Además de narcos, en el norte asolan intendentes. Aguaray fue señalado por la Auditoría como lugar apto para investigaciones que determinen el daño al Fisco realizado por el intendente Alcoba. El mismo que sigue beneficiándose de la obra pública que Urtubey cede por el Fondo de Reparación Histórica. (Daniel Avalos)
Aguaray se parece mucho al municipio de Salvador Mazza, que supo conducir el prostibulario Carlos Villada. Y es que luego de ser visitado por los auditores, estos redactaron en su informe la siguiente recomendación: “…en atención a las Observaciones formuladas en este Informe de Auditoría Definitivo, correspondería la aplicación de la normativa contemplada en la Res. A.G.P.S. Nº 20/04”. Tal resolución aprueba el Reglamento de Investigaciones Sumarísimas que provean “a la Auditoría General de un Reglamento que brinde celeridad a las actuaciones, asegurando el legítimo derecho del Estado de munirse de aquellos elementos esenciales para fundamentar la acción judicial tendiente a hacer efectiva la responsabilidad civil de los agentes y funcionarios, ante la existencia de un perjuicio de significación para el Fisco”.
Como ocurrió con el caso de Salvador Mazza, la Aguaray del intendente Juan Carlos Alcoba esta gozando de una ventaja: las autoridades de la Auditoría no acataron la recomendación de sus técnicos que así, ven como todo su tabajo queda en letra muerta.
Acá hay vuelto encerrado
La auditoria en cuestión fue publicada en enero de este año, pero evaluó el ejercicio 2010 y el primer semestre del año 2011. Las irregularidades descubiertas fueron de todo tipo, aunque el caso de la obra pública se destaca por los montos en juego. Y es que en el ejercicio 2010, por ejemplo, se tenía previsto ejecutar obras por un total de $5.722.874 (sobre un presupuesto municipal anual de casi 25 millones) aunque la Ejecución Presupuestaria acumulada al último día de ese año mostró un gasto de $4.737.849. De los $985.025 restantes, nadie sabe. Lo que sí se sabe es otra cosa: lo gastado se gastó muy mal. Los auditores llegaron a esa conclusión al analizar los casos de obras cuyos importes ejecutados eran iguales o mayores a $200.000.
En el caso de la construcción de un Centro Integrador Comunitario, por ejemplo, se descubrió que los fondos remitidos por la Nación fueron de $281.891, que la intendencia dijo ejecutar $297.254, pero que la cuenta bancaria (Nº515094) correspondiente los gastos registrados eran de $275.590. Los $21.664, por supuesto, forman parte de ese casi millón de pesos que faltan en la ejecución presupuestaria. Pero eso no es todo. Y es que de las Órdenes de Pago relevadas, surge que las compras de insumos y materiales fueron realizadas sin respetar los procedimientos exigidos por la ley. Y como si todo esto fuera poco, resulta que la documentación aportada por el municipio sobre la obra no contenía el proyecto de la misma ni la documentación técnica de ejecución del CIC.
En el denominado Programa Refacción de Escuelas, la cosa no estuvo mejor. La provincia remitió $286.660 que debían servir para refaccionar de 23 edificios escolares. Los gastos fueron imputados a la cuenta bancaria por un importe coincidente con la ejecución presupuestaria pero el municipio no cuenta con papel alguno que pruebe que rindió el gasto de ese dinero. El papelerío debía elevarse al ministerio de economía, comandado por Parodi que, llamativamente, no se quejó. Hay que reconocer aquí, la coherencia de este ministro, quien, recordemos, alguna vez se hizo famoso solicitando a los intendentes electos en diciembre del 2011 que no investiguen a sus pares salientes: “miren al futuro, porque el gobierno provincial asumirá las responsabilidades de los jefes salientes”. La coherencia de Parodi, por supuesto, sigue al servicio de la impunidad de los intendentes que transfiriendo su poder territorial-electoral al Gobernador, exigen más recursos e impunidad en la administración de los mismos.
