El pedido de jury contra el juez Fernando Astigueta y el fiscal Armando Cazón por mal desempeño en el caso de la niña wichí violada, se ha convertido en noticia nacional. Detalles del escrito presentado por el juez de la Corte, Abel Cornejo.

Página 12 en su edición de hoy, reflejò el pedido realizado por el juez de la Corte salteña Abel Cornejo: “Casi siete meses más tarde de la comisión del hecho aberrante por una banda de inadaptados, todavía ni el juez ni el fiscal cuentan con pruebas de material genético para inculpar a los responsables”, sostuvo Cornejo en su escrito acusador.

La actuación de los funcionarios denunciados fue resumida así por el medio nacional: Astigueta liberó a los acusados a los tres meses sin obtener pruebas de ADN en un poblado a 10 kilómetros de la frontera provincial y muy cerca de la internacional; Cazón mientras tanto se había mostrado interesado en subrayar que los acusados no serían los padres del bebé fallecido después de la cesárea, sin aguardar las pruebas de ADN, porque había sostenido que la niña había quedado embarazada un mes antes.

En su presentación, Cornejo sostuvo que “la pena mínima que le corresponde a un hecho aberrante de esas características es de ocho años con un máximo de veinte. Es decir que bajo ningún concepto corresponde que los supuestos responsables se encuentren en libertad”.

En el pedido de jury contra Astigueta además sostuvo que “el juez invocando jurisprudencia que nada tiene que ver con el asunto que se trata, recién a partir del 3 de junio del corriente, comenzó a movilizar de manera paquidérmica y con preocupante incuria la maquinaria judicial. Por cierto que nada se sabe si los presuntos culpables pueden ser hallados a la fecha, si se dieron a la fuga o si acaso adulteraron las pruebas que podrían incriminarlos en el hecho atroz”.

Continuó describiendo la actuación de Cazón: “Recién a partir del 7 de junio, el fiscal sobreactuando toda su negligencia anterior le requiere al Centro de Investigaciones Fiscales que se realice el estudio para establecer la paternidad de la criatura (…) como si dicha circunstancia atenuara el gravísimo hecho que no se investigó temporáneamente”.

Y agregó: “Mientras tanto, sucedieron varios episodios, todos los cuales repercutieron de manera nefasta en la salud psíquica y física de la víctima. Primero, no pudo constatarse cuándo ni cómo ni quién atendió a la niña wichi y junto con ello se trabó una polémica donde lo único cierto es la inanidad de todo el sistema de protección a una víctima de abuso gravemente ultrajante (…). A continuación, debe recordarse que un embarazo en plena gestación puede interrumpirse como máximo hasta la doceava semana, pues más allá trae inexorables consecuencias sobre la salud de la madre”, añade Cornejo.

“Reproches recíprocos entre autoridades del hospital –continuó Cornejo– comenzaron a surgir en pos de deslindarse la responsabilidad en el asunto, circunstancia que tampoco parece haber conmovido la paupérrima actuación del juez y del fiscal. Es decir que las medidas judiciales tomadas durante el procedimiento penal no fueron oportunas, ni eficaces, ni conducentes para el esclarecimiento del hecho. Todo lo contrario”.