Los millones de dólares que se esfumaron del gasoducto del NEA en forma de cilindros de metal, podrían ser apenas una astilla del botín. La empresa que abandonó la obra se prepara para cobrar una cifra que hace que el intendente Prado parezca un punga de bajo rango.
                                                                                       Por Nicolás Bígnante

El 23 de diciembre del año pasado, el intendente de Aguaray Jorge Enrique Prado oficializó el decreto 1215, que habilitaba a la empresa OSYP S.A. (hasta entonces desconocida y sin operaciones en el rubro) a desarmar y trasladar el material abandonado en el tramo 1 del gasoducto del NEA, que se extiende desde Campo Durán hasta más allá de Los Blancos. La excusa fue el presunto daño ambiental que la empresa a cargo de ese segmento había ocasionado en la zona, por lo que también se pidió a OSYP S.A. que lleve adelante las tareas de «remediación» correspondientes. De allí que, cada vez que los camiones de la empresa mendocina atravesaban algún control vehicular, exhibían el decreto firmado por Prado que los habilitaba a surcar las rutas cargando enormes estructuras cilíndricas valuadas en miles de dólares por pieza.
Por más increíble que el pretexto resulte, en 2016 los informes de la TV nacional ya remarcaban que la contaminación ambiental por la presencia de electrodos y manchas de aceite, representaba un peligro y transgredía las más elementales normas del ENARGAS. Los hechos sirvieron para que el alcalde norteño sacara chapa de ingeniero ambiental e hiciera gala de sus nociones académicas. Pero la repentina preocupación de Prado por el medio ambiente en el corazón del monte chaqueño, contrastaba fuertemente con el desmonte de unas 10 hectáreas denunciado por las comunidades Chané y El Algarrobal el 20 de enero pasado, un mes después de la oficialización del decreto.
Más allá de los pretextos ambientales, sean creíbles o no, las atribuciones del municipio no alcanzaban, ni alcanzarán jamás para afectar o desafectar material proveniente de una obra de Nación. Para saber eso no hace falta siquiera haber ido a la universidad. Los malabares del intendente por organizar el discurso ante un escándalo que lo precedía, llevaron a que el corpus mediático local eclipsara en la idea de que «todos los caminos conducen a Prado». El frustrado intento de destitución encarado por el concejo deliberante y la posterior imputación formal por parte del fiscal Villalba, hicieron lo suyo también.
El choreo fue dimensionado por algunas investigaciones en 13,5 millones de dólares, pero una serie de interrogantes pueden llevarnos más arriba en la escalera del poder, donde la torta se corta más gruesa. Aunque muchas de las hipótesis sugieran que lo ocurrido en Aguaray es una versión a gran escala de la sustracción de cobre que cualquier mechero de poca monta podría realizar en un cementerio, la envergadura del asunto pone de manifiesto otras realidades.
Especialistas en obra pública consultados por Cuarto Poder coincidieron en que un desfalco de semejantes características supone una enorme inversión que engloba maquinaria y recursos de toda naturaleza. Cada camión puede transportar hasta 12 caños de 11 metros cada uno, cuyo peso ronda los dos mil kilos. Para hacerse de 35 kilómetros de caños, tal como sugieren algunas estimaciones, hubieran sido necesarios 265 viajes con los respectivos gastos que ello conlleva. A su vez se requiere de una pluma o grúa para la carga de los cilindros y retroexcavadoras «oruga» para desenterrarlos en el caso que sea necesario. Todo esto monte adentro, a kilómetros de las comunidades y del pueblo.
Prado sin mercado
Existen también serias dudas en torno a la demanda del material en cuestión. Cada caño sin costura de 11 metros provisto por Tenaris (Grupo Techint) lleva un número de serie que es irrepetible y que sirve para identificar la ubicación de una sección que presenta fallas. Cuando se realiza la ingeniería del gasoducto, los cilindros son colocados uno adelante del otro formando el «desfile» para su posterior conexión. Dos soldadores certificados por el ENARGAS son necesarios para unir cada tubo de 11 metros, a los que luego se les saca radiografías para descartar posibles fugas. Cada trabajo de soldadura queda asentado en un legajo y, en caso de que alguno presente alguna falla, se examinan y se reemplazan todos los caños de esa colada o lote. Estén donde estén.