Que la impunidad es la regla, consta en otros ejemplos: la pavimentación de la Avenida Celso Testa y Sarmiento de esa localidad. En ambos casos, el Municipio subcontrató la obra por el procedimiento de Libre Elección por Negociación Directa. El argumento usado fue simple: “razones de emergencia o urgencia”. Con respecto a la segunda etapa de pavimentación de la avenida Sarmiento y cuyo costo era de $180.000 (la primera había sido de poco más de $630.000), los auditores constaron que el trabajo estaba realizado, pero ni los documentos ni los funcionarios podían dar cuenta de a quién y en qué condiciones se había contratado el trabajo. Lo desopilante debe encubrir algún favorecido conocido.
La enumeración de las irregularidades caso por caso es imposible. Por lo menos para una nota que no debe superar los 10.000 caracteres y se encuentra con un informe de 61 páginas, igual cantidad de observaciones y más de veinte recomendaciones para tratar de subsanar irregularidades crónicas. Resumamos entonces el desmadre diciendo que el caso de la Refacción de la Casa de la Cultura ($500.000); la pavimentación de Avda. Rivadavia ($350.000); la segunda etapa del Taller Escuela de Educación Técnica Nº3120 ($394.690); o las Soluciones Habitacionales Sociales ($207.890), ocurrieron las mismas irregularidades. Y con respecto a las obras públicas del Primer Semestre del Ejercicio 2011, los auditores detectaron que mientras el presupuesto destinaba $6.351.677 para el ejercicio en su conjunto, la ejecución presupuestaria acumulada al 30/06/11 era de apenas $1.177.849.
La joda sigue
A meses de publicado el informe y a años de conocerse la mecánica con la que muchos intendentes gestionan el dinero público; Juan Carlos Alcoba goza de buena salud. Su municipio es el beneficiario de ocho obras del Fondo de Reparación Histórica que suponen un total de $26.434.560. De esas ochos, cinco ya fueron contratadas por $17.984.560. Y de esta última cifra, ya se desembolsaron $13.216.514. Imposible impugnar esas obras. No solo porque las mismas deben beneficiar a los habitantes de Aguaray y no al intendente; sino también porque el Grand Bourg siempre podrá argumentar que el control del proceso depende ahora del mismísimo Urtubey.
Lo indignante, en todo caso, es que el municipio, que según los auditores debería ser objeto de nuevas investigaciones para determinar el grado de daño realizado al Fisco, fuera favorecido por el Grand Bourg para realizar tres de esas ocho obras que supusieron que el intendente sospechado de daño a dicha entidad, administrara otros $5.500.000. Según la página del Fondo, entre el 6 de junio del 2012 y el 3 de febrero de este 2014, Alcoba ya ha sido beneficiado con el desembolso de $5.166.741.
Para finalizar, sólo resta por señalar una sospecha. La primera y segunda etapa de obra cuya licitación ganó el municipio de Aguaray con el Fondo de Reparación Histórica tuvo un monto de $4.000.000. La misma es descripta de la siguiente manera: “Pavimento urbano de arterias principales”. No hay precisiones sobre el nombre de las calles que ya se pavimentaron y puede que ese silencio sea conveniente. No vaya a ser que entre las arterias principales a pavimentar, aparecieran las que los auditores habían impugnado en su informe pero que efectivamente fueron concretadas entre el 2010 y el 2011: pavimento rígido de hormigón, sobre la Avenida Celso Testa en el tramo comprendido entre calle Roque Sáenz Peña y Avda. Mariano Moreno; pavimento de las calles circundantes a la Plazoleta Islas Malvinas; pavimento rígido de hormigón armado del tramo comprendido entre Puente de Acceso sobre Ruta Nacional Nº 34 y Progresiva 126; luego vino un segundo tramo comprendido entre Progresiva 126 y 258; pavimento rígido de hormigón sobre la Avenida Rivadavia en el tramo comprendido entre calles Hipólito Irigoyen y Juan B. Alberdi.
Villalba hizo escuela
La auditoría en la Salvador Mazza de Carlos Villalba ocurrió mucho antes de que éste fuera descubierto en un cabaret, pero ya era lapidario con quien luego de ser destituido por los Diputados, fue asilado por Urtubey en el justicialismo.
