La presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, Victoria Donda, publicó un escrito en donde defiende una reforma que establezca un cupo del 50% de presencia femenina en todos los cargos.

El escrito fue publicado por Infobae en el día de hoy y aquí lo transcribimos íntegro:

Estos días ya se ha empezado a debatir el proyecto de ley de reforma política enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Este no contempla una participación paritaria de hombres y mujeres en lugares de representación. Por eso, vamos a impulsar, junto con referentes de distintos espacios políticos y organizaciones de mujeres y derechos humanos, una propuesta que garantice la incorporación de las mujeres de manera paritaria para fortalecer la democracia.

Quiero decir que en nuestro país hubo una reforma constitucional en 1994 que otorgó jerarquía y rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Entre estos tratados se encuentra la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que, en su artículo 7, establece el deber para los Estados parte de adoptar las medidas necesarias a fin de eliminar la discriminación de las mujeres en la vida política y pública del país.

Antes, en 1991, se había sancionado la ley 24012 de cupo femenino. Esta establecía un piso mínimo el 30% de participación de las mujeres en la conformación de las listas para los cargos electivos. Sin embargo, esta cifra más que un piso se fue transformando, con los años, en un techo.

Aquella reforma de 1994 explicaba de manera muy clara: «La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios» y las «acciones positivas» en esta materia (artículo 37, Constitución Nacional), así como también la obligación del Poder Legislativo de legislar y promover acciones del mismo tipo para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato. Y, por último, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Carta Magna y por los tratados internacionales de derechos humanos vigentes, en particular a las mujeres (artículo 75, inciso 23, Constitución Nacional).

La gobernabilidad democrática es aquella que respeta los derechos humanos, vela por la igualdad y la no discriminación, por la transparencia y la participación en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, es equitativa y responde a las necesidades de la sociedad, promueve el Estado de derecho. Nuestras sociedades deberían colocar la igualdad entre varones y mujeres como un aspecto y un objetivo central de su proyecto político y social por una razón de justicia y equidad social, pero también por el bien de sus democracias. Sin embargo, se sigue dando el mismo problema: las mujeres somos minoría en los máximos puestos de representación.

Debemos generar cambios. Nuestro Estado asumió compromisos internacionalmente y para respetar lo planteado por la Carta Magna, debemos seguir bregando con la idea de ganar derechos: por una paridad entre hombre y mujeres. Para lograr un 50 y 50 en la representación he presentado un proyecto de ley para lograr esta participación igualitaria en los cargos electivos y ejecutivos. La población de nuestro país está compuesta por mujeres y hombres, pero las mujeres somos más del 50% y deberíamos tener una representación acorde con esta situación”.