Una veintena de convenios entre Vialidad y los municipios para el mantenimiento de rutas fueron oficializados esta semana, luego de que los trabajadores denunciaran desvíos millonarios bajo la modalidad de contrataciones abreviadas. Los informes están en manos de la Auditoría General y la Fiscalía de Estado. Nicolás Bignante

El reclamo de unos 450 trabajadores de Vialidad para tener una vinculación directa con la provincia cobró fuerza en la semana que concluye. En parte por la denuncia presentada por el gremio UTRAVIS que los aglutina, pero también por la oficialización de convenios entre el mencionado organismo y 20 municipios; acuerdos que se presentan bajo la modalidad de «contrataciones abreviadas», pero que los trabajadores definen como «contratos basura».

Se trata nada menos que de $38,5 millones distribuidos entre los municipios de: San Lorenzo, Río Piedras, Gral. Pizarro, El Jardín, El Galpón, S. A. de los Cobres, San Carlos, El Potrero, La Caldera, Coronel Moldes, Cachi, Chicoana, Guachipas, Angastaco, Molinos, Seclantás, Santa Victoria Oeste, La Candelaria, La Viña y Metán. El destino de las partidas se corresponde con la realización de trabajos variados como: mantenimiento de rutas, caminos, desmalezados, limpieza de alcantarillas, señalización y construcción de muros, entre otros.

Pero las cuantiosas cifras desembolsadas en las respectivas intendencias se contraponen ferozmente con los menesterosos salarios volcados al personal contratado. Operarios con 14 o 15 años de servicio apenas orillan los 19.500 pesos, que con descuentos y retenciones llegan escasamente a $13 mil. En concreto, toda una planificación puesta al servicio de al explotación laboral y el desvío de fondos.

La mecánica aplicada para la contratación de mano de obra precarizada se remonta a los últimos 12 años, según denuncian desde el sindicato. Más tarde llegaría el recambio gubernamental, y con el las promesas de pase a planta que nunca alcanzaron a concretarse. En el medio devino la pandemia y, consecuentemente, las sucesivas extensiones de convenios. En diciembre se firmó lo que en teoría iba a ser la última prórroga de las contrataciones abreviadas. Pero en abril, con la crisis sanitaria encima, el pase de los trabajadores se postergó para octubre y todo indica que volvería a suspenderse hasta diciembre. Para entonces, los casi 500 trabajadores afectados a las diversas tareas por ser considerados «esenciales», habrán transitado un año más sin cobertura de seguro, obra social, ni sueldos dignos. Los municipios, por su parte, podrán seguir echando mano a los recursos públicos valiéndose de aquellos convenios.

Mañas viejas

 

El proceso de pauperización del trabajo en el área de Vialidad tiene su origen en las sucesivas jubilaciones del personal durante la última década, proceso que no fue acompañado con el ingreso de nuevos operarios. La planta se redujo en un 50% pasando de 902 trabajadores a 450, sin que eso supusiera un recorte de funciones. Por el contrario, la implementación de los nuevos «contratos basura» trajo aparejado el incumplimiento de los más elementales derechos laborales.

«Era un arreglo de Urtubey con los intendentes», explica Walter Villegas, delegado de la Unión de Trabajadores Viales de Salta (UTRAVIS). «¿Qué necesitás vos?, le decía a los intendentes, y Vialidad hacía el mantenimiento», describe. Pero con los fondos girados por el organismo provincial, los municipios contrataban personal al que nunca se le pagaba lo que correspondía. En algunos casos, los salarios representaban apenas el 25% de lo que hubieran podido percibir estando vinculados directamente a Vialidad. «Los compañeros trabajan y cumplen horarios de Vialidad. Un compañero que era maquinista de planta ganaba 30 mil pesos y en convenio pasó a cobrar 7000. Son empleados municipales que prestan servicios en y para Vialidad. Hasta el día de hoy siguen robando. Entonces Vialidad hizo un convenio y les dijo: ‘yo les voy a tirar unos mangos, Uds. vean a quien van a poner a trabajar. Nosotros les vamos a pagar como si fuera una contratación de obra, como si se contratara una empresa'», recalcó Villegas.

Entrando ya al décimo mes del año, una buena parte de los empleados recién percibió sus haberes de julio. De hecho, la mayoría de ellos cobra cada dos meses. Los municipios que se acogen al formato de contratación abreviada, por su parte, no sólo pagan a la baja, sino que además se abstienen de reintegrar los sobrantes tal como establece la ley. «El intendente de La Candelaria (Julio Romano), por ejemplo, tiene 30 empleados. Resulta que él cobra casi 800 mil pesos por mes para pagarles, pero tiene dos empleados en blanco y el resto está en negro y les tira 5 mil pesos por mes. El resto de la guita se la asienta. Así es en El galpón, en Río Piedras y en muchos municipios que le están robando al estado», denunció Villegas a Cuarto Poder.

Para estimar la dimensión del desfalco, los trabajadores recomiendan dividir los montos destinados a cada jurisdicción por la cantidad de trabajadores y por la cantidad de meses previstos en los plazos de ejecución. Si los números exceden las sumas percibidas por los operarios, es porque Vialidad está abonando también el transporte de los mismos. «Muchos municipios para ahorrarse ese gasto, como el caso de Nardo García de El Quebrachal, ponen a trabajar gente de sus municipios y ponen su propio transporte», resume Villegas.

A comienzos de año, el gremio que preside emitió un comunicado señalando su preocupación por la «considerable baja de salario por blanqueo» y las «retenciones sin motivos». También se puso énfasis en la falta de contrataciones que cubran las 320 vacantes que arrastran desde la última década; déficit que deben disimular de manera precaria los trabajadores vinculados a los respectivos municipios. El asunto ahora llegó hasta los despachos de la Auditoría General de la Provincia a cargo de Gustavo Ferraris y la Fiscalía de Estado, a cargo de Agustín Pérez Alsina. Resta conocer, además de las resoluciones de ambos organismos, cuál será la explicación del director del organismo Jorge Gonzalo Macedo. Mientras tanto, el reclamo por el pase a planta y la vinculación directa con Vialidad de la provincia persiste. «Nosotros ya fuimos demasiado pacientes y no nos comemos el verso de que no hay plata. La plata para vialidad siempre existió porque es plata de la coparticipación. Ahora, que el gobierno utilice la plata para otros destinos es otra cosa», apuntaron.

 

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