La tajante conclusión de los especialistas en obra pública es que un robo de esa envergadura sencillamente no tiene mercado. El material no puede venderse a otro particular, por cuanto las autoridades de ENARGAS e IEASA son las que accionan ante las denuncias por los caños que no están en su lugar; y venderlos como materia prima o para fabricar bebedores de vacas, equivaldría a robar un Ferrari para venderlo como chatarra en un desarmadero. Al margen de algunos hechos aislados, como la aparición de caños limados en plantas de Buenos Aires, el grueso del desfalco exige otras argumentaciones. Vale decir que, tampoco hay gasoductos de 24 pulgadas en construcción en el país, por lo que el universo de posibles compradores de cilindros metálicos de entre 5 y 10 mil dólares cada uno se reduce a cero.
La pista Vertua y las «pistas» de Vertua
Lo anteriormente expuesto no quita que haya habido enormes beneficiados con el escándalo en pugna. En octubre de 2015 a días de la llegada de Mauricio Macri al poder, la empresa adjudicataria del primer tramo del gasoducto Servicios Vertua S.A., decide abandonar el proyecto poniendo como excusa presuntos aprietes de criollos, originarios y piqueteros de la zona. Las demandas por puestos de trabajo en las plantas compresoras y otras etapas de la obra tuvieron su punto cúlmine en septiembre de 2015, cuando detuvieron al dirigente campesino Pablo Moreno, quien falleció en prisión seis meses más tarde, en circunstancias dudosas. Algunas versiones sugieren que los incidentes fueron fogoneados por agentes internos contratados por la propia empresa para tener un pretexto formal para retirarse, no sin antes cobrar el adelanto de obra por trabajos que nunca se hicieron. Unos 733 millones de pesos en concreto, sumados a los 600 millones que se embolsaron de igual manera por el tercer tramo del gasoducto, que opera en conjunto con JCR S.A. (de propiedad del fallecido Juan Carlos Relats).
La retirada de Vertua supuso serios problemas para sus pretendidos sucesores. El avance de obra estaba registrado en un 52%, pero ningún postulante quiso aventurarse a trabajar encima de lo que Vertua había hecho. Caños enterrados sin revestir, tramos en donde no estaba hecha la zanja, cilindros acopiados sin desfilar y caños mal soldados, son algunas de las deficiencias denunciadas por entonces. Algunos profesionales que trabajaron en la obra llegaron a asegurar que, en caso de realizarse una prueba hidráulica en el tramo que estaba a cargo de Vertúa, en vez de un gasoducto, lo que se obtendría sería riego por aspersión. La empresa a cargo de la soldadura, por cierto, también estaba bajo la órbita de Servicios Vertua.
Entre los trabajos iniciales se encuentra la definición de la traza, que corresponde al desmonte y la demarcación de los caminos que conducen al gasoducto monte adentro. En la zona, más de uno escuchó hablar de «las pistas de Vertua», que es la forma en que los lugareños se refieren a esos caminos que surcan la llanura chaqueña y que sirven de cinta de aterrizaje para avionetas que llegan desde el otro lado de la frontera. Ex-trabajadores de la obra recuerdan con claridad las noches en que patrullas de hombres armados en motocicletas rastrillaban esos caminos. También recuerdan el escándalo interno que se desató cuando la secretaria de uno de los jefes de obra fue sorprendida en el acceso a Tartagal con un cargamento de Cocaína.
El club del gas
Se dice que, antes de su retirada, Raúl Vertúa intentó negociar la cesión del tramo 1 del gasoducto a la empresa Contreras Hermanos, que dirige Norberto Ardissone. Pero al no congeniar en las cifras, la obra quedó en total estado de abandono. En un descargo posterior, Raul Vertua denunció presiones del macrismo para que la obra sea cedida a la multinacional Techint, que tiene adjudicado el segundo tramo de la obra en Formosa.
Tanto Relats, como Vertua y Ardissone son mencionados en los cuadernos del salteño Oscar Centeno, ex-chofer de Roberto Baratta. Los dos últimos fueron detenidos y posteriormente liberados junto con otros empresarios entre 2018 y 2019, en el marco de las investigaciones por corrupción en la obra pública.

Lo que siguió fue un pedido de redeterminación de precios a la entonces ENARSA (hoy IEASA) por 538 millones de pesos y un juicio al estado por la rescisión formal del contrato, por el que se pide un resarcimiento de $4.435 millones. Con el patrocinio del ex-ministro de la corte Rodolfo Carlos Barra, el empresario logró una resolución a favor que quedó en suspenso tras una apelación de IEASA. De ratificarse la decisión de primera instancia, el estado deberá volcar esa suma a la firma que abandonó la obra en el norte salteño. Es decir, seis veces más de lo que la empresa cobró como anticipo de obra.