. La Dirección General de Niñez y Familia, según la ley, funcionará bajo la dependencia de esta “Autoridad de Aplicación” y será la responsable de ejecutar los planes, acciones y programas de protección integral de los niños.
La misma ley estipula la creación de un Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, que estará integrado por un presidente, un vicepresidente “que será el Director General de Niñez y Familia”, un representante de las delegaciones regionales, un representante por cada municipio que participe en el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, un representante de cada uno de los Ministerios (Educación, Ciencia y Tecnología; Salud Pública; Derechos Humanos y Justicia; y Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario), dos representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Poder Legislativo, y tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil “debidamente inscriptas, conforme al registro creado en la presente Ley”.
La ley provincial además introduce figuras novedosas; un “Tutor Público Oficial” dependiente del Ministerio Público y un “Abogado del Niño” (tres cargos, cuyos supuestos y modalidades de intervención serán reglamentados mediante Resolución de la Asesora General de Incapaces). Se creará además un Registro Provincial de Abogados del Niño en el ámbito del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.
Salteñitxs
La psicóloga Lucrecia Miller presidenta de la Fundación Red PAPIS y perteneciente a la Red Infancias Protegidas Salta, señaló que desde la red abogan para que se respete el espíritu de la ley nacional, “que incluye un sistema de protección integral y que alude a mejorar las políticas públicas destinadas a los niños”. Según su cuidadosa visión, la ley provincial recientemente aprobada introduce la judicialización de los casos, cuando justamente lo que intentan propiciar es lo contrario “Trabajar en los aspectos preventivos, previo a la intervención de la justicia”.
Para Lucrecia la ley provincial no logra potenciar del todo la participación de la sociedad sino que las decisiones quedarían supeditadas específicamente a este “órgano de aplicación que corresponde básicamente a la Secretaría de Niñez del Ministerio de Primera Infancia y al Ministerio Público”.
“Existen solo cuatro provincias que adhirieron a la ley nacional que contempla la designación de un Defensor del Niño. De acuerdo a nuestra visión esta figura sería como un veedor, un supervisor que trabaje conjuntamente con instituciones públicas y privadas. Que no debe ser perteneciente a ningún partido político y debe ser elegido por concurso público. Este defensor debe tener una visión panorámica y sistemática de las políticas de protección de los niños”, señaló.
Santa Fe fue la primera provincia en crear un Defensor del niño en Argentina, la misma funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo para actuar según lo establece la Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de esa provincia. Analía Colombo es la Defensora desde el 8 de marzo de 2012 y en sus propias palabras, su función consiste en “además de la importante y trascendental tarea de escuchar y dar respuesta ante cada situación problemática, tenemos el desafío de promover y lograr que las niñas, niños y adolescentes se desarrollen en un ambiente adecuado, con buena alimentación y salud, con amor de sus padres, de sus pares y de toda la comunidad”.
Niños víctimas de la violencia machista
En uno de los últimos informes presentados por el Observatorio de femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, señalan que desde 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2014, 200 niños, niñas y adolescentes, fueron víctimas colaterales de femicidio en nuestro país. Aunque existen propuestas como la llamada Ley Brisa que contempla una reparación económica a los hijos de las víctimas de femicidios, para Lucrecia Miller no sólo es necesario el aspecto económico sino y sobre todo fundamental el acompañamiento personalizado y la ayuda interdisciplinar qué se le debe dar a los niños.
Según la mirada de la profesional si en Salta existiera una defensora o defensor del niño, ya hubiera actuado por ejemplo en el caso del femicidio de Andrea Neri dentro del penal: “Neri concurría al penal cuando todavía era menor de edad, cuando fue asesinada se encontraba con su pequeño hijo que ahora se encuentra con la familia materna. Es preciso preguntarnos si es esa misma familia la que va a poder brindarle todo lo que ese niño necesita, y sobre todo saber si el estado va a actuar previniendo y alertando sobre la situación de niños en riesgo”.
Propuestas y redes
Red Infancias Protegidas Salta, comenta Lucrecia Miller, es una red de organizaciones públicas y privadas, junto a personas de la comunidad que buscan impulsar acciones de promoción y protección de la infancia en Salta. Aparte de los objetivos de visibilización de los derechos de los niños, posee fines pedagógicos y de acompañamiento a familias.
“Siempre estamos recibiendo consultas de personas ante determinadas situaciones en sus contextos familiares, y vemos que muchas veces no hay una información adecuada respecto a cuáles son los derechos de la infancia. Bregamos para que la comunidad y el Estado defiendan a sus niños en todos los sentidos y propicie el pleno desarrollo de ellos”.