La Fundación Tomar Acción emitió un comunicado sobre el caso de la menor wichí violada, recordaron que la niña se encuentra protegida legalmente por la Convención de derechos de las personas con discapacidad. Y señalaron la responsabilidad de la Secretaria de Discapacidad de la Provincia.
Conformada en Salta a los fines de acompañar a grupos vulnerables en Instancias administrativas y judiciales en cuestiones ligadas a hacer efectivos sus derechos, y en instalar la capacitación como eje central de la prevención de violaciones a los derechos humanos, la Fundación Tomar Acción y su presidenta la abogada y especialista en discapacidad y derechos humanos, Antonieta Plaza, emitieron un comunicado sobre la situación de la niña wichí violada niña con discapacidad y perteneciente a un grupo originario de nuestra provincia.
“Cabe destacar que la niña se encuentra protegida legalmente por la Convención de derechos de las personas con discapacidad incorporada en el año 2014 a nuestro Bloque Constitucional. Norma de carácter supralegal y de plena operatividad en nuestra provincia desde su incorporación. Valga la aclaración. Recordemos que las provincias solo conservan potestad legislativa en materia procesal lo que se conoce como normas de rito, de forma y la nación sanciona leyes relacionadas al fondo, a la cuestión en sí que deviene obligatoria en todo el territorio de la república”, señalaron desde la Fundación y citaron el Art.7 de la Convención de Derechos de las personas con discapacidad establece que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas”.
De igual manera, Antonieta Plaza recordó el Artículo 6º en relación a las Mujeres y niñas con discapacidad que establece: “Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y en base a este reconocimiento, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.
Por eso recalcan que “El incumplimiento del personal judicial en relación a la norma constitucional para con la nena wichi debe y puede ser observado. Este es el control que esperamos del Poder Legislativo en relación al accionar de jueces y fiscales. Contamos con normativa que resguarda los derechos de los habitantes de nuestro país, para que las cosas que le sucedieron a la niña wichi no vuelvan a suceder. Esperamos una reparación a la niña en base al reconocimiento de las omisiones incurridas y esperamos puntualmente que las personas designadas en puestos relacionados a la discapacidad como la Secretaria de Discapacidad de la Provincia comience a observar los mandatos constitucionales y a elaborar políticas públicas en pos de lograr la protección de grupos históricamente vulnerables como las comunidades originarias”.