- El periodo en el que los auditores pusieron la lupa en Salvador Mazza fue el 2010 y el informe constó de 97 páginas con irregularidades de todo tipo:
- Obstaculizó las investigaciones al punto que los auditores casi agotan el abecedario (de la “a” a la “t”) para detallar la documentación que Villalba no presentó.
- El informe tuvo 106 observaciones sobre irregularidades que iban desde la ausencia de un Manual de Procedimientos, al nulo control de los fondos.
- De 102 órdenes de pago encontradas, 29 no poseían firmas ni comprobantes respaldatorios, sólo 42 llevan la firma del Intendente, 23 del responsable contable, 19 del Secretario de Hacienda y 34 sólo del beneficiario.
- Compras al supermercado King por $108.000 sin facturas que describan los productos adquiridos. El supermercado no era proveedor del Estado y al propietario el municipio reintegró $141.500, aunque nunca se aclaró cuándo y por qué había ingresado al municipio la suma que luego se declaraba reintegrar;
- Montos ejecutados por encima de lo transferido, otros que se ejecutaron por debajo de lo depositado por el gobierno y otros que directamente no se usaron aun cuando los depósitos sí se efectivizaron.
- Contrato del municipio con el CALVO GAINZA & ASOCIADOS que le costó al municipio $560.000.
- Entre junio y julio del 2010 Villalba estuvo en su cargo 13 días hábiles, mientras los 31 restantes se declaró en comisión de servicios para “realización de gestiones inherentes a su cargo”. Siempre cobró los viáticos.
- Al municipio le rebotaron cheques por $112.451,86, situación que constituyó la principal razón de varios juicios iniciados contra la intendencia.
- En uno de esos juicios, el demandante fue el supermercado King que entabló demanda por $387.165. Los auditores constataron que el municipio no se opuso al reclamo con lo cual debía afrontar el pago.
- Los auditores recomendaron lo mismo que ahora en Aguaray: “en atención a las observaciones formuladas (…) correspondería la aplicación de la normativa contemplada en la Res. AGPS Nº 20/04”.
La emergencia… aliada de Leavy
Fue la auditoría más anunciada pero no predispuso a los funcionarios a poner los papeles en regla. En julio de 2009, los medios informaban sobre el arribo de los auditores a Tartagal para controlar cómo se gastaba el dinero enviado para paliar lo ocasionado por el alud de febrero de aquel año.
- El informe tuvo 101 páginas, 162 observaciones y 32 recomendaciones.
- Para expiar sus irregularidades, el municipio recurrió siempre al estado de emergencia ocasionado por el alud del 2009 que provocó dos muertos, miles de evacuados y millonarias pérdidas materiales.
- El municipio había contratado de 330 personas para limpiar el material depositado por el alud, pero más de 60 contratados y el dinero que supuestamente se les pagaban nunca aparecieron.
- La última Resolución Municipal registrada correctamente se efectuó el 13 de agosto de 2008 (siete meses antes del alud), desde entonces y hasta julio de 2009 la Resoluciones se registraron a mano en un cuaderno no foliado y no numerado.
- La adicción del ejecutivo municipal a la tesis de la emergencia produjo un hecho curioso: los funcionarios proyectaron el concepto de la emergencia a periodos en donde no estaba declarada: la “Remodelación y Ampliación del Cuartel de la asociación Civil Bomberos Voluntarios de Tartagal” fue concedida en $271.693 a la Asociación Civil El Tártago en forma directa. Por el monto que involucraba correspondía el sistema de concurso de precios pero el municipio adujo que la razón de la irregularidad fue por “la situación de emergencia sanitaria y la producida por el alud de lodo y barro, aprobados por las Ordenanzas Municipales Nº 1.432 y 1.437″. Los auditores se sorprendieron al descubrir que la primera de las ordenanzas mencionadas fue aprobada el 19 de enero de ese año y la segunda el 29 del mismo mes… un mes antes del alud.